Se han cumplido seis meses de la llegada a Ceuta de un millar de menores
marroquíes, que desbordó el sistema de acogida de la ciudad autónoma, y la directora general de Infancia, Violeta Assiego, reconoce en una entrevista que la situación es
"preocupante porque hay un elevado número de niños en las calles" como menores extranjeros no acompañados (
MENA). "Hay que tratar de gestionarlo", asegura la directora general de Infancia, cuyo departamento impulsa una estrategia para acordar "un mecanismo nacional de reparto" de los menores entre comunidades cuando se desborden los centros de acogida. "Esta propuesta tiene que ser consensuada en la conferencia sectorial y esperamos que en la próxima reunión se fijen los criterios objetivos para que cuando se den esas situaciones en Ceuta, Canarias, Baleares o Andalucía, lugares con mayores llegadas, se garantice una respuesta desde los derechos de la infancia y con criterios no solo de angustia", concluye en una extensa entrevista con Efe bajo el epígrafe 'Menores en Ceuta, demasiados en las calles'.
Más de un millar de niños menores de seis años viven en centros tutelados por las administraciones
Más de un millar de niños menores de seis años viven en centros
tutelados por las administraciones, cuando la ley establece que deben crecer en un entorno familiar que sustituya al que deberían haber tenido con unos padres que, por distintas circunstancias, no pueden atender a sus hijos. La ley de protección al menor de 2015 indica que todos los menores bajo el paraguas de las instituciones (y de forma "ineludible" los que tienen menos de seis años) deben crecer de forma prioritaria en un ambiente familiar para un adecuado desarrollo de su personalidad, aspecto en el que existe total consenso entre los psicólogos y pedagogos. En el Día Universal para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, la directora general de Infancia, Violeta Assiego, reconoce en una entrevista que le preocupa e "inquieta tremendamente" la situación actual. En España hay 537 niños con menos de tres años tutelados en centros residenciales y 640 de 4 a 6 años, según los últimos datos del Observatorio de la Infancia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Assiego explica que en algunos de estos casos hay circunstancias especiales que aconsejan esa convivencia en centros, como problemas de salud que requieran cuidados muy concretos, pero en el resto debería favorecerse un entorno familiar. Acoger a niños tan pequeños requiere de una "especial comprensión". Muchos de ellos cuentan con una familia biológica que no desaparece de su vida y eso a veces "crea un entramado muy complejo" que hace que no haya tantas familias que den ese paso.
"Ante cualquier situación de riesgo o de desamparo debe primar que el menor esté en una institución el menor tiempo posible y buscar soluciones familiares, pueden ser de acogimiento familiar, en algunos casos de adopción abierta cuando son bebes o el acogimiento en familia extensa (abuelos, tíos)". Los datos en España muestran que queda mucho camino por recorrer para conseguir entornos familiares a todos los niños tutelados. En 2020, 18.892 menores tutelados vivían en familias y 16.991 en centros. "Hay demasiados niños tutelados que pasan mucho tiempo en las instituciones y que cuando salen, la sociedad hacemos lo más cruel que podemos hacer, les criminalizamos; han tenido que entrar en un centro de protección porque su entorno familiar no se ha podido hacer cargo, es decir, que son ya víctimas de una situación familiar", destaca Assiego. "Cuando son mayores de edad y van a buscar un piso o un trabajo y dicen que han estado en un centro de protección se les trata como si hubieran cometido un delito, es tremendamente injusto", lamenta. El Gobierno trabaja con proyectos para prevenir esa institucionalización y que los centros sean lo más parecido posible a un hogar, medidas tanto para menores nacionales como para extranjeros que llegan solos a España. Es necesario que haya más familias dispuestas a acogerlos, ya que los datos reflejan un descenso de un 15 % en los ofrecimientos. "Desinstitucionalizar implica potenciar el ofrecimiento y hay comunidades que están trabajando el tema del acogimiento familiar con mucha fuerza, como Galicia o Andalucía; tenemos que hacer más sin duda", asevera.
El reto de hacer realidad una ley que rompe el silencio
La conmemoración de este día mundial se produce en España con la anhelada ley integral de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI) ya en vigor desde el pasado junio. Pero queda el reto de poner en marcha muchas de sus medidas para estrechar el cerco a la violencia infantil. "Urge hacerla realidad", han reclamado supervivientes, ONG y expertos en el acto institucional organizado esta semana para conmemorar la jornada. La conocida como "ley Rhodes" da más tiempo a las víctimas de abusos para que puedan denunciar -empezará a contar la prescripción de los delitos cuando la víctima tenga 35 años y no 18- y cualquier persona que conozca un caso deberá comunicarlo. Cuando los casos lleguen a los tribunales, los menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez y los profesionales en contacto con los menores recibirán formación, porque la ley tiene el objetivo de que se escuche y crea a los niños. El próximo curso todos los colegios ya tendrán un coordinador escolar. "Debe ser alguien integrado en los centros educativos, no es un servicio que se externalice; con un perfil muy accesible (...), que vele porque los protocolos se cumplan y se lleven a cabo". También se pone en marcha esa figura en los centros de ocio y deportivos, tanto para evitar posibles abusos a mujeres deportistas como a jóvenes participantes en competiciones de adultos. "Todo el mundo tiene mucho interés en que esta ley se implemente porque la violencia contra el infancia es terrible, debemos lograr que se visibilice, que se escuche a los niños y que se les crea, y luego dar esa atención integral lo más coordinada posible y una respuesta a ese daño para que la recuperación sea lo mejor posible, dentro de la huella que deja", indica. Sobre los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la iglesia y sus instituciones educativas, Assiego cree que en España, al igual que se ha hecho en Francia o Alemania, la Iglesia debería "dar el paso" de investigar y pedir perdón. "Es algo que la sociedad española y sobre todo las víctimas de esos abusos necesitan".