La Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo que se dedicaba al tráfico ilícito de especies protegidas las cuales exportaban a países como Marruecos. Además se han esclarecido hasta 20 delitos de estafa a particulares que adquirían en la red este tipo de animales.
En el marco de la operación ORATRIX, desarrollada en tres fases, se ha detenido e investigado a 23 personas relacionadas con el tráfico ilícito de especies. El origen de la comercialización de estas especies se ha situado en la zona sur de España.
La Guardia Civil ha incautado más de 280 especies protegidas entre las que hay guacamayos, loros y cacatúas, además de abundante documentación y dinero en efectivo.
La documentación de estas especies estaba falsificada y, en algunos casos, no existía registro alguno. La cría de parejas se realizaba en aviarios de grandes dimensiones. Los agentes también encontraron una plantación indoor con más de 400 plantas de marihuana en una de las parcelas.
Los investigados, bajo el amparo de documentación falsa, criaban durante años parejas de especies que luego intentaban vender en el mercado negro. Este tipo de especies exóticas tiene una alta demanda y se ha constatado la existencia de rutas de exportación desde España a Marruecos.
La colaboración de la Gendarmería Real Marroquí ha sido fundamental para localizar una ruta de transporte, la cual usaba el interior de los autobuses para esconder y transportar a las aves. El principal detenido se valía de su puesto de trabajo en una agencia de viajes para estas exportaciones.
En España, en algunos casos, utilizaban guacamayos y otras especies de menor valor y las ponían a la venta a través de internet, estafando a los usuarios que nunca recibían sus pájaros o haciéndose pasar por compradores que nunca ingresaban el dinero por las especies demandadas.
Este comercio ilegal reportaba a los detenidos un volumen de negocio de más de 100.000 euros anuales. Además, la valoración de las aves incautadas llega hasta los 550.000 euros.
Identificación genética de las especies
En la investigación ha resultado fundamental la identificación genética de las especies y su relación paterno filial a través del ADN. Como resultado de estos análisis se ha comprobado si el origen de las aves era legal o no. Se han tomado más de 250 muestras que serán analizadas.
La situación geográfica de España sitúa al país como puerta de entrada e intermediario hacia Europa y Asia de especies cuyo origen son países de América del Sur.
El desarrollo de este tipo de acciones requiere un intercambio fluido de información, que permita conocer la trazabilidad de las especies en los países de origen y destino para detectar las posibles irregularidades derivadas de su obtención ilegal.
Sin embargo, la relevancia de esta operación reside en la constatación de un flujo contrario, descubriendo la existencia de un mercado emergente ilícito de este tipo de animales hacia países del norte de África.
Se ha contado con el apoyo de EUROPOL en el análisis operativo y en el análisis estratégico de la documentación. Como resultado, se ha comprobado y se sigue investigando, las rutas de salidas de estas especies al resto de estados miembros y terceros países.
Tráfico de especies
En los últimos años el delito medioambiental se ha convertido en una de las actividades más lucrativas moviendo cada año miles de millones de euros. En términos de delincuencia organizada constituye, junto al tráfico de seres humanos y el narcotráfico, una de las amenazas más importantes a nivel global.
Se trafica con todo tipo de especies (mamíferos, aves, reptiles, peces, plantes…) y la fuerte demanda en algunos mercados ha hecho que muchas de ellas se encuentren, a día de hoy, en una situación tan crítica que ha llevado a las autoridades de todo el mundo a adoptar medidas para luchar contra esta pérdida de biodiversidad.
Las primeras actuaciones las llevó a cabo la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente de Málaga. La instrucción judicial ha correspondido al Juzgado Nº 10 de Málaga, y se ha contado con la participación del Museo de Ciencias Naturales de Madrid y la Fundación FIEB (Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad).
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