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Deu repite que el retorno de niños fue una respuesta de urgencia pactada con el Estado

La vicepresidenta del Gobierno de Ceuta declara como investigada por un presunto delito de prevaricación en la devolución de 55 menores solos a Marruecos al margen de la Ley de Extranjería

Citada en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación continuada, la vicepresidenta Primera del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu, acompañada por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha declarado durante aproximadamente 90 minutos desde las 10.30 horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad por su actuación durante la repatriación en agosto del año pasado de 55 menores migrantes sin compañía marroquíes.

No se les aplicó el Reglamento de la Ley de Extranjería, sino un Acuerdo bilateral con el país vecino de 2007 mucho menos garantista que Rabat jamás había aceptado implementar, pero procedente y defendible a juicio de la también consejera de Presidencia por la “situación de urgencia” que se vivía en la ciudad tras la crisis de mayo, tal y como se había acordado con el Ejecutivo de Sánchez (a través de cuatro ministerios y una vicepresidencia) y pactado con las autoridades marroquíes mirando por el interés superior de los niños.

“Hemos cumplido”, se ha limitado a decir Deu al abandonar el Juzgado cerca de las 13.00 horas junto a Vivas y la jefa de Gabinete de este, Carolina Pérez. En la calle les esperaban los directores generales de la Consejería de Presidencia. La delegada, que pidió suspender su citación de este miércoles por motivos de salud, podría declarar el jueves de la próxima semana, 15 de septiembre.

Tal y como hizo en diciembre, entonces llamada por la Fiscalía en el marco de la investigación que abrió tras la denuncia presentada por L'escola AC, Deu ha reiterado ante la jueza, la Fiscalía y una de las acusaciones populares (a cuyas preguntas se ha negado a responder) que su papel se limitó a responder a la situación de emergencia generada por la crisis migratoria de mayo, que dejó cerca de 1.500 menores no acompañados en Ceuta, con los recursos ordinarios desbordados.

La Ciudad recurrió entonces a la colaboración de entidades como Save The Children, SAMU o Engloba “para ver la vulnerabilidad que pudiesen tener los menores”, aunque al menos cuatro fueron expulsados con advertencias explícitas sobre que podían ser “víctimas de abusos o amenazas” en su país. Con el paso del tiempo (a la semana, según la acusación pública) se entablaron contactos con el Gobierno de España para activar el Acuerdo de 2007 y “lograr el retorno concertado de los niños a sus familias”.

Deu ha recordado que se lo pidió a la Delegación y que, normalmente a través de la institución de la plaza de los Reyes, entró en contacto con distintos departamentos del gabinete de Sánchez, desde sus ministerios de Interior, Presidencia, Derechos Sociales o Asuntos Exteriores hasta la Vicepresidencia de Carmen Calvo.

La consejera participó en las reuniones en las que Grande-Marlaska en persona y concretamente la Secretaría de Estado de Seguridad dieron luz verde a la operación de repatriación, que según ha venido defendiendo se activó tras recibir un escrito de esta (sin firma ni más formalidad que membrete) y de una reunión en la frontera con autoridades marroquíes.

La vicepresidenta, que dice no haber tenido nunca acceso a expedientes ni informes, aseguró en diciembre que cuando la jefa de Menores, Toñi Palomo, avisó de que aquello era un dislate legal “consideró que las dudas jurídicas no eran trascendentes y quedaron solventadas”.

La instructora de estas diligencias penales ha aceptado la petición de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, para aplazar su citación, igualmente como investigada, por motivos de salud. Previsiblemente hasta que se produzca no serán llamados en calidad de testigos, si se atiende la propuesta del Ministerio de Público, del jefe de Gabinete y el secretario general de la Delegación, Juan Hernández e Ismael Kasrou; la jefa de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo; el director general de Asuntos Generales de la administración local, Francisco Pérez Hita; la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal; los abogados Patricia Fernández, Paloma García y Rafael Cid; la entonces coordinadora de SAMU en 'Santa Amelia' y el inspector jefe de la Policía Nacional en la frontera en agosto de 2021.

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