En seis minutos se desató un auténtico infierno. Aquel incendio que comenzó con “dos rayas de llamas” terminó siendo uno de los más graves ocurrido en Ceuta. Se llevó por delante 130 hectáreas en García Aldave. Hoy el terreno sigue mostrando los restos de aquel atentado medioambiental por el que nadie se ha sentado en el banquillo.
Judicialmente el caso está parado, no hubo detenidos aunque se verificó que se trató de una acción premeditada. Alguien fue responsable de aquel siniestro que se fue de las manos convirtiéndose en el segundo más importante ocurrido en Ceuta, a pesar de que política y mediáticamente se le otorgó el primer puesto de ese particular palmarés.
La Guardia Civil llegó a encontrar un neumático quemado debajo del campo de tiro de la Legión. Era el neumático que descendió la cuesta en llamas extendiéndolas por el monte y que fue arrojado por alguien que previamente echó gasolina.
Hasta ese punto llegaron las investigaciones del Instituto Armado, cuyos agentes no tuvieron la suerte de disponer de grabaciones de unas cámaras próximas pero inservibles. De haber estado operativas podían haber dado con el perfil ajustado del autor de este auténtico desastre.
De los análisis de los teléfonos activados en el repetidor tampoco obtuvieron datos de interés para la investigación, tal y como se concluye de la información que llegó al juzgado. El caso queda sobreseído al no disponerse de avances que puedan conducir a la persona o personas que optaron, no se sabe con qué interés, por arrojar una rueda en llamas generando así una extensión del incendio conforme iba avanzando en su recorrido.
Esos restos de gasolina y la rueda fueron recuperados por la Benemérita que no pudo ir más allá a pesar de activar todos los recursos que tenía disponibles. Las llamas fueron incontrolables por el modo en que se originó el atentado medioambiental. En el seno de la Guardia Civil hubo un enorme malestar por no haber dispuesto de apoyos externos ya que en casos como este hubiera sido determinante que las cámaras funcionaran. Nadie se había percatado o no había tenido el más mínimo control para garantizar su operatividad.
Las propias llamas más la acción posterior por controlar el incendio derivó en una destrucción de pruebas. Por eso era clave, como sucede en otros incendios, el aporte de las grabaciones que nunca se tuvieron.
En este último Consejo de Gobierno se ha aprobado una partida de 104.000 euros para mantener las cámaras de seguridad del ‘Safe City’ que se pusieron en marcha en 2018 y arrastran una falta de atención y mantenimiento. Ceuta cuenta con varias cámaras -algunas térmicas que deberían servir de alerta ante cualquier incendio- que no estén operativas lo que lleva a situaciones así, dejando sin apoyos a los investigadores. En el caso de los siniestros forestales las únicas armas con las que prácticamente cuentan los agentes son los testigos y las grabaciones.
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