Ángel Mendoza es uno de los tantos desempleados a quien durante 20 días, desde el 5 hasta el 23 de abril, se les ha negado la prestación por desempleo, en su caso 450 euros, a causa de la ausencia de orientadores laborales.
Con las plazas cubiertas desde final del pasado mes, los parados podrán comenzar a recibir sus prestaciones a partir del 10 de mayo, pero con un problema añadido: la ayuda se ingresa sin carácter retroactivo y, por lo tanto, estas personas, explica Mendoza, tan solo percibirán la parte proporcional desde que firmaron con el orientador hasta el 27 de abril.
La exigencia de este demandante es que le abonen el subsidio correspondiente al mes de abril y que se extiende desde el 27 de marzo. “Me personé el lunes para hablar con la subdirectora y poner una denuncia, pero me dijeron que durante toda la semana nadie podría atenderme”, señala.
Asimismo asegura que no es el único que atraviesa la angustiosa situación de permanecer un mes sin percibir un sueldo. “Yo no puedo pedirle al banco que espere un mes hasta que me ingresen la prestación completa”. Ya que no será hasta el 10 de junio cuando ese ingreso llegue en su totalidad como parte correspondiente al mes de mayo.
“Lo que no entiendo es que la documentación que firmé con el orientador está fechada a cinco de marzo, cuando debía comenzar a cobrar el subsidio, pero no me reconocen la ayuda hasta el 24, por lo que hay 20 días que no me pagan y me pertenecen”, reclama.
La contratación temporal de orientadores laborales por parte del SEPE generó el pasado mes que varios demandantes se quedasen sin poder percibir su prestación. Ya que desde el cese hasta la nueva incorporación se produjo un lapso en el que esas plazas se quedaron vacantes.
La figura del orientador laboral es imprescindible para completar el PAE (Programa de Activación de Empleo) al que Mendoza pertenece. Se trata de un itinerario individual y personalizado de empleo que precisa de una serie de obligaciones tanto a los demandantes de empleo como a los solicitantes de prestaciones.
Entre ellas, las de participar en las acciones de mejora de la empleabilidad y búsqueda activa de empleo que, con carácter previo al inicio del programa, se le haya asignado al demandante por los servicios públicos de empleo y, en concreto, por un orientador laboral.
El problema para los demandantes como Mendoza surge al no poder completar todo el proceso obligatorio, pues el último paso de esa reunión de orientación no se llega a producir y, por tanto, a los demandantes se les niega el subsidio hasta que dichos orientadores sellen su firma.
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