En mi artículo Vivan las cadenas publicado en estas mismas páginas, explicaba que algunos partidos políticos se han puesto de acuerdo en la Mesa por la Economía, para pedir que opere una sola naviera entre Algeciras-Ceuta-Algeciras con lo que se eliminaría la libre competencia en las líneas marítimas del Estrecho, enlazando una sola empresa los dos puertos.
Una de esas formaciones políticas preconiza compañía municipal y otra preferiría alguna empresa privada que explote la concesión administrativa del servicio y realice sólo los viajes precisos para garantizar las conexiones.
Mi tesis es que esas posibilidades, además de ser perjudiciales para el consumidor, eliminarían la libre competencia que es una de las conquistas de la democracia occidental y, desde luego, exigencia de los tratados comunitarios. Por ello, serían contrarias a derecho ambas soluciones propuestas, ya que supondrían prohibir a cualquier empresa comunitaria prestar libremente un servicio como es el transporte de pasajeros dentro de la Unión Europea.
Así las cosas, mi buen amigo José Aureliano discrepa en su sección La Mano Invisible, argumentando que existe la posibilidad del Concurso Público, con lo que la competencia quedaría garantizada al concurrir al mismo todas las compañías interesadas y después los poderes públicos ejercerían el control, con lo que se ahorrarían costos, se reducirían precios y los usuarios estarían encantados.
Debo empezar diciendo que la discrepancia razonada es lo mejor que puede pasarle a un articulista, primero porque siempre se aprende algo del cruce de ideas y segundo porque demuestra que, al menos, alguien ha leído el trabajo aludido.
La réplica de Aureliano que considera mi razonamiento como nada más lejos de la realidad, parece descartar de entrada la naviera municipal y se decanta por la concesión administrativa, argumentando que ya existe este sistema, por ejemplo, para ambulancias o recogida de basuras. Así, el objeto concesional sería el transporte público a través del Estrecho de Gibraltar. Descartada por él mismo la naviera municipal, es preciso decir que los proponentes de la citada concesión administrativa no están totalmente de acuerdo con esa posibilidad, a tenor de las contundentes y razonadas declaraciones del diputado Francisco Márquez a El Faro de Ceuta el pasado 9 de septiembre, en las que se decantó por perfeccionar la libre competencia.
El asunto está claro cuando un Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o el propio Estado, tienen la responsabilidad de proporcionar un servicio público por el que cobran impuestos y, en vez de hacerlo a través de sus propios medios, conceden su explotación a una empresa privada, a la que retribuye por la prestación de ese servicio, con fondos procedentes de los impuestos que recauda de los ciudadanos. Pero, en el caso del Estrecho de Gibraltar, estamos hablando de una vía de comunicación entre dos continentes que es utilizada por ciudadanos comunitarios y de países terceros. No podemos, en mi opinión, sovietizar o estatalizar el Estrecho, ni imponer una organización del transporte de este tipo
Además, parece evidente que una concesión administrativa, una vez otorgada, se beneficia de un monopolio natural y ello choca con el concepto de libre competencia. Así, los tribunales están rechazando con frecuencia pliegos de condiciones concesionales por estimar que vulneran el principio de libre concurrencia. Y desde luego, la Comisión Nacional de la Competencia viene impugnando todos los concursos públicos que no están meridianamente claros. Nada diríamos de la recogida de basuras en Ceuta, que es un servicio que debe prestar cada municipio y paga por ello a la empresa que lo presta. Nadie se imagina a varias compañías pugnando por recoger las bolsas de un edificio sin tener suscrito un contrato con quien es el encargado último del pago del servicio, pero el Estrecho es una vía internacional para el tránsito y esencial en lo que se refiere al movimiento de pasaje y mercancías, nada menos que entre Europa y África.
Y no olvidemos Tánger. Este puerto es hegemónico en estos momentos y un fallo en Ceuta podría beneficiarlo inmediatamente. Hasta tal punto es importante dicho tráfico desde el punto de vista internacional, que existe hasta una comisión mixta hispano-marroquí para canalizarlo. Y los dos puertos deben ser complementarios para asegurar el éxito en la tan traída y llevada Operación Paso del Estrecho (OPE). Ya hemos visto este verano lo que ocurre cuando falla una de las dos patas del sistema. No puedo imaginarme a Tánger y Ceuta con sus servicios marítimos municipalizados o mediante concesión administrativa y la legislación española y comunitaria sobre competencia, mirando para otro lado.
Aparte de todo esto, hay dos respetables concepciones de la economía según las ideas políticas de cada uno y así lo comentaba mi admirado Adalberto en el artículo Derecha e izquierda. Un hombre de izquierdas tenderá a la empresa pública y, en último caso, a la concesión administrativa en la que, cuando surge algún conflicto laboral, se presiona a la Administración Pública que está detrás de la empresa concesionaria. Y el ciudadano liberal o el de derechas, defenderá por sistema la empresa privada porque cree que la libre competencia entre los participantes en un sector, provoca que las compañías intervinientes se esfuercen por prestar un mejor servicio a mejor precio, con el objetivo de superar al resto de sus competidores. Y existen excepciones como por ejemplo China que, siendo un país socialista, aplica el comunismo en lo político y la libre empresa en lo económico. O Ceuta que, contando con un gobierno conservador, dispone de un sector público sobredimensionado y está descubriendo últimamente las posibilidades de la empresa privada, aunque parece que sin creer mucho en ella.
Por último, una precisión basada en la experiencia. Ese control de los poderes públicos que se citan como garantía del buen funcionamiento de la concesión administrativa de la naviera única para el Estrecho, ha sido tradicionalmente inoperante en el caso de las comunicaciones en Ceuta. Ni se controlaron horarios, ni anulación de rotaciones, ni la legislación anti-tabaco en lo que se refiere a venta, ni los precios garantizados, ni bonificaciones de residentes y, lo que es peor, tampoco se controló debidamente el Contrato de Interés Público.
Pero quienes mejor han entendido este asunto fueron Vicente Álvarez y su magistral pavana o la web wikiceuta, ya que ambos pusieron su nota de humor en un asunto que es solo, en mi opinión, un canto de sirena.