Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

El 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los y las socialistas recordamos a todas las personas trabajadoras que han fallecido o se han lesionado como consecuencia de la realización de su trabajo. Es un día de conmemoración en memoria de las víctimas, para trasladar nuestro apoyo y solidaridad a las familias de todos y todas aquellas trabajadoras que como consecuencia de unas condiciones de trabajo inseguras e insalubres han visto mermada su salud.

Ha pasado un año y unos meses desde el inicio de la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 en la que aún hoy estamos inmersos, y desde el PSOE queremos acordarnos de todas las personas fallecidas, de aquellas que han enfermado a causa de este virus que está asolando nuestro planeta y de las que se han contagiado en sus puestos de trabajo.

Y este 28 de abril pretende ser también un día de denuncia y reivindicación de unas mejores condiciones de trabajo y de seguridad y salud en los centros de trabajo, para evitar accidentes y enfermedades relacionadas con la actividad laboral. Por tanto, es una jornada en la que reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la salud y en la lucha por un empleo digno, seguro y saludable.

Cada diez segundos alguien muere a causa de procedimientos poco estrictos en el lugar de trabajo, según datos de la Confederación Sindical Internacional. Se producen más de 2,78 millones de muertes al año en el mundo por causas laborales. Además, la OIT estima que anualmente ocurren unos 374 millones de lesiones no mortales relacionadas con el trabajo.

Durante 2020 se produjeron en nuestro país 1.004.344 accidentes de trabajo, en los que 708 personas trabajadoras perdieron la vida. Cada día, 2.752 personas sufrieron un accidente laboral en España y 2 fallecieron como consecuencia de su trabajo. Se han notificado 9.858 casos de contagio por COVID-19, de los cuales 21 han sido mortales, 9811 leves y 26 graves, tan sólo en el sector sanitario/sociosanitario, ya que para el resto de personas trabajadoras no se contempla como tal.

En cuanto a las enfermedades profesionales, tan sólo se declararon en 2020 un total de 18.542, lo que confirma la falta de notificación y declaración de las mismas. Los cánceres de origen profesional, las enfermedades musculoesqueléticas o las patologías derivadas de los riesgos psicosociales, como el estrés, siguen sin tener un espacio claro en el ámbito preventivo. Ante esta situación es el momento de resaltar el papel fundamental de las políticas públicas. Urge incorporar en el debate político reflexiones sobre la necesidad de potenciar los servicios públicos y un sistema público de seguridad y salud. La mercantilización del mismo ha sido un error, lo venimos viendo a lo largo de estos años, y ha quedado patente en esta crisis.

Un sistema público cuyo objetivo sea la disminución de las cifras de siniestralidad, la mejora de los mecanismos de notificación y declaración sobre los daños a la salud ocasionados por el trabajo, y que apueste por un mayor reconocimiento de las enfermedades relacionadas en el trabajo, para, en definitiva, contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y vida. Porque realmente los daños a la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras se pueden y se deben prevenir.

Partiendo de los derechos constitucionales a la salud y al trabajo, y de todas las normas en el sector de la prevención de riesgos laborales que los desarrollan, estamos en el momento de hacer una pausa y reflexionar sobre la viabilidad del sistema preventivo y hacer nuevas propuestas de mejora que realmente se ajusten a la realidad, de manera que cuando esta crisis provocada por la pandemia haya terminado afrontemos nuevos retos. Los y las socialistas ya venimos anunciando que es necesaria la adaptación, modificación o, por qué no, una nueva normativa preventiva que potencie nuestro sistema de salud pública y por tanto de salud laboral, y para ello, tal y como planteamos en nuestro programa, urge la renovación y adecuación del marco normativo.

La necesidad de reforzar los servicios públicos ha quedado de manifiesto a lo largo de la pandemia; personal sanitario y de servicios esenciales han demostrado que el estado de bienestar está muy relacionado con la fortaleza de los mismos. Ahora, más que nunca, cobra gran importancia el desarrollo de políticas públicas equilibradas que inviertan en nuestros servicios públicos. Se trataría de incentivar una protección adecuada para todas las personas trabajadoras que ya sufrían las consecuencias de los riesgos laborales antes de la pandemia y que trabajaban en condiciones inaceptables, y ahora inmersos en la misma continúan padeciéndolos, incluso de forma más grave por la mayor desigualdad que se está generando y la mayor precariedad, producida por las nuevas formas de organizar el trabajo.

Durante esta situación también ha quedado clara la falta de protección para las personas trabajadoras, y de hecho también para los ciudadanos y ciudadanas que acceden a los lugares de trabajo. La evidencia recogida muestra que el virus se está propagando en el ámbito laboral, no sólo en entornos sanitarios o de cuidados, sino también en fábricas, almacenes, escuelas, oficinas, transporte y otros muchos sectores.

Es necesario que actualicemos el modelo preventivo después de más de 25 años de su aprobación. La crisis del coronavirus ha servido para comprobar que el actual sistema no ha sabido responder a urgencias o nuevos retos y enfermedades que están abordando el ámbito laboral. El modelo preventivo no ha actuado a tiempo ni en forma para proteger la salud de la población trabajadora que estaba expuesta en sus actividades profesionales al coronavirus, o la de aquellas personas que teletrabajaban en domicilios.

Apremia modificar el sistema preventivo para que el daño hecho por las reformas laborales, la precariedad e inseguridad laboral, por la crisis del coronavirus y la desigualdad que se ha creado se reduzcan. Hemos comprobado como la precariedad es sinónimo de siniestralidad laboral, de desigualdad, de pobreza. El impulso a un nuevo modelo de relaciones laborales que mejore las condiciones de trabajo de la población trabajadora es una prioridad.

Las nuevas formas de organizar el trabajo, como las plataformas digitales, el teletrabajo, y aquellas generadas por la introducción de las TIC y la automatización, la globalización que cada vez es mayor, el cambio climático junto con los importantes cambios que se están produciendo en las modalidades de empleo, están generando nuevos riesgos que influirán en la seguridad y salud de la población trabajadora. La aparición de nuevas profesiones conlleva la aparición de nuevos riesgos, a los que hay que añadir los riesgos ya reconocidos, que en muchos casos continúan desarrollándose y persistiendo.

La presión, el miedo a la inseguridad, los expedientes de regulación de empleo, los ajustes de plantilla, las reestructuraciones, la subcontratación y por tanto la externalización de los riesgos; el incremento de los trabajadores autónomos y los autónomos dependientes, el importante crecimiento de la pequeña y mediana empresa, la salud pública, son cuestiones que deben ser objeto de una atención específica en materia preventiva.

Por esto, nuestra obligación como socialistas es hacer balance de las políticas preventivas y construir un mundo del trabajo más saludable y más seguro. En estos años, las mejoras han sido evidentes, pero tras las crisis que hemos vivido y los cambios económicos, medioambientales, sociales, y culturales vividos es necesario un refuerzo de los aspectos preventivos fundamentales. Y debemos aprovechar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el instrumento para su cumplimiento, la “Agenda 2030” de Naciones Unidas, que ahora más que nunca cobran gran importancia para adaptarnos a los desafíos de nuestra era. Por eso tenemos el compromiso y la obligación de avanzar y ponerlos en marcha.

Los socialistas, tenemos la obligación de recuperar y humanizar el concepto de trabajo decente, digno, el derecho al trabajo como valor social básico constitucional. El empleo de calidad, unos servicios públicos fuertes, la erradicación de la pobreza, promover el trabajo decente y orientar los sistemas industriales y de transporte y el consumo hacia modelos sostenibles es nuestro objetivo. Las personas trabajadoras merecen una sociedad justa en la que no existan desigualdades.

REFORCEMOS LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LA SALUD LABORAL

¡28 DE ABRIL DE 2021, DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO!