El capitán de la Rural se ratificó en el atestado y los otros agentes no declaran

El Juzgado de Instrucción número 6 acogió ayer las declaraciones del primer grupo de 16 guardias civiles que hasta el próximo martes tendrán que prestar declaración en calidad de imputados por los sucesos ocurridos el 6-F.

Ayer, desde las 9.00 horas, estaban llamados a declarar el capitán de la Compañía Rural y tres agentes ajenos a la Comandancia de Ceuta. Solo el primero lo hizo, sometiéndose no solo al proceso judicial sino también a sus goteras. Un fallo informático hizo que una hora después de estar declarando se dieran cuenta que parte de sus manifestaciones no se estaban grabando bien, por lo que tuvo que repetirse todo el proceso de nuevo, con receso incluido y cambio de sala.
Un error que no es nuevo en los juzgados pero que ayer cobró el protagonismo mediático que en otras ocasiones ha faltado. El capitán de la Rural que estaba el frente del operativo aquella mañana del 6 de febrero en la que murieron 15 subsaharianos intentando entrar en Ceuta en avalancha, tuvo que volver a repetir las mismas respuestas a las mismas preguntas formuladas. En su caso quisó declarar a lo formulado por el Ministerio Fiscal, por la jueza de instrucción y por su Defensa. Se negó, acogiéndose a su derecho, a responder a las preguntas formuladas por los letrados de las asociaciones que se han personado como Acusación Popular.
La decisión del capitán no fue en cambio secundada por los otros tres guardias civiles citados ayer, que se acogieron a su derecho a no declarar remitiéndose a lo ya recogido en el atestado que fue presentado el pasado noviembre, a petición de la jueza, y que fue realizado por un componente de la Policía Judicial.
Así comenzaba una jornada nada habitual a las puertas del Palacio de Justicia. Desde las 8.00 horas cámaras de televisión, fotógrafos y medios escritos y radiofónicos se iban apostando a su entrada esperando el momento para captar imágenes de los agentes u obtener algún dato sobre lo que se estaba declarando primero en la Sala de Vistas y, después, en otra destinada a Menores, tras el fallo informático detectado.
El secretismo había marcado esta fase más mediática de la instrucción. Secretismo porque no está gustando en el entorno judicial la difusión de determinadas informaciones internas y, sobre todo, la celeridad con la que están siendo publicadas, incluso antes de que las partes o los afectados tengan conocimiento.
Nada más acceder los abogados a la Sala, se ordenó la retirada de cualquier teléfono móvil y se instó a que las declaraciones que iban a producirse y las que se irán produciendo en próximos días, no fueran trasladadas más allá del círculo judicial.
Tampoco es que hubiera novedad importante que conocer. De los tres guardias civiles que optaron por no declarar, su testifical queda recogida en el atestado. En el caso del capitán, foco de la atención mediática principal, también se remitió al contenido del atestado insistiendo en lo que ya se sabe: que no dispararon a los inmigrantes sino al agua y que las devoluciones se hicieron de la misma forma que se han hecho siempre, "desde hace años".
Asumió, eso sí, ser el mando en aquel momento, porque aunque los pasos que debían darse eran los de avisar al COS para que la Central de Operación dé parte al superior, en ese fatídico 6-F no hubo ni tiempo siquiera de realizar esas llamadas, así que asumió la responsabilidad a la hora de proceder con los inmigrantes como queda establecido en el protocolo seguido ante cualquier intervención de masas.
Respondió a las preguntas sobre el procedimiento seguido y sobre cómo actuó, efectuando un primer lanzamiento de pelotas de goma para dar ejemplo a los demás agentes de cómo tenían que actuar (con dos tiros largos para delimitar la línea que debían seguir los subsaharianos y nunca para disparar contra ellos) ante una entrada que pilló por sorpresa a los agentes que estaban destinados aquella madrugada en la frontera.
Y les pilló por sorpresa porque nunca pensaron que el recorrido que iban a seguir los subsaharianos iba ser el de acudir hacia el espigón para arrojarse al mar en avalancha, lo que provocó que la forma de reacción de los escasos agentes que estaban esperando el salto por el Biutz fuera siempre por detrás de los inmigrantes.
En sus declaraciones más allá de las contenidas en el atestado, el capitán de la Compañía Rural evitó emplear el término "devolución", echando mano del de "rechazo" para definir la actuación que se llevó a cabo con los 23 subsaharianos que sí consiguieron llegar hasta la arena del Tarajal. "Siempre se ha hecho así", sin considerar que esa acción fuera ilegal puesto que, siguiendo el protocolo establecido, nunca se consideró que aquellos inmigrantes hubieran llegado a territorio español, por lo que no era necesario ponerlos a disposición del CNP ni aplicarles la Ley de Extranjería.
Aunque el mando de la Benemérita no quiso responder a las declaraciones de la Acusación Popular, sí que los distintos letrados de las oenegés personadas quisieron hacer constar las preguntas que hubieran querido que fueran contestadas. La jueza les permitió dar lectura a las mismas para que constaran judicialmente. Entre éstas se encontraban, por ejemplo, una relativa al lugar en el que sucedieron los hechos (por el debate sobre la españolidad de las actuaciones) y otras sobre por qué no se llamó a Cruz Roja o a Salvamento Marítimo desde el primer momento o por qué se arrojaron botes de humo.

Los medios tomaron el Palacio de Justicia

Distintos medios de comunicación tomaron de forma gradual y desde primera hora de la mañana las inmediaciones del Palacio de Justicia para tomar imágenes de los agentes que iban llegando a sede judicial para prestar declaración. Conforme pasaba la mañana iban agolpándose más medios, no solo locales sino también de ámbito nacional. La nota del día la puso la suspensión de la declaración por un problema informático que obligó a tener que repetir todo.