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Desahucio de un local del Poblado Marinero

El Puerto solicita un mandamiento para que las fuerzas de seguridad puedan entrar en la concesión además de iniciar los trámites para el cobro de la deuda

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria ha acordado el desahucio administrativo del titular de la concesión de uno de los locales del Poblado Marinero, el espacio recreativo y de ocio del centro de Ceuta.

El Puerto comunica que, tras el intento de establecer contacto con este concesionario del dominio público, ha procedido a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de conformidad con la legislación vigente.

Asimismo, este organismo portuario ha dictado una resolución para que, por parte de los servicios jurídicos del Estado, soliciten petición al juzgado a fin de expedir un mandamiento para que, los agentes de la Autoridad Portuaria, con el auxilio de las Fuerzas de Seguridad del Estado, puedan entrar en el local ubicado en el Poblado Marinero.

Asimismo, la entidad que preside Juan Manuel Doncel inicia los trámites necesarios para el cobro de la deuda contraída por esta concesión en la zona de servicio del puerto de Ceuta.

No obstante, el afectado por este desahucio administrativo podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a la notificación del oficio, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación del mismo.

El anuncio de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, del Ministerio del mismo nombre, se ha publicado en la edición del BOE de este sábado.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria en la que se acordaron estas medidas data del pasado 31 de julio de 2024.

Qué es un desahucio administrativo

Un desahucio administrativo es el proceso mediante el cual una administración pública recupera la posesión de un bien o propiedad ocupada ilegalmente o utilizada de manera indebida. Se lleva a cabo sin necesidad de intervención judicial, siguiendo un procedimiento establecido por la ley para desalojar a los ocupantes y restablecer el uso legítimo del inmueble.

 

 

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