“Desahuciados y acusados de abandono tras ser víctimas de un engaño con vivienda inhabitable y peligrosa”, así comenzaba el relato de Pedro Andrés Aranda de 31 años, un padre de 4 hijos que junto a su esposa está viviendo una auténtica pesadilla en Ceuta.
Aranda depositaba sus ahorros en el que es un sueño para todos: el que posiblemente sería su hogar en un futuro próximo.
En 2023, esta familia compuesta entonces por 5 miembros - el matrimonio y tres hijos de 5 y 2 años y un recién nacido- encontraba la casa de sus sueños en Villajovita. Luego nacería el cuarto niño de esta unidad familiar.
El acuerdo con el propietario fue un alquiler con opción a compra. Aranda y su pareja tenían claro que la compra de la vivienda sería una realidad cercana, por lo que realizaron un depósito inicial de 22.000 euros “en concepto de arras, muestra inequívoca de nuestra buena fe y firme de adquirir la propiedad”, traslada Aranda.
Esto sucedió en el verano de 2023. La familia se adentró en la vivienda en septiembre del mismo año y ya desde el primer mes de habitabilidad comenzaron a vivir un infierno: “Graves humedades, presencia de cucarachas y, lo que es más alarmante, problemas estructurales y eléctricos severos que la hacían inhabitable y peligrosa”.
Un informe pericial independiente realizado en 2025 certificó que la vivienda no cumplía las condiciones de “seguridad, salubridad y habitabilidad” y que “presentaba problemas existentes antes de la firma del contrato”.
Cuenta este padre de familia que, adheridos a los problemas mencionados, la casa no tiene toma de tierra, sufriendo calambrazos procedentes de distintos electrodomésticos como el horno o la lavadora.
“En febrero de 2024, nuestro hijo pequeño sufrió una descarga eléctrica debido al deficiente sistema. Este incidente fue el culmen de repetidas advertencias que habíamos hecho a los propietarios sobre calambres en los electrodomésticos, dada la presencia de niños pequeños”.
Cuenta que, previamente, en julio de 2024, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Bomberos) y un técnico municipal ya habían intervenido, constatando "gran deterioro" estructural, apuntalando la zona y aconsejando el desalojo inmediato de la vivienda por hacerla "incompatible la habitabilidad".
Tras esto, explica Aranda que solamente él aparece empadronado en su vivienda, ni su mujer ni sus hijos constan.
Esto ha supuesto un problema a la hora de buscar nuevo colegio para uno de ellos, quien sufría bullying en el que cursaba sus estudios, acrecentando el problema de la vivienda en uno que va más allá: el iniciado con el Área de Menores de Ceuta que se tratará más adelante.
A pesar de todo lo ocurrido, antes de llegar a los tribunales, la familia intentó en numerosas ocasiones llegar a acuerdos con el propietario para que le devolviera el dinero invertido y buscar otro lugar, o en su defecto, hacerse cargo de la rehabilitación de la vivienda, zanjando así las diferencias.
Aranda y su familia, tras cuatro meses de continuos dolores de cabeza provenientes del estado de la vivienda sin una solución firme por parte del propietario, decidieron no abonar el alquiler hasta que se les otorgara una respuesta que encaminara su situación.
El arrendador se negó y ante la actitud tomada por la pareja, decidió presentar una denuncia formal por impago de renta. Fue entonces cuando comenzó todo el proceso legal que ahora enfrenta la familia de Aranda.
“Ante esta situación insostenible, mostramos en todo momento nuestra buena fe. Ofrecimos usar parte del dinero adelantado para compensar las rentas mientras se solucionaban los problemas, y asumimos gastos de reparación por más de 5.000 euros”, explica.
“Los propietarios se negaron a negociar y a reparar la vivienda, limitándose a exigir el pago de la renta, ignorando por completo su incumplimiento previo y esencial de entregar una vivienda habitable, así como nuestra desesperación”, recoge Aranda.
“El culmen de este calvario llegó con la sentencia de desahucio por impago de rentas, dictada por un juez que, inexplicablemente, desestimó nuestra reconvención y no valoró pruebas contundentes como el informe pericial o los mensajes donde alertábamos del peligro y nuestra voluntad de diálogo”.
“Se ha ignorado nuestro derecho a la exceptio non adimpleti contractus, un principio fundamental del Código Civil que permite no cumplir si la otra parte no ha cumplido”, detalla.
Esta familia ha recurrido a todas las instituciones posibles cuya labor es brindar amparo a las familias en riesgo de exclusión social, pero en todas ellas se han sentido “víctimas del sistema”.
Según indica, el Área de Menores de Ceuta, dada la actitud tomada por Aranda de formar a su hijo de siete años en casa tras el problema hallado con el padrón a la hora de buscar un nuevo colegio, ha iniciado un proceso por “supuesta desprotección de nuestros hijos basándose en la denuncia de un particular”, relata.
Acusados de abandono por el Ministerio Fiscal de Menores, así se encuentra actualmente esta familia por renunciar a que su hijo acuda a un colegio en el que vive una pesadilla, según ha trasladado Aranda a este medio.
La realidad es que, actualmente, Aranda y su familia se encuentran a la espera de aprobación del recurso presentado por la sentencia de desahucio.
Este padre de cuatro hijos reitera una y otra vez que este proceso judicial “es un error desde el comienzo”, pues se está llevando a cabo un proceso por impago de renta cuando el verdadero problema está en “el contrato de una vivienda que no era habitable”, según su versión.
“Nos encontramos en una encrucijada vital: desahuciados de una casa que nunca debió ser habitada, con un riesgo real para nuestros hijos que las propias autoridades ignoran, y, ahora, criminalizados por ser víctimas de esto. Estamos luchando por nuestra dignidad y la seguridad de nuestros hijos”, subraya.
Esta familia desesperada hace un llamamiento a “los poderes públicos de Ceuta y de toda España para que actúen con diligencia debida, investiguen la raíz del problema (la vivienda inhabitable y el engaño), protejan a nuestros menores y garanticen que la justicia, en todas sus esferas, cumpla su función sin olvidar los derechos fundamentales”.
Aranda enfrenta toda esta situación -desahucio y abandono de menores- lidiando con una enfermedad degenerativa y con un bebé de cuatro meses.
En relación a las clases impartidas a su hijo en casa, asegura que el menor no está siendo privado de la Educación que le pertenece y que las propias instituciones no les han brindado medios para solventar su caso.
Los padres del menor se niegan a obligar a su hijo a acudir al colegio, donde aseguran que estaba viviendo un verdadero calvario por el bullying sufrido. Dada la imposibilidad de matricular al niño en otro centro por las trabas encontradas tras la eliminación del padrón, no existe otra solución que ofrecer educación en casa.
Esta pareja que sustenta ya a cuatro menores de 7, 4 y 2 años y un bebé de cuatro meses asegura que no abandonará el inmueble hasta que vean devuelta la totalidad o parte del dinero entregado tras la firma del contrato de la vivienda o se ofrezca otra solución en la que todos estén de acuerdo.
La cruda realidad es que, si la situación no toma un rumbo distinto al actual, tanto Aranda como su pareja y sus cuatro hijos podrían verse en la calle, sin ahorros y con todos sus sueños tirados a la basura atrapados en una pesadilla.
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