El caos de la frontera estalla de nuevo ante el CEIP ‘Príncipe Felipe’

La ‘condena’ de la comunidad educativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Príncipe Felipe’ es larga. Regularmente desde hace más de un lustro, los progenitores de sus alumnos acaban hartándose, tomando la calle y amenazando con dejar de llevar a los niños a clase. Pasó en diciembre de 2006. Volvió a ocurrir doce meses después. Se repitió en septiembre de 2009. Y sucedió de nuevo ayer. A las 8.45 horas, decenas de padres y madres se plantaron en el paso de cebra que cruza la carretera que se encuentra en la misma puerta del centro y no dejaron pasar más vehículos al grito de “¡Derechos de los niños!” y “¡Delegado del Gobierno, da la cara por tu pueblo!”. El motivo, como en años anteriores, el incesante trasiego de porteadores por la puerta del colegio, que durante los últimos días ha obligado a llevar a dos pequeños a Urgencias tras sufrir heridas por choques fortuitos con los transfronterizos o sus voluminosos bultos.
Lo más llamativo de la movilización de ayer fue, no obstante, que decenas de porteadores, en su inmensa mayoría mujeres, se fueron sumando a la protesta espontánea y solidariamente. Las marroquíes están tan hartas como los ceutíes de deambular cargadas como mulas del Biutz al Tarajal y viceversa, un círculo vicioso incesante que se mantiene “desde hace un mes” debido a los cierres puntuales de los pasos fronterizos, los “constantes” cambios de criterio en la ordenación del tránsito de porteadores, el cierre de los pasos alternativos que sofocaron el problema durante el curso pasado (para facilitar la ejecución de obras en el Tarajal) y el pago ineludible de mordidas, según la versión unánime de todos los concentrados.
Padres y madres de alumnos se esforzaron por dejar bien claro al periodista que no tienen “ningún problema directo con los porteadores, que mantienen en buena medida la economía de la ciudad y sólo quieren trabajar para ganarse el pan sin someterse a chantajes”.
Igualmente, tienen en alta estima el trabajo que la Guardia Civil, la Policía Local y su Unidad de Intervención Rápida (UIR) hacen para intentar ordenar el trasiego de transfronterizos, “evitar que los coches crucen ante el colegio a toda velocidad” y prevenir que cualquier día haya “una desgracia mayor, menor o una desaparición”.
Su voz clama contra la Administración General del Estado, a la que consideran “responsable de la ordenación del tránsito por la frontera”.
“Llevamos muchos años escuchando que la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma estudian y acuerdan soluciones para resolver el problema de las aglomeraciones permanentes ante el colegio y ni siquiera han sido capaces de ordenar el tránsito para que, al menos en las franjas horarias de entrada y salida de clase, no haya este conflicto”, alegan desde la comunidad educativa de un centro que actualmente carece de Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) pero con cuyas reivindicaciones aseguró ayer sentirse “en plena sintonía” el presidente de la FAMPA, Mustafa Mohamed.
A pie de carretera la única autoridad, policías aparte, que se presentó ayer fue el presidente de la Junta de Personal Docente, Juan Luis Aróstegui, que instó a las familias a “seguir llevando  a los niños a clase sin cejar en sus justas reivindicaciones” y que acompañó a media docena de progenitores a su cita con las instituciones, momento en el que se disolvió la concentración.

Impedir los tumultos, prioridad

Representantes de la Delegación del Gobierno, la Consejería de Gobernación y las tres Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Local) mantuvieron ayer a última hora de la tarde una reunión en la sede de la institución de la Plaza de los Reyes para “definir claramente” los papeles que debe jugar cada una en el control del tránsito de porteadores ante el CEIP Príncipe Felipe.
Según detallaron asistentes al encuentro al término del mismo en declaraciones a este periódico, la Policía Local seguirá asumiendo el control del área que rodea el centro educativo para “impedir que haya el flujo conflictivo de personas, especialmente en los horarios de inicio y final de la actividad lectiva” y “erradicar los tumultos que preocupan tanto a la comunidad educativa como a las instituciones”.
Para contribuir al éxito del trabajo encargado a los policías locales, los nacionales y los guardias civiles que se encuentren de servicio en los polígonos y el paso del Tarajal establecerán “los correspondientes controles y circuitos alternativos para ordenar el tránsito de transfronterizos”.
Paralelamente y “a la mayor brevedad posible, que será de inmediato”, la Ciudad Autónoma se comprometió a construir un muro que cierre el paso que actualmente utilizan los porteadores desde la Carretera Nacional para, directamente y a través de unas escaleras, llegar hasta la misma puerta del centro educativo.
“La idea es eliminar ese itinerario tan sencillo, que conduce hasta la puerta del colegio y el paso de cebra que cruza el vial que transcurre en paralelo al centro, y que la Policía Nacional y la Guardia Civil se encarguen de regular el tráfico de transfronterizos por otros recorridos”, se precisó.
Este nuevo esquema de trabajo “en colaboración y coordinación” estará vigente al menos hasta que terminen las obras que abrirán un nuevo paso de porteadores.

Una nueva reunión en enero

Los responsables de la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma acordaron ayer, junto a los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, volver a verse las caras durante el próximo mes de enero, antes de que terminen las obras que está ejecutando el Estado en paralelo al paso fronterizo oficial para establecer una nueva vía de tránsito de porteadores que sustituya al Biutz, para volver a coordinar sus recursos con el nuevo esquema de flujos fronterizos que marcará la apertura de esa vía. Cambiar unas instalaciones tercermundistas por algo medianamente digno dentro de lo peculiar que, ya de por sí, es el tráfico de mercancías que alimentan a diario hombres y mujeres llegados de distintos puntos del norte marroquí es el objetivo que persigue el Gobierno central con las obras aprobadas y ya iniciadas.