El desalojo de Serrano Orive dejaría en la calle a personas con discapacidad

Vanesa Campoamor está preocupada por la situación en la que se encuentra su familia. A finales del pasado mes de noviembre recibió una carta en la que le decían que antes del 20 de enero debería desalojar la vivienda en la que reside junto a su marido y sus cuatro hijos en el edificio, propiedad de Emvicesa, de Serrano Orive. Se trata de una de los beneficiarios de estas viviendas de carácter social que, a juicio de la Administración local, no tendría derecho de seguir ocupando.

Sin embargo, Vanesa explica que cuando firmó el contrato de esta vivienda, hace ya 10 años, en ningún momento le dijeron que al cumplir los 35 años debería abandonar esta casa, sino que uno de los requisitos, para poder optar al vivienda, era tener menos de 35 años. En el momento en el que le entregaron las llaves, hace ya una década, ella tenía 29 años y su pareja recién había cumplido los 35, poniendo a nombre de los dos el contrato de la casa. No obstante, Vanesa hace una apreciación y es que en su caso, ella no entró en el sorteo de las casas para menores de 35 años, sino que se le adjudicó una vivienda adaptada para personas con discapacidad, ya que tanto ella y su marido, así como dos de sus cuatro hijos, tienen algún tipo de discapacidad.

“Yo estaba en otra lista, no entré en el sorteo”, detalla esta madre que ve con preocupación que esta depuración del censo de los residentes en Serrano Orive los deje en la calle. Explica que, como ella, hay seis familias más que viven en este edificio de Emvicesa por tener alguna discapacidad, no por ser menores de 35 años. Sin embargo, todos han recibido la carta que les obliga a abandonar la vivienda antes de que finalice el contrato, el 20 de enero de 2020.

Tanto Vanesa como el resto de beneficiarios, un total de 37, han puesto el caso en manos de una abogado, ya que no ven lógico que les den dos meses para abandonar la casa que ha sido su hogar durante los últimos diez años.

Aunque a través de una vecina, en la misma situación que ella, le comentaron que su caso sería puesto en conocimiento de Asuntos Sociales, nadie ha revertido la notificación de que debe desalojar esta vivienda, de 50 metros cuadrados en la que viven cuatro personas. “No me importa que me asignen otra casa, pero lo que no me quiero ver es en la calle con mis cuatro niños y mi marido”, explica con preocupación.

Por el momento el abogado que lleva el caso busca paralizar el proceso administrativo, aunque las declaraciones de la consejera de Fomento, Kissy Chandiramani, en algunos medios asegura que en caso de no dejar las casas, se llevará por la vía judicial.

Vanesa insiste que su mayor temor es quedarse en la calle, sobre todo porque cuatro miembros de la familia sufren una discapacidad y esta casa, en concreto, estaba adaptada para ello.