Dos menas tutelados por la Ciudad, al Centro de Reforma por agresión

La Ciudad Autónoma considera fundamental cambiar la actual normativa de cara a la tutela que ejerce sobre los menores extranjeros no acompañados (menas).

La cuestión no es nueva, pero en el Consejo de Gobierno celebrado ayer se informó a los miembros del Ejecutivo de tres incidentes protagonizados en los últimos días por jóvenes que habían abandonado los centros de acogida que gestiona la administración local. En el caso de dos de los niños, la Justicia ha decidido que ingresen en las instalaciones para Menores Infractores, mientras que en el del tercero, la Ciudad deberá pagar una indemnización de unos 7.800 euros a un melillense.
En el caso de los tres menas sobre los que se informó ayer en el Consejo de Gobierno, todos ellos protagonizaron agresiones a ciudadanos. Dos de ellos ingresarán en breve en el Centro de Reforma, mientras que en el del tercero, la Ciudad Autónoma deberá abonar la citada indemnización al melillense que fue atacado.
Hay que recordar que la Consejería de Bienestar Social da por cesada la tutela de los menores 24 horas después de que abandonen los centros. La semana pasada, se rubricó un protocolo de atención a los menas que indica que las administraciones públicas deberá mantener la tutela hasta un periodo de seis meses. Así lo aseguró el consejero de Asuntos Sociales de Extremadura tras la reunión. Al día siguiente, la consejera de Bienestar Social de Melilla, María Antonia Garbín, negó que ese punto estuviera incluido en el protocolo.
Por otro lado, el Defensor del Menor de Andalucía señaló a El Faro hace tres semanas que las instituciones que se hacen cargo de la tutela de estos niños deben intentar localizarlos por todos los medios si se escapan de los centros. Asimismo, apuntaron que las autonomías no pueden desentenderse de los niños hasta que éstos cumplan la mayoría de edad.

Pequeño porcentaje
El portavoz del Gobierno autonómico, Daniel Conesa, detalló ayer a los medios de comunicación que este tipo de incidentes los protagonizan un pequeño porcentaje de los menas que abandonan los centros de la Ciudad. Asimismo, subrayó que la mayor parte de los jóvenes optan por permanecer en La Purísima, mientras que una minoría es la que decide escaparse para intentar colarse en los barcos que conectan con la península.
Conesa señaló que el Ejecutivo tuvo conocimiento de lo ocurrido por vía judicial, al ser la Ciudad Autónoma la que tiene la tutoría sobre estos jóvenes. “Son incidentes que, en el caso de haber sido protagonizados por mayores de edad, podrían haber conllevado penas de cárcel”, recalcó el portavoz, quien señaló que habían sido hechos “delictivos”.
Por ello, defendió que la Ley del Menor debe introducir cambios dirigidos a que la administración local pueda hacer frente a la situación. En este sentido, señaló que sería positivo contar con un régimen sancionador más férreo sobre los menas. “Hay niños que no quieren estar bajo la disciplina de los centros acogida. La tutela de la Ciudad debe asimilarse a la misma que hay en una familia normal y corriente. Una minoría de menores se escapan de La Purísima y permanecen en paradero desconocido durante semanas”, subrayó.
Así pues, insistió en la necesidad de articular una serie de herramientas legales para establecer “códigos y pautas” que permitan a la Ciudad Autónoma ejercer la tutela de estos niños de manera más estricta.
No es la primera vez que el Ejecutivo local reclama cambios en la Ley del Menor. El pasado mes de enero, el presidente autonómico, Juan José Imbroda, ya anunció que solicitaría al Gobierno central modificaciones en la actual normativa para que Melilla cuente con más medidas disciplinarias para controlar a los menas.
En este sentido, Imbroda señaló que estos jóvenes tienen muchos derechos y pocos deberes y puso como ejemplo que los niños no tienen horarios de entrada y salida de los centros de acogida, lo que provoca que puedan escaparse, permanecer varios días deambulando por las calles y luego regresar. Al igual como solicitó ayer Conesa, el presidente defendió que la tutela sea parecida a la que ejerce un padre sobre su hijo.