Un expediente abierto el año pasado todavía está pendiente de resolución, que a veces se ha demorado hasta 3 años.
Instituciones Penitenciarias ha abierto durante los diez últimos años un total de once expedientes disciplinarios a trabajadores destinados en la prisión de Los Rosales de los que uno todavía está pendiente de resolución y dos concluyeron con su archivo y sobreseimiento, según la información facilitada por el Gobierno central a la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora.
Los expedientes locales solo afectaron en un caso (por propinar dos bofetadas) a choques entre funcionarios e internos con malos tratos por parte de los primeros y la sanción más elevada de las registradas ha sido de siete meses de suspensión por la denuncia de corrupción generalizada que hace seis años se remitió al pseudosindicato ‘Manos Limpias’, que la difundió en su página web.
En febrero de 2008 se abrió expediente un funcionario por “agredir e insultar” a un compañero. Fue condenado por “faltas de lesiones y amenazas” y se le impuso una sanción de quince días de suspensión de funciones.
Al año siguiente se actuó contra un funcionario que hizo “un gran número de fotocopias de carácter privado en la Delegación del Gobierno argumentando que le mandaba el director del Centro Penitenciario” de Ceuta. Como autor de una “falta grave” debió cumplir un mes de suspensión de funciones.
En 2010 se incoó otro expediente a un funcionario de la Oficina de Gestión que se fue de vacaciones “dejando pendiente trabajo con demora de semanas, a veces de documentación urgente como licenciamientos, citaciones o instancias de internos a autoridades pese a que el subdirector de Régimen le había instado a que lo dejara tramitado antes de irse”. La sanción fueron ocho meses.
En febrero de 2011 se expedientó a funcionario que debió cumplir un total de cinco meses y medio de sanción por “dar una bofetada a un interno” y posteriormente “retarle” en 'el tigre', donde le propinó otra. A los pocos días se actuó contra un funcionario de rastrillo por permitir “la entrada al interior de un interno procedente de permiso sin identificarle ni cachearle”. Posteriormente al recluso se le intervino “hachís y un móvil”. Como autor de una falta grave tuvo sanción de un mes.
En marzo de 2012 se hicieron seis apercibimientos y se impusieron tres meses de sanción al empleado público que, un año atrás, había sido encartado por “presunta inhibición respecto a las tareas encomendadas”, por “incumplimiento de horario de trabajo” y por “faltar al servicio sin justificar”.
En 2011 se abrió también, aunque tardó casi tres años en resolverse, un expediente al remitente de un escrito al pseudosindicato 'Manos Limpias', que lo publicó en su web, denunciando “la existencia de presuntas prácticas corruptas en el Centro Penitenciario de Ceuta como funcionarios que introducen móviles, alcohol y drogas a cambio de dinero y especies; o mal estado de una malla metálica por donde pasan mercancías y que el director conocía y consentía estos hechos”. La sanción fueron siete meses.
Fotos en ‘Tuenti’
Con sobreseimiento y archivo terminó, en 2012, un expediente al encargado de un departamento que supuestamente había abierto la celda de un preso que “parecía haber abusado de sustancias tóxicas” para “efectuarle un cacheo” requisándole un móvil pero “sin informar al jefe de Servicios del cacheo integral ni del estado en el que se encontraba el interno”.
Un mes de sanción le cayó al educador que, “por amistad con el padre de un interno”, introdujo en la prisión “una bolsa con alimentos y ropa en la que se oculta una cámara de fotos”. “Meses después” aparecieron en 'Tuenti' fotos de presos en el interior de Los Rosales. La misma pena correspondió al funcionario que le pasó la bolsa al recluso.
Ya en 2015 y resuelto con archivo en mayo de este año se expedientó a un funcionario por “introducción de objetos prohibidos”, concretamente “móviles a dos internos”. El caso se cerró con sobreseimiento “y archivo de la causa penal”.
Todavía está pendiente de cerrar con la resolución correspondiente un expediente de 2016 por “desobediencia” en forma de “reiterada negativa al cumplimiento de las normas establecidas para tramitar solicitudes de vacaciones, permisos y licencias”.
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