Un informe de FEDEA, difundido estos días, desvincula totalmente la percepción creciente entre los españoles, recogida en los datos del CIS de septiembre de 2024, de la inmigración como principal preocupación, con la evidencia empírica disponible. Su autora es la investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid y FEDEA Raquel Carrasco. Lo que en esencia se dice en este informe es que a pesar del aumento en la visibilidad mediática y el debate público, muchas preocupaciones sobre el impacto de la inmigración en el empleo, los salarios y los servicios públicos están influenciadas por percepciones erróneas y desinformaciones.
El análisis de la situación se centra en las dos cuestiones fundamentales en el debate de la inmigración. Una. Su integración en el mercado laboral. Dos. Los efectos de su presencia sobre las oportunidades laborales de los trabajadores nativos. La primera cuestión es importante porque servirá para diseñar las políticas públicas que eviten la exclusión social y la marginación. La segunda, porque es fundamental disponer de estimaciones fiables del impacto causal de la inmigración sobre el empleo y los salarios, sobre el gasto y servicios públicos y sobre los niveles de criminalidad. Del análisis de todas estas cuestiones se deduce lo que sigue.
Las diferencias salariales entre inmigrantes y nativos se explican por las características de cada grupo, como la edad, el nivel educativo, el tipo de contrato y el sector, y no necesariamente por un trato injusto hacia los inmigrantes. Respecto al empleo, la brecha de empleo entre inmigrantes y nativos llega a alcanzar hasta 15 puntos porcentuales para hombres y 4 para mujeres, en el primer año de estancia en España. Después se estabiliza. Respecto al desempleo, los hombres suelen tener periodos de desempleo más cortos que los nativos, así como menores probabilidades de recibir ayudas que los nativos, debido a su falta de contribuciones al sistema de seguridad social.
La relación de la inmigración y la delincuencia tiene un apartado especial. Así, durante los años de fuerte inmigración, el país ha visto crecer los delitos a una tasa menor que otras naciones en las que el incremento del número de inmigrantes ha sido menos pronunciado. En general, España, en comparación con otros países de la UE, no se caracteriza por tener una elevada criminalidad. Incluso los delitos han disminuido ligeramente en los últimos años, a pesar del flujo de inmigrantes. Y sobre las condenas por delitos, el 74% corresponde a ciudadanos nativos y el 26% a inmigrantes, aunque al considerar el tamaño poblacional de ambos grupos, las tasas varían y se incrementan las de los inmigrantes, fundamentalmente debido a características demográficas y socioeconómicas. Es decir, el fenómeno de la criminalización de los inmigrantes en los medios de comunicación puede distorsionar la percepción pública sobre esta relación de inmigración y delincuencia.
Las conclusiones son claras. Aunque algunos sectores de la sociedad perciben a los inmigrantes como una amenaza para el empleo, los salarios, los servicios públicos y la seguridad, la investigación empírica sugiere que estos temores son exagerados o mal fundamentados. Sin embargo, una gestión inadecuada de la inmigración también podría generar problemas sociales y económicos, por lo que el estudio sugiere diseñar políticas que permitan aprovechar los beneficios de la inmigración y que busquen su integración, la gestión y selección de los flujos migratorios y la coordinación en el ámbito europeo.
Pues bien, esto es lo que se debía de haber tratado en el Pleno del Congreso de los Diputados la pasada semana, pues se convocó a petición del PP para que el gobierno diera explicaciones sobre su política migratoria. Sin embargo, mientras que el presidente del Gobierno realizaba su intervención, el PP puso en escena un esperpéntico espectáculo, consistente en interrumpir dicha intervención para recibir, puestos en pie y dando aplausos, a la hermana del asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, a la que el Sr. Feijóo le cedió un escaño a su lado. A partir de ese momento todo fue un dislate. Se habló de ETA, fundamentalmente, y no se habló de inmigración, que era el tema que les traía allí.
Pero, además, todo se hizo ofendiendo y sobreactuando, de forma coordinada entre la derecha del PP y la extrema derecha de VOX. Evidentemente, esta sobreactuación fue seguida, si no orquestada, por Isabel Díaz Ayuso desde la Asamblea de Madrid, que también mezcló la inmigración con los zulos de ETA y con sus crímenes, cometidos hace ya más de 13 años. El indigno espectáculo tuvo su punto culminante cuando el tal Tellado, escudero de Feijóo, mostró unas fotos de socialistas asesinados por ETA, para recriminar a Pedro Sánchez la tramitación parlamentaria de la trasposición de una directiva comunitaria, que en su día fue votada favorablemente por el PP y que en esta ocasión lo volvió a hacer.
Todo un espectáculo indigno y vomitivo, que destilaba odio por todos los rincones del hemiciclo. Y es que como dijo en su día Rubalcaba, la derecha española, sin ETA no es nada.
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