La desescalada en la Universidad

Días atrás participaba en un debate sindical en la Universidad de Granada. Lo que intentábamos dilucidar era la mejor forma de abordar el nuevo curso en el mes de septiembre, teniendo en cuenta la incertidumbre científica que existe respecto a si habrá o no un repunte de los contagios por el COVID-19. Había tres posturas diferentes, todas ellas bienintencionadas. Éramos conocedores, también, del recorte de 130 millones de euros que la Junta de Andalucía ha decidido aplicar a las universidades andaluzas para el próximo curso, con la clara intencionalidad, bajo mi punto de vista, de debilitar al sistema público universitario, en una primera fase, para potenciar el sistema privado y elitista, en una fase más avanzada. De esta cantidad, 30 millones de recortes le corresponderían a la Universidad de Granada, lo que nos llevaría a la asfixia económica más dura de los últimos años.

La primera postura era la de aquellos que pensaban que teníamos que prepararnos para el escenario de la presencialidad total. Esto no supondría incremento de gasto alguno, más allá de lo habitual. Los argumentos eran pedagógicos, fundamentalmente. El contacto con los alumnos es imprescindible para una enseñanza de calidad, argumentaban. La enseñanza a distancia no es nuestro escenario habitual y no estamos preparados para ello. Ya existen universidades especializadas en este tipo de enseñanzas, como la UNED o la UOC, que lo llevan haciendo desde hace bastantes años, al menos en el caso de la primera. Pero también se dieron argumentos económicos, derivados del importante impacto económico que tiene la UGR en la sociedad granadina. El problema es que, para llevar a cabo esta alternativa, pero guardando el distanciamiento que exigen las autoridades sanitarias, se necesitarían más aulas y más profesorado.

La segunda postura era la que defendíamos quienes, en base a las informaciones que nos llegaban, pensábamos que la presencialidad total no iba a ser posible, pues en el otoño, a causa del rebrote de la pandemia, seguramente tendríamos que extremar las medidas de seguridad. Considerábamos que el escenario más probable sería uno mixto, en el que se combinara enseñanza presencial y virtual. Sobre esto había distintas alternativas, no sin reconocer la dificultad de implementarlas. Una fue la de las denominadas clases híbridas, en las que una parte del alumnado (el que pudiera asistir guardando las medidas sanitarias de distancia de seguridad), ya fuese por turnos, o mediante otro sistema de selección, asistiera a las clases presenciales y el resto, siguiera las mismas desde sus casas. Para ello, se necesitaría dotar a las aulas de medios digitales, que permitieran la emisión y la asistencia virtual. Esta inversión sería bastante menor que la de la primera alternativa y serviría, de paso, para el salto digital al que, según algunos expertos (https://www.youtube.com/watch?v=NGimcIQsrhU) estamos abocados en las universidades, independientemente de la pandemia.

La tercera era la de aquellos compañeros y compañeras que pensaban que, si no era posible la presencialidad total, invirtiendo lo necesario, lo mejor era volver a la situación telemática que hemos estado practicando durante este cuatrimestre, pues la semipresencialidad, dada su indefinición, podría originar un perjuicio para el alumnado, al reducir las horas de docencia por la escasez de medios técnicos para implementarla. En los tres casos se entendía que las autoridades académicas, nacionales, autonómicas y de las propias universidades, debían de ser más precisas y concretas, para no hacer recaer sobre las espaldas del profesorado y del personal técnico especializado correspondiente, la responsabilidad de abordar el cambio, como se había hecho hasta ahora.

A poco de este debate, el Ministerio de Universidades publicaba unas normas en las que se decantaban claramente por la semipresencialidad, pero dejando en manos de las propias universidades la decisión sobre la forma de implementarla. También, la ministra de educación hacía unas declaraciones respecto a la forma de abordar la desescalada en la enseñanza no universitaria. Un amigo, profesor universitario, pero a la vez padre de un estudiante de secundaria, me comentaba, con indignación, la postura de las autoridades académicas de todos los niveles, que no acababan de concretar lo que se debería de hacer. Me hizo un comentario de bastante sentido común, que me llevó a reflexionar: “Es curioso, lo que Castells plantea de turnos rotatorios se podría hacer en los colegios por estar organizados por cursos, pero no se puede hacer en la universidad. En cambio, lo que Celaá plantea para los colegios es que vayan todos y que, si hay que cerrar se vayan todos a su casa, que es lo que seguramente haremos en la universidad”. Yo, intentando justificar al actual gobierno de España, le respondí que, posiblemente ese cambio de papeles era una estrategia de comunicación destinada más a generar debate, para así poder tomar una determinación más concreta algo más adelante. Su respuesta fue clara. En su opinión, esto era pasar la “patata caliente” y la responsabilidad a las universidades y a las escuelas y, en cierta forma, engañar a la gente. No encontré razones suficientes para rebatir su opinión, más allá de mi voluntariosa creencia de que esto no podía ser así.

He leído las recomendaciones del Ministerio de Universidades. Me parece un documento bastante completo, en el aspecto de medidas de seguridad sanitarias, respetuoso con la autonomía universitaria y con las competencias autonómicas, aunque, quizás falto de una mayor concreción en los aspectos de organización de la denominada “presencialidad adaptada”. Pero hay aspectos bastante útiles, que, si se tienen en cuenta, podrían servir para elaborar la planificación docente del próximo curso de forma correcta y, sobre todo, los planes de contingencia ante eventuales rebrotes de los contagios, que nos obligaran a volver a una actividad de no presencialidad. Destaco los que a mi juicio son más interesantes.

Insiste el Ministerio en la “necesaria información y consulta de las autoridades universitarias con los docentes, investigadores, estudiantes y personal de administración y de servicios, así como con sus representantes, en el proceso de adaptación de la actividad universitaria en el período de “nueva normalidad’ que caracterizará el curso 2020-21”. Es decir, simplemente se trata de aplicar el sentido común y la normativa vigente. Es obligatorio negociar con los legítimos representantes de los trabajadores, a través de sus estructuras sindicales y de representación, y con todo el personal, a través de las propias estructuras democráticas de la universidad (departamentos, facultades, comisiones académicas, consejo de gobierno….). Y hacerlo antes de elaborar los distintos planes, no cuando los mismos están cerrados, para guardar las apariencias.

También reconocen que: “Las medidas de digitalización y formación de los docentes tienen implicaciones presupuestarias que deberán ser tenidas en cuenta por las administraciones competentes. Las transferencias presupuestarias a las Comunidades Autónomas que el Gobierno de España ha aprobado con el fin de ayudar a que el sistema educativo, incluido el sistema universitario, puedan superar los efectos adversos de la pandemia pueden constituir un soporte presupuestario para atender a las necesidades sobrevenidas”. Debería tomar nota la Junta de Andalucía y, en lugar de recortar 130 millones de euros al sistema público universitario de Andalucía, no hacerlo y, además, emplear algo de las transferencias hechas para estas eventualidades desde el gobierno de la nación.

Respecto al concepto de “presencialidad adaptada”, aunque, en la práctica, se limita a ofrecer un forma de cálculo algo más técnica sobre la capacidad real de las instituciones guardando el 1,5 metro de distanciamiento de seguridad al que obligan las autoridades sanitarias, sí dan algunos consejos, como “no se considera conveniente doblar las clases por grupos para mantener la presencialidad….. Las reuniones del profesorado se realizarán preferentemente mediante métodos no presenciales siempre que sea posible, en caso de no ser posible se guardarán estrictamente las medidas de prevención….. Durante la realización de prácticas académicas externas, se seguirán las medidas de prevención establecidas por las entidades colaboradoras….. si se dispone de los equipos de retransmisión adecuados, las universidades podrán optar por realizar la actividad presencial con los estudiantes con los que se cumpla el coeficiente y retransmitirla de forma síncrona vía videoconferencia para el resto de estudiantes matriculados en esa asignatura. En esta opción, deberían rotarse periódicamente entre los estudiantes que reciben la enseñanza presencialmente y aquellos que la reciben por videoconferencia…..”.

Evidentemente, la situación de todas las universidades no es la misma. Ni la de todos los Campus. En el caso de la Universidad de Granada, la situación es bastante diferente, dependiendo de los Campus. Por ejemplo, en Ceuta, salvo en el caso de los grupos de Enfermería, que superan claramente todos los estándares de número máximo de alumnos por grupo fijados por la propia universidad, en el resto de los estudios los grupos no son muy numerosos y se dispone de algunas clases amplias. Reordenar la situación, aprovechar todos los días de la semana (incluyendo los viernes) para impartir docencia y dotar de medios digitales a una mayoría de aulas, serían medidas fáciles de implementar y que podría ayudar. El Campus es amplio y permite esta opción. En los Campus de Granada debería de estudiarse la situación por Facultades. Quizás una medida en el sentido propuesto por las asociaciones estudiantiles, como centrar la presencialidad fundamentalmente en los primeros cursos de carrera, para ayudar a los alumnos que menos acostumbrados están a la enseñanza universitaria, dejando la enseñanza virtual para los últimos cursos, podría ser una alternativa. O dar clase presencial solo a la mitad de los estudiantes matriculados, para ofrecérsela online al resto, con las debidas rotaciones, y siempre que se dispusiera de los medios técnicos adecuados, podría ser otra alternativa.

En cualquier caso, la opción de no negociar con los afectados, creer que sin nuevas inversiones se puede salir airosos de la situación y no prepararse para una situación complicada al comienzo del curso, tal y como apuntan los distintos informes epidemiológicos que se están manejando por las autoridades sanitarias, es caer en la improvisación y echar sobre las espaldas del profesorado y del resto de personal de administración y servicios, nuevamente, la solución de un problema sobrevenido, pero grave. Espero y deseo que el rectorado de la Universidad de Granada sepa estar a la altura de las circunstancias.