Los docentes interinos con 5 años de antigüedad podrán optar a plaza fija sin opositar

El Gobierno ha aprobado un real decreto por el que los docentes interinos con más de cinco años de antigüedad en la administración pública podrán acceder "de manera excepcional" a una plaza fija de funcionario mediante un "concurso de méritos", es decir, se valorará su experiencia y no necesitarán opositar. Una medida que generó un gran interés entre el colectivo en Ceuta, que venía demandando soluciones en este sentido.

El objetivo de esta norma, que deriva de la Ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad del empleo público aprobada el pasado 28 de diciembre, es disminuir la alta tasa de temporalidad en todas las administraciones públicas del Estado hasta el 8 por ciento.

En virtud de esta norma, que responde a un mandato de la UE, los docentes interinos de larga duración, es decir aquellos que están trabajando antes de 2016, no tendrán que hacer una oposición para acceder a una plaza pública, simplemente se valorará su antigüedad, la formación que tengan y sus publicaciones.

En concreto, podrán acceder a través de un "concurso de méritos", que solo se hará una vez en cada comunidad autónoma, desde la publicación de este real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 2024.

El real decreto establece también que los trabajadores interinos del sistema educativo que trabajan en la administración entre el 2017 y 2020 podrán conseguir la plaza fija a través de un "concurso-oposición", que estará en vigor hasta el 2024 incluido.

Una única prueba en dos partes

Para ello, se establece una única prueba, que se estructura en dos partes: una de conocimientos, en el que se deberá desarrollar un tema por escrito, y otra de aptitud pedagógica, con la presentación de una unidad didáctica. Las partes de la prueba no serán eliminatorias, aunque en su conjunto deberá aprobarse con un 5 sobre 10.

En este "concurso-oposición" se han mejorado los baremos de valoración de antigüedad para favorecer que este colectivo tengan más facilidad a la hora de lograr su plaza fija, según fuentes del Ministerio de Educación.

Los docentes sin experiencia, los que acaban de terminar el grado o el máster, podrán acceder también a plazas de reposición (las que corresponden a jubilados, fallecidos o a profesionales que abandonan la profesión) o las nuevas plazas.

Esta vía de acceso es una de las novedades que incluye el real decreto y que es consecuencia de una recomendación del Consejo de Estado, según han informado fuentes del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Es precisamente este departamento que dirige Pilar Alegría es el primero que desarrolla la Ley de la Administración Pública, ya que es, junto con el Ministerio de Sanidad, el que más trabajadores interinos tiene en la actualidad.

CSIF considera el nuevo modelo de ingreso otro fracaso del Ministerio de Educación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, critica el fracaso del Ministerio de Educación y Formación Profesional y su falta de liderazgo para ejercer su responsabilidad de reducir la tasa de interinidad por debajo del 8%.

El Real Decreto que hoy se ha aprobado, según el sindicato, amplía a tres los modelos de acceso a la función pública docente. Al concurso de méritos para acceder a las plazas estructurales de larga duración, se suman ahora dos tipos de concurso-oposición: el sistema transitorio para las plazas de reducción de interinidad y el sistema ordinario para las plazas de tasa de reposición.

"Este Real Decreto implica mayor inseguridad jurídica, si cabe. No se entiende que en el anterior proceso de reducción de temporalidad de 2017 y 2018 se adaptara el Real Decreto de acceso y fuera válido para todas las plazas ofertadas y ahora se diferencien las plazas que se cubrirán mediante dos procedimientos de concurso-oposición distintos". Para CSIF esto es una muestra más de la "mala gestión" por parte del Ministerio en la tramitación de dicho proyecto de Real Decreto. Además, la norma aprobada hoy "contradice las propias orientaciones que el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, ha publicado y que amparaba la posibilidad de conjuntar todas las plazas en el mismo proceso de concurso-oposición".

"La falta de liderazgo del Gobierno y el Ministerio de Educación, en algo que es de su competencia exclusiva, fomentará el caos en las diferentes administraciones educativas, teniendo que establecer tres procedimientos, con tribunales diferentes y procesos selectivos dispares. Por otro lado, se tienen que volver a estudiar todas las ofertas de empleo público, pues hasta ahora, solo se habían contabilizado las plazas necesarias para reducir la interinidad. Posteriormente las Consejerías de Educación deben determinar cuáles de ellas cumplen los criterios para ser ofertadas por concurso de méritos, tal y como mandata la Ley 20/2021 de reducción de interinidad".

Ahora también hay que diferenciar, para el sindicato, qué plazas son de reposición y a qué cuerpo y especialidad se dedican, lo que implicará una división de la oferta perjudicial para todos los aspirantes a la función pública docente.

Todo esto generará mayor inquietud a todos los opositores, con experiencia docente o no. Tendrán que elegir a qué procedimiento presentarse, con la incertidumbre de que su decisión será vital para su futuro laboral. Si las consejerías decidieran que estos procesos se ejecutaran en fechas diferentes, conllevaría también que todos los aspirantes se pudieran presentar a ambos procesos, disminuyendo más sus oportunidades. "Recordamos que la libre concurrencia es una condición inexcusable que establece la Constitución y, por ende, la ley de reducción de interinidad. A todo esto, se añade que, si el Ministerio no lidera la coordinación entre Comunidades Autónomas, el perjuicio creado a todos los interinos e interinas y nuevos aspirantes será muy grave".

Por eso, CSIF sigue reclamando la eliminación de la tasa de reposición, de manera que se cubran todas y cada una de las plazas que requiera el sistema educativo. Además, exigimos coordinación entre todas las administraciones para no perjudicar más a los aspirantes y velaremos por la seguridad jurídica de estos procesos en todos los ámbitos que nos corresponde, vigilando el estricto cumplimiento de la norma para que se reduzca la temporalidad en el sector público docente a 31 de diciembre de 2024, tal y como indica las directrices y exigencias de Europa. "El sistema educativo no puede seguir sufriendo tasas de temporalidad por encima del 20% por la negligencia de las administraciones educativas y la falta de capacidad del Ministerio de Educación en hacer cumplir la ley", ha concluido el comunicado.