Dura lex, sed lex, por Antonio Guerra Caballero

La expresión latina “Dura lex, sed lex” (dura es la ley, pero es ley) procede del Derecho Romano. Y ese es el concepto jurídico que hace ya más de dos mil años los romanos imprimieron a las leyes, para que se aplicaran con fuerza de obligar a todos por igual

Pues con ese título de este artículo lo que pretendo es resaltar, por un lado, la importancia, la seriedad, el rigor y la supremacía que desde la antigüedad se confiere a la ley, siendo desde entonces generalmente obedecida por todos.

Cumplir en sus propios términos la ley y las sentencias firmes viene a ser desde aquella época la columna vertebral sobre la que se asientan la libertad y la democracia en un Estado democrático y de Derecho. No hay tal democracia allí donde la ley y las sentencias no se cumplen.

Sin embargo, los separatistas la vulneran de forma escandalosa. Se saltan a la torera la Constitución, las leyes, su propio Estatuto de Autonomía y las sentencias de los Tribunales. Se burlan sistemáticamente de la ley y quieren a toda costa sustraerse a la acción de la Justicia, incluso retorciéndolas a su antojo y según les venga en gana.

Ellos están siempre por encima del bien y del mal, a pesar de los presuntos delitos tan gravísimos que cometieron, con premeditación, alevosía y a sabiendas de que sus conductas eran delictivas, pretendiendo con violencia sustituir la legalidad constitucional por la ilegalidad más espuria, como es segregar de España una parte de su territorio, intentando por todos los medios romper la Nación española y el propio Estado para crear su estado propio sirviéndose de los medios que el mismo Estado pone en sus manos.

Algo así como la peor traición que se puede cometer contra el Estado del que forman parte. Eso jamás ocurre en países democráticos. Y luego hay que ver cómo siendo ellos los que han cometido delitos tan graves, los que se saltan las leyes de forma tan flagrante, desobedecen constantemente a los Tribunales, atacan las instituciones del Estado, luego, se las ingenian para dar la apariencia de que los buenos de la película son ellos y los demás los malos, a base de hacer victimismo con mentiras, enredos y patrañas para suplantar la verdad y hacer creer que todos sus males les vienen de la malvada España, del Estado opresor que les oprime, que les discrimina, les roba, les expolia, les impide votar y conculca sus derechos. Son asombrosas su hipocresía, sus artimañas para engañar, sus trampas, tretas, y forma de inventarse todo lo que es pura falacia.

En eso, hay que reconocerles que no hay quien les gane. Y ya son más que notorios y conocidos los últimos acontecimientos. El procesamiento de 25 líderes más significativos y el encarcelamiento provisional de los 5 cabecillas más destacados sobre los que el Magistrado Llarena ha decretado su ingreso en prisión sin fianza.

Y, por otro lado, tenemos la captura y posterior encarcelamiento provisional en Alemania del rey de los prófugos, Puigdemont, que llegó a Finlandia travestido de mártir y “preso político” a pesar de su condición de fugitivo compulsivo.

Con ello parece haberse puesto fin a la vergüenza que para nuestro país representaban la serie de desafíos, retos, pulsos y órdagos que, junto con los suyos, han echado al Estado de Derecho. Pero está visto que quien mal anda, mal acaba.

Se creía él más listo que todos los demás, a los que nos tenía por tontos. Se ha hartado de ir por Europa riéndose del Estado y de la Justicia, urdiendo conspiraciones y paseando sus propias mentiras que hasta él mismo termina creyéndose, causando los peores perjuicios a España y arruinando a Cataluña. Pero está visto que se puede estar mucho tiempo engañando a mucha gente, pero no todo el tiempo engañando a toda la gente, porque al final termina imponiéndose la “Dura lex, pero sed lex”.

Por si fuera poco, la que ahora está armando el nuevo President del Parlament, Roger Torrent, que se permite convocar otro pleno, tras resultar fallido los de la elección de Jordi Sánchez y Turull, con el único objetivo de dar un mitin independentista erigiéndose en cabeza visible del separatismo con el único orden del día de atacar a la Justicia y al Estado, alentando a los llamados “comités de defensa de la república” a manifestarse por sus derechos, cuya inmediata consecuencia del llamamiento ha sido incendiar las calles, el corte de autopistas y otras vías mediante actos violentos y de obstrucción del funcionamiento de los distintos servicios esenciales, lanzando objetos contundentes contra los Mossos, botes de humo, piedras, quema de contenedores y vehículos, disolventes, disparos de fogueo al aire, numerosos policías y activistas heridos y, en general, kale borrokizando Cataluña; todo ello, pese al movimiento “pacífico” e inofensivo que decían que los independentistas formaban.

Hasta los Mossos han tenido que pedirle que haga llamamientos a la calma y ponga orden, que él mismo provocó, impulsando un “frente común independentista”.

Torrent, tras su toma de posesión, sus primeras palabras fueron que había nacido una nueva etapa y que defendería por igual a todos los diputados. Pero, apenas ha empezado su legislatura y ya sabemos que difícilmente se puede encontrar otro presidente de un Parlamento tan sectario, tan parcial, tan injusto y tan ayuno en cuestiones de su competencia.

Así únicamente se explica que el partido ganador de las elecciones desde hace tres semanas le tenga pedido un pleno para debatir cuestiones de legalidad, y todavía ni siquiera le haya contestado.

Sin embargo, llegan los independentista – los suyos – y le solicitan debatir sobre los “sacrosantos” derechos de Puigdemont y los otros dos candidatos, más la petición de libertad para los “presos políticos”, y se lo concede ipso facto de un día para otro. Miren hasta qué extremos llegan su ceguera fanática, su fundamentalismo, su arrogancia, su soberbia, su irredentismo supremo, y… ¿por qué no decirlo?, también su supina ignorancia institucional, que al ínclito Torrent no se le ocurre otra necedad más grande que la de aseverar en el Parlament que “ningún juez tienen legitimidad para poder perseguir al president Puigdemont”.

Y acto seguido va y convoca un Pleno instando al Parlament a que apruebe una resolución independentista que proclame que Puigdemont, Jordi Sánchez y Turull, tienen derecho a ser presidente.

Y otra más, que el Parlamento declare que los que ellos llaman “presos políticos” sean puestos en libertad. O sea, que es el President que como responsable de la Institución parlamentaria está llamado ser imparcial, dirigir las deliberaciones y dirimir los conflictos con plena neutralidad, el que luego se erigen en juez supremos para poder decidir quiénes han de entrar y salir de la cárcel.

El pobre hombre se carga la separación de poderes de Montesquieu, y ni se entera. He leído con atención el Auto del procesamiento de los 25, dictado por Llarena, que modestamente creo es impecable. Técnicamente muy trabajado, con gran profesionalidad, redactado con mucha ponderación de juicio y recogiendo los cargos imputables a cada encausado de forma individualizada.

Es la mínima respuesta que la Ley y el Estado de Derecho obligan a dar a los facinerosos que tan irresponsablemente van por la vida. Y es que ningún Estado puede rendirse ni claudicar ante la contundente determinación de los golpista de romper, incluso violentamente, con España. Han preparado el golpe de estado a la luz del día, como si la Justicia tuviera los ojos vendados para no ver a quienes delinquen.

Cuando con la venda en los ojos y el fiel de su balanza la Justicia representa precisamente eso: hacer justicia, para que el que la haga con tantas artimañas torciteras, la pague, como cada uno religiosamente pagamos cuando cometemos una simple infracción.

La ley se aplica a todos, y nadie puede estar por encima de ella. Precisamente, uno de los razonamientos en que el Auto del Magistrado Llarena fundamenta su decisión, dice así: “Las convocatorias no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de la Guardía Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que habían sido detenidas y pedían a los catalanes que se movilizaran, alentándoles diciendo que no podrían con todos ellos o que las fuerzas del orden se habían equivocado y que habían declarado la guerra a los que querían votar.

A partir de esa incendiaría convocatoria, lo que aconteció quedó lejos de la pacífica actuación que formalmente se reclamaba en algunos pasajes (pgs. 42-43).

La movilización impidió que la Guardia Civil introdujera en el edificio a los detenidos o que pudiera atender la orden judicial con normalidad, además de impedir la entrada o salida de los agentes del edificio durante las muchas horas que duraron los incidentes. La muchedumbre rodeó los vehículos de la Guardía Civil, que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente.

Las armas que se encontraban en el interior de los coches policiales quedaron al albur del vandalismo desplegado. Sobrevino el lanzamiento de objetos contra los agentes y ni hubo un control policial de que la muchedumbre no invadiera el edificio en cualquier momento, ni tampoco era seguro que los integrantes de la comisión judicial salieran del edificio en esas condiciones (pgs. 43-44).

Durante esos acontecimientos que los dirigentes y sus organizaciones ejercieron el control de la situación y apelaron con reiteración a la movilización permanente en defensa de los detenidos.

Fue el Sr. Sánchez quien negó a la Guardia Civil que pudieran introducir a los detenidos en el edificio, salvo que los agentes de la comisión judicial asumieran conducirlos a pie entre la muchedumbre, impidiendo a los agentes que pudieran hacerse cargo de los vehículos policiales, si no se acercaban a pie hasta el lugar donde estaban estacionados (pgs. 44-45).

Como consecuencia de los enfrentamientos de ese día entre los ciudadanos movilizados y la Guardia Civil y Policía Nacional, varios agentes recibieron empujones, patadas (una de ellas "en la zona testicular"), puñetazos, lanzamientos de piedras, escupitajos e insultos en diversas poblaciones”.

El Auto añade a que “un agente sufrió la fractura de la falange de un dedo y otro una agresión en la frente con un juego de llaves (pgs.49-50). Los hechos violentos revelan "la voluntad de satisfacer los anhelos de independencia a cualquier trance" y tuvieron "una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma y del país" (pg. 52).

Se señala que los hechos entrañan un delito de "rebelión" (del artículo 472 5º y 7º del Código Penal), del que son reos quienes "se alzaren violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

"La muchedumbre actuó como una masa de fuerza que, además de destrozar los vehículos policiales, atacó bienes personales mediante el lanzamiento de objetos, o impidiendo que los acosados pudieran ejercer su libertad de acción y deambulación durante las largas horas que duró el asedio" (pg. 57) Impulsaron a todos ellos a que hicieran frente al amplio despliegue de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tenían la orden judicial de impedir la votación del 1-O y a que defendieran el recuento de la votación, supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente sucedió el día de la votación" (pgs. 57-58).

En resumen, Llarena sustancia en su Auto lo que millones de españoles presenciamos atónitos: Que los dirigentes de la Generalidad y del Parlament declaraban a independencia de Cataluña, alzándose contra España, contra la Constitución y contra la Ley. Pues, nuevamente afirmo: “Dura lex, pero sed lex.