Las devoluciones en caliente en Ceuta que no reconoce el Gobierno

No hay nada más sencillo pero a su vez despreciable que responder a una batería de preguntas que buscan esclarecer un suceso ocurrido en la valla negando la existencia de un concepto. Un concepto englobado en el término ‘devolución en caliente’. Dice el Gobierno que “en el actual marco normativo español y europeo” esa figura, la de la “devolución en caliente, no existe” por lo que “no se puede ofrecer información a la presente iniciativa”. Así, en tres líneas, ha contestado el Ejecutivo sostenido en base al acuerdo del PSOE y Unidas Podemos a la pregunta formulada por la diputada María Dantas, tras la devolución de un subsahariano en el vallado de Ceuta, después de haber sorteado las dos vallas del perímetro y haber cruzado a la carrera el blindaje del terreno marroquí.

La respuesta está sellada este 14 de julio y con esas tres líneas se contesta a la batería de preguntas que registró Dantas, en representación de Esquerra Republicana, en junio. Dantas buscaba información de la devolución en caliente de un subsahariano que Delegación indicó que era mayor de edad pero otras fuentes consideraron lo contrario, que no alcanzaba los 18 y por eso varias oenegés unieron sus fuerzas para presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que buscara esclarecer lo sucedido el 21 de mayo.

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La batería de preguntas formuladas no ha obtenido respuestas

Las devoluciones en caliente se llevan practicando desde hace años en la valla de Ceuta, con gobiernos del PP, del PSOE y también con el actual. Dantas señaló en su pregunta al Congreso que esta expulsión denotaba “condiciones de vulneración de muchos derechos y leyes”.

Entre las preguntas que quedan sin contestar figuran las relativas a las medidas que el Gobierno pensaba adoptar a la hora de depurar posibles responsabilidades por vulneración de derechos humanos y de la legislación internacional en la frontera o si la Guardia Civil respetó el procedimiento, las debidas garantías y salvaguardas de protección internacional del acceso al derecho de asilo.

Se preguntaba también si el “autodenominado gobierno más progresista de la historia del reino de España” cree que “la práctica de la devolución en caliente coincide con esa etiqueta” o si pensaba “modificar las instrucciones conjuntas de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, la Dirección General de Política Interior y la Dirección General de Inmigración, sobre tratamiento de personas migrantes en la frontera sur en lo referente a la devolución en caliente”.

Sin respuesta se quedan más preguntas: por ejemplo, si la “Policía en la frontera sur sigue la obligación de la Subdelegación del Gobierno de comunicar por escrito a la autoridad competente la presencia de posibles solicitantes de asilo en la frontera y los derechos que les corresponden”. De ser obligada la permanencia, Dantas preguntaba por qué se devolvió a este inmigrante y ahondaba en la duda sobre por qué “la Policía en la frontera sur utiliza la misma arbitrariedad que impone la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza”. Sobre el protocolo de actuación integral en el perímetro o el número de devoluciones en caliente practicadas tampoco cabe respuesta alguna.