“La evolución del ICD -Instituto Ceutí de Deportes- como organismo autónomo no es más que el paso a la madurez administrativa camino a la gestión directa, en este caso de la Consejería competente”. Así resumió hace ya casi nueve años la entonces consejera de Juventud, Deporte y Menores, Susana Román, las razones que justifican la propuesta que elevó al Pleno para proceder a la disolución de ese organismo, iniciativa que solo recibió el respaldo del PP, entonces con mayoría absoluta, aunque el Acuerdo Plenario nunca llegó a concretarse en la práctica.
Esta semana Caballas ha urgido al Gobierno local a retomarlo y ejecutarlo para, entre otras cosas, resolver los “problemas” de gestión que, tal y como asumió este viernes Carlos Rontomé, portavoz accidental del Gobierno de la Ciudad, ha ido acumulando.
“El organismo autónomo se ha transformado en auténtica administración, perdiendo totalmente su supuesta agilidad administrativa con una auténtica duplicidad de controles: presidente, Junta Rectora, secretario...”, advirtió Román en el debate parlamentario, en el que abogó por avanzar hacia “una gestión directa desde la Consejería competente en materia de Deportes”.
La consejera también defendió la disolución como una manera de ganar en “modernización y actualización del modelo deportivo” de la Ciudad.
La propuesta incluía “asumir al personal que integra la plantilla del Instituto Ceutí de Deportes” con una encomienda a la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos “para la realización de cuantos trámites resultasen necesarios para la efectiva integración del personal en la Ciudad Autónoma”, así como pasar la gestión de los servicios que desempeña a “medios propios” de la Administración “a través de la Consejería” competente.
Ahora, Caballas pide su disolución sobre todo después de que el Tribunal de Cuentas ha cifrado sus deudas no reflejadas en contabilidad en casi dos millones, explicando que el ICD es “un punto negro” en el Gobierno del “señor Vivas”.
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