La Guardia Civil ha detenido en Albacete y Murcia a 13 personas, y ha investigado a otras seis, que integraban una organización criminal internacional que engañaba a temporeros a los que captaba en Senegal y Marruecos, para explotarlos laboralmente. Las detenciones se han llevado a cabo en el desarrollo de la operación 'Bomvoyage", que se inició cuando el instituto armado detectó posibles irregularidades en la gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO) en una empresa agrícola de Hellín (Albacete), han explicado este miércoles la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, y el coronel jefe de la Comandancia de Albacete, Jesús Manuel Rodrigo. Tras detectar la posible existencia de irregularidades, se inició una investigación que permitió determinar que el proceso de selección en Senegal y Marruecos estaba amañado, y que los temporeros seleccionados habrían pagado entre 4.000 y 6.000 euros. También se constató que una vez que llegaban a España, la organización les ofrecía viviendas y trabajos agrícolas precarios e incluso la regularización administrativa, si no querían cumplir el contrato o no querían regresar a su país. En este caso, la organización les cobraba entre 4.000 y 12.000 euros, con lo que aprovechaban la legalidad de la introducción de las personas en España para hacerlo de forma ilícita, ha indicado la Guardia Civil, que ha explicado que se han detectado más de 300 posibles casos en los últimos tres años. Para ello, la organización criminal tenía una amplia estructura, desde asesoramiento jurídico, captadores en Senegal y Marruecos y gestores de los contingentes en España, mientras que los cabecillas también ejercían de facilitadores en estos países "a través de una intachable reputación ante las autoridades públicas", han subrayado Tolón y Rodrigo.
Explotación laboral
La organización aprovechaba la situación de vulnerabilidad de los migrantes para obligarlos a hacer "extenuantes jornadas de trabajo" y aplicarles múltiples deducciones ilícitas de su nómina, por lo que su salario se reducía a apenas 200 euros mensuales. Igualmente, los obligaban a firmar documentos desconociendo completamente su contenido e incluso a contratar servicios bancarios o de telefonía para así ellos obtener comisiones. Además, la organización también hacía negocio con los alojamientos, alquilando instalaciones hoteleras o grandes fincas con alta capacidad, aisladas y en desuso, alterando los contratos para inflar los precios y así obtener mayores subvenciones públicas.
Registros y efectos intervenidos
La delegada del Gobierno y el jefe de la Comandancia de Albacete han detallado que en la primera fase de esta operación se hicieron tres registros en Hellín y otro en Alhama de Murcia (Murcia), donde había abundante documentación, material informático y tecnológico, así como productos financieros entre los que destacan el bloqueo de 15 cuentas bancarias. En una segunda fase, la Guardia Civil y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete llevaron a cabo una inspección conjunta, tanto en la empresa como en los alojamientos, en la que se hallaron indicios de explotación laboral y de que se conculcaban los derechos básicos de cualquier trabajador. Durante la inspección y en las entrevistas mantenidas con los inmigrantes, se ha comprobado la existencia de los cobros indebidos, el aislamiento y las insalubres condiciones de vida en los alojamientos e incluso la falta de alimentos que sufrían los afectados.