Sobre el diferente rasero aplicado a los procesos selectivos municipales

En los últimos días hemos podido leer en este medio diversos artículos de colaboración y noticias en los que se critica duramente el desarrollo del proceso selectivo para bombero, poniendo el foco en que varios aspirantes figuraron inicialmente como “no aptos” en el reconocimiento médico provisional y, tras un periodo prolongado de alegaciones y revisión, algunos de ellos han resultado finalmente “aptos”.

A raíz de estos hechos, incluso se han solicitado explicaciones públicas por parte de la oposición, presentando la situación como algo excepcional, preocupante o anómalo.

Sin embargo, resulta llamativo —y cuanto menos necesario— recordar que exactamente los mismos hechos se produjeron en la pasada oposición de Policía Local, sin que entonces se generara ni remotamente el mismo nivel de debate público, presión mediática o exigencia de responsabilidades.

En dicho proceso, entre la lista provisional y la definitiva del reconocimiento médico, ocho aspirantes pasaron de “no aptos” a “aptos”, y posteriormente, tras la resolución de un recurso de alzada, un noveno aspirante obtuvo también la calificación de apto. Estos datos no son interpretaciones ni opiniones, sino hechos públicos, oficiales y fácilmente comprobables a través de las resoluciones publicadas por la propia Administración.

La pregunta, por tanto, es inevitable:

¿Por qué un proceso selectivo despierta una intensa polémica política y mediática mientras otro, con hechos prácticamente idénticos y plenamente documentados, pasó casi desapercibido?

Pero la reflexión sobre la coherencia en materia de transparencia debería ir más allá. Si tan firme es el interés del partido político de la oposición por la limpieza y claridad de los procesos selectivos públicos, cabría esperar esa misma preocupación en todos ellos, y no solo en aquellos que, por el motivo que sea, generan mayor rentabilidad política o mediática.

Sirva como ejemplo que en un acuerdo plenario aprobado en 2024 se estableció que las oposiciones del grupo C se desarrollarían mediante pruebas tipo test. Sin embargo, en las bases de los últimos procesos convocados, las pruebas de ese mismo grupo han sido planteadas como exámenes a desarrollar, sin que hasta la fecha se haya suscitado un debate público ni exigencia política comparable.

Los procedimientos administrativos contemplan fases de alegaciones, revisiones médicas y recursos precisamente para corregir posibles errores, matizar diagnósticos o valorar nueva documentación. Que un aspirante cambie su calificación entre una lista provisional y otra definitiva no es una anomalía, sino una posibilidad expresamente prevista en la normativa.

La coherencia institucional y política exige aplicar el mismo nivel de exigencia, crítica y vigilancia a todos los procesos selectivos por igual, con independencia del cuerpo convocado o del contexto político del momento.

Lo contrario no contribuye a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sino a alimentar la percepción de que el debate público se mueve más por intereses coyunturales que por un compromiso real con la objetividad, la equidad y la transparencia.

Atentamente,

Un ceutí preocupado.