La maldición de los billetes de 100, 200 y 500 ha creado tanto en Ceuta como en Mellila una restricción económica sin precedentes. Una situación que llegó tras una decisión fantasma ejecutada por las entidades bancarias más importantes y que en los últimos meses está ahogando a la economía local. Las cajas ubicadas en ambas ciudades dejaron de aceptar estos billetes de cantidades elevadas, una medida que comenzó aplicándose a grandes empresas pero que rápidamente se extendió al pequeño comercio.
La preocupación de la Confederación de Empresarios (CECE) quedó manifiesta desde los inicios y ha dejado reiterados encuentros con la Delegación del Gobierno en vistas de poder alcanzar una solución. Así, le han hecho llegar un informe en el que se especifica y se hace especial hincapié en la casuística que se produce en el comercio de la ciudad. Dicho documento ha sido elevado desde la máxima representación del Gobierno en la Ciudad a la secretaria de estado de Comercio, Xiana Méndez, quien se ha comprometido a estudiarlo.
La Confederación se muestra cada vez más preocupada, ha transcurrido casi medio año y la situación sigue bloqueada y “sin un motivo claro, ni información por escrito de ningún tipo, ni por cajeros ni por mostrador”, inciden. Por este motivo, la CECE ha solicitado trasladar esta problemática a nivel nacional, “donde corresponda”.
Indicen en que muchos negocios dependen del turismo marroquí que siempre paga en cash
La medida está terminando de ahogar a la enferma economía local
En este sentido, la patronal ha detallado en dicho informe que la “peculiaridad” de los negocios de Ceuta implica que muchos dependan del turismo o del hecho fronterizo. Muchas de las personas que sortean la frontera emplean efectivo para realizar sus compras. Por eso la CECE entiende que los bancos no acepten estos billetes implica una gravedad “incomprendida” tanto por los comerciantes como por los propios empleados de la banca.
Aunque los bancos están obligados por ley a prevenir riesgos. “La única exigencia legal es la de prevenir riesgos”, especificaban el pasado verano desde el Ministerio de Economía, dejando así toda la responsabilidad sobre la banca. La patronal recuerda al respecto que estos billetes son de curso legal y son aceptados en cualquier otro punto del país, a excepción de Melilla. Sin embargo se presentan una serie de exigencias legales a las que se acogen las entidades bancarias para llevar la medida a efecto, como la obligatoriedad de identificar al cliente con un documento de identidad cuando realice un ingreso de cantidades elevadas, así como la de actuar de forma preventiva si perciben evidencias de que se pueda producir algún tipo de ilegalidad.
La situación a la que hace frente el comercio local desde el pasado verano se ha convertido en un cerco que está terminando de adolecer a la enferma economía local. La CECE intenta encontrar una solución inmediata a toda costa e insisten en que esta decisión viola los principios jurídicos esenciales, como son la libre circulación de capitales y personas, principios que protegen a su vez la libre circulación de medios de pago. Una medida que vulnera, no solo derechos básicos y universales como son el derecho a la Igualada, sino de modo específico normativas europeas sobre medidas para impedir el bloque geográfico injustificado.
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