El afán del Gobierno por desmantelar lo público

El Ministerio del Interior ha puesto ya fecha para comenzar a privatizar la seguridad de los ciudadanos. A partir de octubre entraran en las prisiones a hacer el trabajo de los guardias civiles las empresas privadas de seguridad.
Desde que AUGC tuvo conocimiento de la intención del Ministerio de acometer esta privatización la Organización ha dejado muy clara su total oposición a esta medida, no sólo porque supone un primer paso para comenzar a desmantelar la “seguridad pública”, sino porque se está haciendo sin afrontar los verdaderos problemas que afectan a este servicio esencial para el desarrollo de los derechos y libertades de todos los ciudadanos españoles. Para AUGC se acomete una privatización cuando antes habría que haberse planteado un nuevo modelo policial que supere el patrón arcaico con el que contamos en la actualidad. Un modelo altamente costoso, con duplicidad de unidades y en el que ni si quiera se ha logrado la plena colaboración entre los dos cuerpos que conforman las Fuerzas de Seguridad del Estado: Policía y Guardia Civil. Por lo que AUGC considera prioritario afrontar ese nuevo modelo policial en el que se contemple la unificación de ambos cuerpos, ya que se abaratarían costes y además se mejoraría la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.
Da la sensación de que este gobierno y este ministerio del Interior han vuelto a recuperar la famosa premisa del que fuera delegado del gobierno en Madrid, Francisco Ansuátegui, que pasará a los anales políticos por su frase “quien quiera seguridad que la pague”. AUGC no va a aceptar que se juegue con la seguridad de todos los ciudadanos, que son además los que la pagan con sus impuestos. Y espera que esta privatización no sea el primer paso hacia una privatización a gran escala de la seguridad ciudadana, porque para AUGC con la seguridad de los españoles ni se hace política ni se juega.   
AUGC denuncia también que esta privatización de la seguridad en las cárceles se está llevando a cabo sin ningún tipo de consideración hacia los trabajadores –los guardias civiles-, a los que a día de hoy, no se les ha notificado de manera oficial ningún tipo de información sobre esta reforma, de la que son actores principales. Pero además pretenden ponerla en marcha en el mes de octubre cuando el nuevo curso escolar ya ha comenzado. Esto supondrá, además de un grave perjuicio laboral para los agentes, una  total falta de respeto y consideración hacia sus familias, a las que les podría suponer hasta un cambio de domicilio. Además, con esta decisión la Dirección General de la Guardia Civil, más concretamente del DAO, se va a faltar a la palabra dada a las asociaciones profesionales, a las que se aseguro que el proceso de privatización se haría con el menor perjuicio a los agentes y sus familias.
El Gobierno insiste en que el motivo principal es no dejar sin trabajo a los escoltas privados que han realizado sus labores en el País Vasco y Navarra,  pero con esa misma premisa deberían crear un puesto de trabajo para cada uno de los ciudadanos que han perdido el empleo en España. Nadie puede dudar de la valía de estos trabajadores, pero sospechamos que existen otros intereses más poderosos para intentar crear este nuevo modelo de servicio de seguridad en las prisiones.
Resulta altamente sospechoso que en una situación de crisis se pretenda incrementar los efectivos en las prisiones, porque desde la Dirección General del Cuerpo siempre se ha mantenido que en ningún momento se tocara la plantilla de guardias civiles destinados en los Centros Penitenciarios y, por lo tantos, los costes de seguridad serian más elevados.
Desde AUGC esperamos que los generales no vuelvan a defraudarnos y en su afán de seguir manteniendo sus privilegios se plieguen a la voluntad de los políticos sin importarles la situación en la que quedaran miles de guardias civiles y sus familias.