EH-Bildu pregunta por qué se devuelven migrantes pese al criterio del Consejo de Europa

• El senador Iñarritu recuerda al Ejecutivo de Rajoy que el Consejo de Europa es contrario a los ‘rechazos’ a Marruecos

El senador vasco Jon Iñarritu, ex diputado de EH-Bildu en el Congreso y ahora en la Cámara Alta por designación del Parlamento autonómico, presentó ayer una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Interior para saber “qué opinión le merecen” al Gobierno de Rajoy “las recomendaciones del Defensor del Pueblo” y las solicitudes del Consejo de Europa “sobre la no entrega a las Fuerzas marroquíes de personas inmigrantes que han ingresado en territorio español habida cuenta de los malos tratos que estas infligen a las personas devueltas”.

Después de que la Delegación del Gobierno reconociese que durante la madrugada y mañana de Año Nuevo se mandó de nuevo a territorio del país vecino a 104 migrantes de origen subsahariano que habían conseguido encaramarse a la valla de Ceuta, Iñarritu ha reclamado “cuál fue el cronograma de los hechos acaecidos en la ciudad el pasado 1 de enero”, “cuántas personas accedieron a la zona perimetral de la valla” y detalles sobre “cuántas personas entraron en territorio español, de qué nacionalidad eran, qué edad tenían y cuántas fueron expulsadas de manera sumaria, sin cumplir la normativa vigente”.

Ahí parece radicar una de las grandes diferencias entre el PP y Bildu. Mientras los primeros dan la impresión de considerar legal el ‘rechazo’ sin más trámite, para la formación vasca la Ley establece que “en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”.

“¿Cómo entiende y aplica el Gobierno el punto dos de la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 4/200 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España?”, interpela Iñarritu, que también quiere saber “cuál es la razón por la que el Gobierno no está aplicando todas estas recomendaciones poniendo con ello de manifiesto una práctica de vulneración sistemática de derechos fundamentales”.