Educadoras sociales del área de menores denuncian las condiciones laborales a las que hacen frente desde hace diez años. Alrededor de treinta profesionales que forman parte de la bolsa de
trabajo, gestionada por la Administración Pública de Ceuta, han ido acumulando contratos temporales en diferentes centros de menores sin posibilidad de optar a una plaza fija. La razón de su queja viene acontecida por la suspensión de las contrataciones desde la citada bolsa desde hace un par de meses, algo que según apuntan, está hecho a conciencia por parte de la Ciudad tras haber recibido varias demandas por incumplir el estatuto de los trabajadores.
En el año 2010 se abrió una bolsa de trabajo para incluir a docentes y personal especializado para trabajar en los distintos centros de menores que posee Ceuta. Para acceder a ella, los interesados debieron reunir una serie de requisitos y superar varias evaluaciones además de realizar prácticas. “En principio nos dijeron que la bolsa era para un año y ya van casi diez”, cuenta una de las afectadas quien afirma que lo habitual es encadenar contratos cubriendo bajas de compañeros y vacaciones pero que este tipo de contratación se está empleando “para evitar hacer fijo a nadie más”.
“Desde hace dos meses que una compañera terminó el último contrato no nos han vuelto a llamar a ninguna, coincidiendo con las denuncias que hemos interpuesto”, relata una educadora.
Según el Estatuto de los Trabajadores, los contratos temporales no pueden superar los 24 meses de duración dentro de una horquilla de 30 meses, algo que varios trabajadores del área de menores afirman les ha ocurrido. En vista de ello, emprendieron acciones legales hacia la Administración. “En algunos casos se han concatenado más de 15 contratos de entre tres y seis meses de duración, procesos laborales que un juez ya determinó como fraudulentos”, asegura una de las abogadas del caso.
A este hecho se suma la sospecha de estos profesionales sobre el ascenso de categoría de los trabajadores tipificados como técnicos, quienes asumirían sus plazas “apartándolas” de sus opciones laborales “a pesar de no haber superado tantas pruebas como nosotras”, alega una de las educadoras sociales.
Otra de las modalidades de fraude de ley que miembros de este colectivo confirman haber sufrido es que la causa del contrato temporal no se ajuste a la realidad. Según explica una de las letradas del caso, “cuando los contratos temporales se gestionan con el fin de cubrir una o más plazas de manera permanente se está incumpliendo su finalidad, y es lo que ocurre aquí, se debería dotar a los centros de las plazas fijas necesarias”.
La mayoría de los miembros de la bolsa han interpuesto alguna demanda, todas relacionadas con la regulación laboral, contra la Administración, existiendo tres casos en los que la resolución falló a favor de los trabajadores y la consecuencia ha sido la adjudicación de una plaza fija para cada uno de ellos.
La reivindicación de este colectivo se basa en la regulación de sus puestos, esclarecer el estado de la bolsa de trabajo y abrir una convocatoria para las plazas fijas que los centros están demandando sin necesidad de cubrirlas con contratos temporales. “Muchas familias dependen de estos trabajos, nos sentimos engañadas y que están aprovechándose de nosotras”, expresan.