La Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE) ha recurrido ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla
el Programa de Gratuidad de Libros de Texto para Educación Infantil, Primaria y Especial en el curso 2019-2020 aprobado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad el pasado 24 de mayo.
Según han explicado fuentes de ANELE, los fundamentos jurídicos de su recurso denuncian que la Administración autonómica “carece de competencias” para poner en marcha un programa de esa naturaleza, algo que en cualquier caso correspondería al Ministerio de Educación”.
También critica que la Ciudad “omitió el trámite de audiencia previa” y que el proyecto debería articularse como “un procedimiento abierto, público, transparente y no discriminatorio”, requisitos que a su juicio no se han cumplido.
No obstante, la iniciativa jurídica de los editores de libros de texto “no reclama la devolución de las ayudas o los materiales entregados al alumnado y sus familias” sino “que el programa no se repita en las condiciones en las que se aprobó este año, sino que se ajuste a la normativa legal vigente”.
El Programa aprobado para este curso establece que en Educación Infantil y Primaria es beneficiario “todo el alumnado matriculado” en centros públicos y privados “salvo que expresamente renuncien a su participación”.
El proyecto está financiado con una partida de 1,2 millones de euros que se reparten en cheques-libro por valor de 95 euros para cada estudiante de Infantil (cubre el método globalizado y, en su caso, material complementario), de 140 euros en primero y segundo de Primaria y de 160 de tercero a sexto para sufragar la adquisición de al menos los libros de “las asignaturas troncales”.
Normativas “a espaldas” de la comunidad escolar
ANELE lleva años denunciando y judicializando que “los programas de gratuidad o de ayudas para la adquisición de los libros de texto, cada año se producen cambios o nuevos planteamientos peculiares en cada Comunidad Autónoma que, en muchos casos, se hacen de espaldas a la comunidad escolar, lo que genera contestación en padres, profesores y, además, ponen en riesgo al sector del libro (librerías, distribuidores y editoriales)”.
Reintegro en Castilla y León, rechazo al recurso en Murcia
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado este verano el recurso de ANELE contra el Programa de gratuidad de libros de texto de esa región y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación. Además, ha ordenado la nulidad de las disposiciones relacionadas “por su disconformidad con el ordenamiento jurídico” y la obligación para la Consejería de Educación como entidad concedente de “iniciar los trámites para obtener el reintegro de las concedidas a efectos de restablecer la legalidad conculcada”.
La Justicia consideró “evidente” que existía un “daño a los intereses del sector editorial” no sólo por “establecerse la gratuidad de los materiales que editan” sino también por “crear los bancos de libros, con las evidentes repercusiones económicas que ello produce al no poder o limitar comercializar libros de textos en esta Comunidad tras el nuevo modelo de banco de libros de préstamo o reutilización, y sin siquiera prever la necesaria autorización de los legítimos titulares de los derechos de autor de las obras y una remuneración adecuada”.
El Tribunal Superior de Murcia, sin embargo, ha entendido que el programa de su comunidad “no fija precios de libros” y que cumple “un fin social” para facilitar la enseñanza básica “obligatoria y gratuita”.