Desencuentro en el consejo

El Secretario General de AUGC, Alberto Moya, y el residente de la Unión de Oficiales, Francisco García, comparecieron el pasado jueves 5 de mayo ante los medios de comunicación para analizar la situación de conflicto en la guardia civil después de la reciente reunión del Consejo y tras conocerse que al Presidente de UO han vuelto a incoarle un nuevo expediente disciplinario por hacer uso de la libertad de expresión. Tanto Alberto Moya como Francisco García han  anunciado que de continuar la involución en los derechos de los guardias, las dos organizaciones no descartan volver a convocar movilizaciones de persistir esta situación.
Por este motivo las dos ejecutivas se reunirán los próximos días para estudiar las iniciativas a llevar a cabo.
AUGC considera que las peticiones de los miembros de la Institución son perfectamente asumibles y no suponen, en estos momentos de crisis económica, ningún gasto presupuestario ya que una de sus princípiales reivindicaciones, la equiparación salarial con el resto de fuerzas policiales, ha sido aparcada hasta que se produzca una mejora en la economía, a pesar de la gran discriminación histórica que padecen los guardias civiles.
Para AUGC y UO el conflicto abierto entre el Gobierno y los guardias civiles se podría resolver si no hubiera por parte del ejecutivo apatía, indolencia y falta de compromiso ya que el conflicto no es económico sino de derechos y dignidad.
Derecho a una jornada laboral digna, que les permita conciliar su vida familiar y laboral, pues pese a la última modificación de la reglamentación en el Cuerpo, los guardias civiles continúan prestando más horas de servicio que cualquier otro policía, no disponen de una prestación de servicio ni un régimen de turnos y para colmo, se han quedado sin regular la jornada laboral de los guardias civiles que ejercen mando o pertenecen a los servicios de investigación. En suma, se sigue muy por detrás de la jornada que ya disfrutan el resto de compañeros de los cuerpos policiales en España y el resto de Europa.
Derecho a una Ley de Personal, como la del Cuerpo Nacional de Policía que ya se está tramitando en el Congreso y que el Gobierno está obligado a realizar.
Una reforma de la Ley de Personal que cuente con los legítimos representantes de los guardias: las Asociaciones Profesionales. Ante la parálisis gubernamental, las dos asociaciones más importantes han puesto en marcha una Iniciativa Legislativa Popular, que está teniendo muy buena acogida, ya que se llevan recogida en estos momentos más de 100.000 firmas.
A este Gobierno le queda un año de legislatura, tiempo suficiente, si así lo quiere, para poder hacer frente a las reformas que se le piden y demandan. Tiempo suficiente para consolidar los derechos que la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil les reconoce, pero que, hasta el día de hoy, han tenido que ser los tribunales los que obliguen al ejecutivo a cumplir con ellos, como ya ocurrió con la manifestación de Madrid de septiembre del pasado año y con la más reciente de Melilla.
Una Ley que reconoce a sus legítimos representantes el derecho a la Libertad de Expresión y que en los últimos nueve meses se ha traducido con expedientes a ocho de los diez vocales que AUGC y UO tienen en el Consejo.
Por todo ello, las dos asociaciones mayoritarias no descartan volver a adoptar la convocatoria de más movilizaciones. En la voluntad y compromiso del Gobierno está el que se pueda solucionar el conflicto.
Es hora que el gobierno se tome en serio a los guardias civiles, que mejore, modernice y que haga de la Guardia Civil, un cuerpo moderno y más eficaz. Los guardias civiles se lo merecen sobradamente.