La misión de educar es conseguir que la persona tenga poder para, con los apoyos necesarios, construir, desplegar y defender su proyecto vital en contextos de convivencia justos contribuyendo a la riqueza humana y contribuyendo a la transformación hacia una sociedad de excelencia moral”. Así definió Plena inclusión la misión de educar en el encuentro celebrado en Córdoba en 2009 para debatir sobre la educación que queremos.
Plena inclusión defiende esta misión para todo el alumnado, tenga o no necesidades de apoyo. Por lo tanto, es coherente con este planteamiento la defensa de un currículo orientado a la calidad de vida en el seno de una sociedad inclusiva. La educación inclusiva no depende meramente del contexto físico donde se lleve a cabo, sino de la cultura/valores, las políticas y las prácticas que la integren.
Una educación que no cuente con apoyos para el alumnado que los requiera no podrá ser una educación inclusiva. Estos apoyos educativos deben orientarse al bienestar de todo su alumnado, a su fortalecimiento para avanzar en sus proyectos de vida. Además, deben configurarse como un sistema integral de apoyos estructurales de la comunidad educativa, y actuar como sistemas preventivos y no solo como sistemas reactivos a las necesidades concretas.
Dichos apoyos deben estar orientados por valores de justicia y solidaridad, de competencia profesional y ética profesional. Igualmente, deben promover la colaboración en igualdad con todos los agentes educativos, cuidando especialmente una colaboración en igualdad con la familia, y fortaleciendo el papel protagonista de esta en todas las cuestiones que atañen a la educación de sus hijos. Por último, estos apoyos educativos han de formar parte de la vida de la comunidad educativa en su día a día y no ser considerados mero territorio de ‘especialistas en sus despachos’.
La educación es inclusiva cuando construye entornos y comunidades inclusivas. Esta debe contar con los apoyos precisos para el alumnado que lo requiera y allí donde lo requiera (dando importancia a que el alumno se desarrolle en su comunidad de origen, próxima al domicilio familiar, al centro de salud…), de forma que asegure el avance en su bienestar personal y en la construcción de su proyecto de vida.
Plena inclusión cuenta con un posicionamiento ante el Pacto de Estado sobre una educación inclusiva “que no deje a nadie atrás”, en el que recoge todos estos argumentos.
La educación inclusiva fue el motivo por el que unas 500 personas de todo el país se reunieron la pasada semana en Toledo. En este Encuentro Estatal de Educación Inclusiva, Álvaro Marchesi, catedrático emérito de la Universidad Complutense y voz autorizada y reconocida en el mundo educativo, manifestó que “extender un Plan Nacional de Educación Inclusiva, a 13 años, costaría 3.000 millones de euros. Y eso no es dinero para un Gobierno”.
La educación inclusiva nos compete a toda la sociedad y ha de servir a la construcción de una sociedad más justa y cohesionada. Y todos vamos a recoger los frutos de una sociedad así, porque todos formamos parte de ella.