La defensa de la vicepresidenta primera de Ceuta, Mabel Deu, procesada como la exdelegada del Gobierno por presunta prevaricación administrativa continuada en la devolución a
Marruecos de 55 niños migrantes solos al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería, ha recurrido directamente ante la
Audiencia Provincial el auto de la jueza instructora de la causa que las aboca al banquillo. En su escrito ha solicitado que esa resolución sea anulada y que, en su lugar, se archive el procedimiento por no ser los hechos que se le atribuyen “constitutivos de ilícito penal alguno”. Los abogados de Deu consideran que la también
consejera de Presidencia está siendo sometida a una “innecesaria pena de banquillo” y que su proceder en la expulsión de menores en agosto de 2021 debería, en todo caso, haber sido sometida nada más que al escrutinio de lo Contencioso-Administrativo (donde ha recibido un varapalo tras otro a la espera de lo que diga el Supremo) sin llegar a lo penal.
“Existe un derecho del imputado a evitar el
juicio salvo que contra su persona existan indicios claros de responsabilidad penal, si cabe con mayor justificación en procedimientos de alta sensibilidad social como el que nos ocupa”, indica el recurso, que por supuesto concluye que no hay “aval probatorio ni hechos acreditados que permitan sostener, ni siquiera indiciaria o provisionalmente, una acción penal”.
Señalada por la instructora como “cooperadora necesaria” de
Salvadora Mateos para consumar el ilícito que se les atribuye, los abogado de Deu consideran que no tuvo ninguna “participación esencial” en el procedimiento por el que se decidió apelar a un Acuerdo con Marruecos de 2007 y obviar su exigencia de “observancia estricta” de la legislación española. Lo que firmó no fueron, a su juicio, más que resoluciones “de mero trámite”.
El recurso niega que se pueda cuestionar el sistema marroquí de protección a menores
Además, la defensa de la vicepresidenta opina que no se ha identificado “exactamente” la “resolución prevaricadora” que habría emitido Deu y añade que tampoco existe “prueba alguna” que atribuya a la delegada “la autoría de la decisión de repatriación”.
Muy al contrario, para la vicepresidenta la misiva sin firma de la Secretaría de Estado de Seguridad que “rogó” proceder a efectuar los retornos se interpretó como “un mandato expreso y acabado” que limitaba su misión a “facilitar y posibilitar la ejecución de lo ya decidido”, pero con la coletilla de “respetar” los intereses y derechos de los menores.
Además, indica que siendo el titular de ese departamento, Rafael Pérez, como el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, “magistrados de profesión”, dio por hecho que lo que impulsaban estaba “amparado en Derecho”.
Ahí inserta su negativa de la concurrencia del “dolo” necesario. Tanto porque, creen demostrado sus abogados, Deu no solamente no “apartó” a la jefa de Menores, Toñi Palomo, que alertó de que se estaba vulnerando la normativa nacional e internacional, sino que “la conminó a participar, redactar escritos e, incluso, en alguna medida la ordena a acudir a la trascendente reunión con las autoridades marroquíes”.
“Por mucha voluntad que tuviesen consejera y delegada en ejecutar retornos de menores a Marruecos, la decisión se adopta a otro nivel y de común acuerdo entre dos Estados soberanos”, hilvana el recurso, que tampoco aprecia una actuación ilegal “evidente, patente, flagrante y clamorosa” en Deu.
El escrito niega que se pueda afirmar la existencia de “deficiencias sistémicas” en la protección de Marruecos a sus menores nacionales y equipara las devoluciones de agosto de 2021 con las “reagrupaciones familiares” tramitadas por el Servicio de Protección a la Infancia local.
El recurso termina dando por probado que de lo realizado no se derivó ningún “resultado materialmente injusto”, pues niega que se pusiera en “riesgo” la integridad de los menores expulsados o que Mateos y Deu hiciesen “absoluta dejación” de su deber de protección sobre los niños. “Parece acreditado, en los casos en que se ha podido localizar e interrogar a los menores, que el resultado ha sido inicialmente óptimo”, estima.
La Red de Inmigración también recurre el auto de juicio
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado formalizó ayer su recurso contra el auto de procedimiento abreviado con el que la instructora de la causa abierta por la expulsión de 55 menores marroquíes acordó procesar para juicio oral a Mateos y Deu. Esta acusación particular ya había pedido días antes, como adelantó este periódico, que corrigiese también la resolución con la que decidió inadmitir el resto de testificales y pruebas documentales solicitadas por las partes, entre ellas la citación como testigo del presidente Vivas, que la entidad ha vuelto a requerir. La Red explicó ayer en un comunicado que su recurso contra la finalización de la instrucción parte de que critica “falta de interés en investigar los otros ilícitos que vemos conexos, la adjudicación de fondos, la irregularidad y no existencia de informes de vulnerabilidad que no han sido aportados jamás a la causa y otras irregularidades que no vemos lógicas como por ejemplo la falta de convocatoria de comisión de infancia”. También cuestiona “la falta de impulso a las testificales del Gobierno de España, que es el que ha tenido que intervenir como señala el convenio, con aportación de informes jurídicos que no consta existan cuando es evidente que conocían lo que estaba pasando y podrían, de creer que era irregular la actuación, haberlo detenido”.