El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo ya es una realidad. Tras dos intensas jornadas de negociaciones, los intermediarios del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea (UE) acabaron alcanzando un acuerdo sobre lo que la Presidenta de la Cámara Europea, Roberta Metsola, lo determinó como “el más importante de la legislatura”. En tanto, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo alusión a un “acuerdo histórico”, dando la enhorabuena al Vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas y a la Comisaria Europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, por el firme compromiso y la proposición expuesta en 2020.
“La migración es un desafío europeo común: la decisión de hoy nos permitirá gestionarla juntos”, recalcó von der Leyen, en un mensaje a Charles Michel, Presidente del Consejo Europeo. A su vez, puntualizó el acuerdo sobre el nuevo Pacto como “un hito que ayudará a la UE a garantizar una respuesta europea al fenómeno migratorio”.
La reforma europea de la gestión de la migración se fundamenta en cinco normas que asientan los criterios para trabajar a fondo en los flujos migratorios entre los estados miembros, así como el proceder en caso de una crisis imprevista. Las pautas igualmente sistematizan el procedimiento de las personas que arriban en las fronteras exteriores de la UE, como el trámite de las peticiones de asilo y la identificación de los inmigrantes que recalan. La primicia principal forma parte de la fórmula que previene una solidaridad obligatoria para los estados de la UE distinguidos como “bajo presión migratoria”, otorgando a otros Estados miembros optar entre la reubicación de los demandantes de asilo en su territorio y el abono de contribuciones financieras.
Con el acuerdo sobre el Pacto sobre Migración y Asilo, “por fin tenemos un mecanismo de solidaridad obligatorio, y no es poco: significa que cada país miembro asumirá su responsabilidad a través de contribuciones flexibles y voluntarias”, corroboró durante una rueda de prensa en Bruselas, Tomas Tobé, Presidente de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo.
En atención al mecanismo convenido, cada año se elaborará un fondo de solidaridad al que la totalidad de los países de la UE deberán cooperar con las reubicaciones. Es decir, los envíos de un peticionario de protección internacional desde el territorio de un Estado miembro beneficiario al espacio de un Estado miembro participante.
Obviamente, el cómputo del impuesto de cada estado miembro se sustentará en el volumen de la población y el PIB, mientras que cada país es libre de disponer la clase de contribución o una conjunción de ellas. Además, los Estados miembros resueltos bajo presión migratoria, comunicarán al Consejo y a la Comisión su propósito de poner en juego el engranaje y podrán requerir una disminución parcial o total de sus contribuciones de solidaridad.
El reglamento armonizado incrusta el umbral mínimo para las reubicaciones en 30 solicitantes y la contribución financiera en 600 millones de euros. En caso de exiguos compromisos para las reubicaciones, un Estado miembro beneficiario podrá solicitar a otros Estados miembros que contraigan la responsabilidad de inspeccionar las instancias de protección de los individuos que han de ser entregados al Estado miembro beneficiario, en vez de ayudar a las reubicaciones.
Al mismo tiempo, al tantear la influencia migratoria igualmente se valora el contexto definido de los actores con acciones demandantes de búsqueda y salvamento en sus límites fronterizos. Con el nuevo Pacto, el derecho a requerir protección no abarca la alternativa por parte del demandante de qué Estado miembro debe ser responsable de comprobar la solicitud o qué Estado miembro ha de ser reubicado.
Las vulnerabilidades, comprendidas las de los menores no acompañados, no quedarán al margen del proceso de identificación de las personas que deban ser reubicadas y su permisible correlación con los Estados miembros de reubicación. Las aportaciones financieras, pormenoriza el Parlamento Europeo en una nota puntual, “apoyarán acciones en la UE en materia de migración, acogida y asilo”. Prosigue indicando el comunicado: “los Estados miembros también pueden brindar apoyo a acciones en o en relación con terceros países, con un impacto directo en los flujos migratorios hacia la UE”.
Las fórmulas convenidas también circunscriben reglas suplementarias para concretar qué Estado miembro es responsable de explorar la solicitud de protección. Para establecer el país responsable, prevalecerán las situaciones de reunificación familiar y se referirán los permisibles nexos familiares lo más aceleradamente posible. Otros procedimientos son títulos extraídos en un Estado miembro, afinidades manifiestas presentes y conocimiento del idioma.
Si no se superponen otros principios, el primer Estado miembro de registro de la solicitud de protección continuará siendo responsable de revisarla. Para responder a los incrementos imprevistos de recaladas, el nuevo Pacto previene el Reglamento sobre crisis y causas de fuerza mayor, que implanta un componente para patrocinar solidaridad y medidas de apoyo a los Estados miembros que afrontan una concurrencia extraordinaria de ciudadanos de terceros países, que podría conducir al colapso del sistema nacional de asilo.
"El Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, ambiciona conformar un molde jurídico integral y razonable para mejorar la actividad unilateral y descoordinada de las crisis migratorias con la incursión masiva de solicitantes de asilo"
Me refiero a una de las disposiciones más controvertidas y que ha sido acreditada por el Parlamento y el Consejo al introducir sus pertinentes enfoques negociadores. Las máximas ajustadas incumplidamente por los negociadores del Parlamento y el Consejo se administrarán en entornos excepcionales de llegada masiva de nacionales de terceros países o apátridas por tierra, aire o mar, incluyéndose las personas desembarcadas tras maniobras de búsqueda y salvamento.
Para que se distinga una crisis como tal, el escenario debe hacer que el sistema de asilo, acogida, protección infantil o retorno de un Estado miembro en particular no actúe debidamente, lo que adquiría importantes derivaciones para la articulación del sistema común de asilo de la UE.
Las actuaciones igualmente se destinarían a condiciones en las que un tercer país o un actor no estatal hostil, pretende alimentar o agilizar el movimiento de nacionales de terceros países y apátridas en dirección a las fronteras exteriores de la UE o hacia un Estado miembro con la intención de perturbar el país. Ante una crisis de tal calado, el Estado miembro deberá presentar una solicitud promovida a la Comisión, que valorará el entorno en un plazo de dos semanas y tomará una medida sobre si existe o no una realidad de crisis.
Estas normas fijan un sistema de solidaridad previsible y permanente en el que los Estados miembros deben trabajar para respaldar al Estado miembro en crisis. Entre las permisibles medidas de solidaridad para acometer una crisis definida, un Estado miembro puede plantear a la Comisión inclinarse por la reubicación de los demandantes de asilo y por aportaciones financieras exclusivas o medidas variadas. Asimismo, puede reconocerse que algunas categorías de personas tienen derecho a protección a primera vista. Es decir, los agentes dan preferencia al análisis de su solicitud porque es creíble que esté perfectamente fundada y garantice el cumplimiento del caso.
Según esta receta, se vaticinan algunas exenciones. En contextos de crisis, el asiento de las solicitudes de asilo podría demorarse hasta diez días, mientras que la tramitación fronteriza se prolongaría otras seis semanas para las operaciones de asilo como para los de retorno. Por último, en circunstancias de aglomeración masiva, el umbral del curso fronterizo se asignará a los solicitantes con una tasa de reconocimiento de hasta el 50%, mientras que en entornos de explotación, la práctica fronteriza se acomodará a todas las llegadas.
En circunstancias de explotación y tras una primera valoración individual, las personas vulnerables y familias con niños menores de doce años podrían quedar exceptuadas de la fórmula fronteriza. Ylva Johansson, expresaba al respecto: “Cuando Ursula von der Leyen me encargó romper el estancamiento en materia de migración y lograr que los colegisladores de toda la UE acordaran un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, sé que muchos pensaron que nunca sería posible”.
“Este es un gran éxito para Europa. Por fin, después de muchos años, hemos logrado acordar una política común y global en materia de migración y asilo. No es sólo una victoria para la UE y Europa, sino también para los inmigrantes”, añadió el comisario europeo.
En la misma línea, el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo comprende una reglamentación sobre el control, según la cual los individuos que no observen las condiciones para ingresar en la UE serán subordinados a una forma de control previo a la entrada, que englobará tanto la identificación, como la recogida de datos biométricos, controles de salud y seguridad durante un máximo de siete días.
De hecho, los colegisladores han armonizado un modus operandi más acelerado para el reconocimiento o la revocación de la protección internacional, adaptable en todos los Estados miembros de la UE y que expresamente reemplaza a los ordenamientos nacionales.
Las nuevas normas, detalla el Parlamento Europeo, hará más eficaz la indagación de las peticiones de asilo, con un plazo de referencia de seis meses para la primera decisión y plazos más breves para las solicitudes ostensiblemente improcedentes o inadecuadas. Se pueden atribuir fórmulas de asilo fronterizas más expeditivas que se aplazarían hasta doce semanas en las fronteras exteriores de la UE o junto a la zona de tránsito, mientras que los demandantes de asilo cuyas instancias sean impugnadas deberían ser devueltos en menos de doce semanas.
Conjuntamente, las personas calificadas de peligro para la seguridad nacional o del orden público, o si el solicitante ha mentido ante las autoridades mostrando datos simulados sobre su identidad o nacionalidad y aquellos provenientes de países con tasas de reconocimiento de asilo inferiores al 20%. Por otra parte, siempre estarán supeditados a la política de asilo fronterizo seguidamente al control.
No obstante, en el Pacto se ha incrustado una regla que avala que los menores no acompañados no serán sujetos a procedimientos fronterizos, a menos que evidencien un riesgo para la seguridad y que las familias con niños no queden como una prioridad para la aceptación del procedimiento fronterizo, a quienes ha de priorizarse entornos de acogida apropiadas. Sin inmiscuir, que la capacidad lógica a nivel de la UE para formalizar procedimientos fronterizos, será de treinta lugares de recepción y los Estados miembros tendrán que corroborar que están en condiciones de proceder a operaciones fronterizas en su territorio.
"El complejo paquete migratorio aspira a conferir a los Veintisiete de un instrumento previsible para corresponder a las carencias actuales, incluida la salvaguardia de las fronteras, el acogimiento de los refugiados y el regreso de quienes no tienen derecho a establecerse en la Unión"
De este modo, cada país aglutinará una cantidad máxima de solicitudes para ser comprobadas en el procedimiento fronterizo que será determinado por la Comisión. El volumen apropiado se incrementará sucesivamente durante los tres años siguientes a la entrada en vigor de las normas. Cuando se adquiera la capacidad superior los solicitantes de asilo serán consignados al procedimiento de asilo ordinario para impedir la aglomeración.
Por ende, el Pacto anticipa la reforma de Eurodac cuyo propósito es examinar más eficientemente a quienes vienen al territorio de la UE, incorporando para ello imágenes faciales a las bases de datos de huellas dactilares e información adicional, adjuntado el nombre, apellido, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento. Las autoridades competentes agregarán información sobre los dictámenes de expulsión y repatriación o reubicación del individuo. Igualmente las normas se asignarán a los niños a partir de los seis años y no a los catorce como se hacía antes.
De este modo, se pretende confirmar que las autoridades puedan verificar si una persona constituye una amenaza para la seguridad, si es violenta o está armada clandestinamente. Esta información, concreta puntualmente el Parlamento Europeo en una nota, “facilitará la identificación de los menores no acompañados que puedan huir de las instituciones de acogida o de los servicios sociales para niños, y ayudará a realizar un seguimiento de los menores separados de sus familias que podrían encontrarse en otro Estado miembro”.
A resultas de todo ello, la migración ha sido y es una materia central en las políticas europeas, así como en las inquietudes de las organizaciones de derechos humanos. Por plasmar una breve panorámica próxima en los tres años desde que se divulgó el primer borrador, es preciso llevar la mirada a las costas que se han vuelto puntos aciagos y desdichados de la amplia geografía europea, por la suma de personas migrantes fallecidas en las rutas migratorias. Llámense, Lampedusa, Melilla, Lesbos o Canarias, entras algunas.
Y es que, en el imaginario colectivo relatos como los producidos en la Ciudad Autónoma de Melilla o Lampedusa, han transitado en su devenir tras el estremecimiento inicial a ser una tenebrosa excepción a un entorno potencial y una amenaza latente.
En cuanto al contenido del Pacto, el European Council on Refugees and Exiles, ya avisó en 2020 que este “en lugar de romper con las falacias del enfoque anterior de la UE y ofrecer una oportunidad de empezar de nuevo, corre el riesgo de exacerbar el enfoque en la externalización, la disuasión, la contención y el retorno”. La política migratoria de la UE ha tenido como protagonistas a los líderes de la ultraderecha y éstos se han convertido en una pieza fundamental para que el acuerdo se facilite. La primera ministra italiana Georgia Meloni, que en repetidos momentos ha planteado que “frenar la inmigración ilegal es una prioridad”, se valía de la Cumbre Europea de Granada para convocar una reunión al margen del encuentro y dialogar sobre migración.
En esta realidad, Meloni exhibía su conformidad a la última proposición de debate en relación al pacto de migración por ser, según su razonamiento, “claramente mejor” a las anteriores. A pesar de estas manifestaciones de la líder italiana, no son pocos los que consideran que el pacto sobre migración y asilo busca “la responsabilidad compartida y solidaridad vinculante”.
Algunos cuestionan que desde el Parlamento Europeo se ha desplegado toda la presión posible con el recado de que no se prosperaría ni un palmo en ninguno de los contenidos que conciernen al Consejo Europeo, que son sobre todo los que atañen al esfuerzo de seguridad de fronteras exteriores y los retornos. Si ellos no cedían a la base de la solidaridad.
En cuanto a las concesiones que el pacto otorga a los líderes más criminalizadores de la migración, el Presidente de la Comisión generaliza que precisamente “eso estamos negociando, esa es la regla del juego de la UE. Aquí nadie tiene la sartén por el mango, es una sartén con veintisiete mangos”.
Lo cierto es, que poco más o menos, 356.000 personas han atravesado intermitentemente las fronteras de la UE, o han sido salvadas en el mar en su zona de influencia en 2023, lo que representa un importante esfuerzo de acogida que reincide fundamentalmente sobre un conjunto de naciones, particularmente, los países del Mediterráneo.
Las últimas reseñas facilitadas por la Agencia Europea de Fronteras y Costas (FRONTEX), indican cuatro principales accesos de entrada marítima: primero, el Mediterráneo Central, con dirección a Italia y en mucho menor medida a Malta; segundo, el Mediterráneo Oriental, Grecia; tercero, el Mediterráneo Occidental, España, en concreto por la ruta atlántica a Canarias. Y cuarto, la entrada por tierra: primero, los Balcanes Occidentales, Hungría, Croacia y Rumanía; y segundo, la frontera del Este, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Hungría.
Tras varios años de duras negociaciones en los que uno de los quebraderos de cabeza, por momentos insalvable, residía en el requerimiento de los países del sur de una solidaridad obligatoria en la distribución de las labores por parte del club comunitario, con la tesis de que sus fronteras exteriores son la de todos y ante la obstinación de los estados del norte y el este, el acuerdo ha sido posible.
En base a lo desgranado en estas líneas, Save the Children ha subrayado su inquietud tras percatarse del acuerdo conseguido sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, al que culpa de entrever “un retroceso grande” en los derechos de la infancia migrante, ya que posibilita su captura y permanencia en establecimientos policiales. Así, en una rueda de prensa el director de esta organización en España, Andrés Conde, ha prevenido exponiendo literalmente: “Aún desconocemos el contenido, pero muy probablemente va a ser un retroceso grande en el cumplimiento de los derechos de la infancia migrante y refugiada”.
Primero, les sofoca que este pacto vaya a “facilitar la retención de niños en la frontera y su permanencia en instalaciones policiales” durante “un tiempo completamente inconveniente para su salud mental, su salud física y la continuidad de su proceso educativo. En ningún caso estar en situación de detención es del interés superior de los niños. Ningún niño debe ser detenido”.
Segundo, ha informado de las “dificultades” que encierra el nuevo acuerdo en relación a la reunificación familiar, ya que no distingue que un menor pueda reunirse con su familia si ésta no son sus padres directos, sino sus hermanos, lo que desenmascara “mayor desprotección sobre la infancia”. Y tercero, siente que el pacto “no introduzca mecanismos obligatorios de solidaridad entre los Estados miembros”, proceder que entienden “el más adecuado”, porque en el fondo continúa siendo la frontera sur de Europa “la que va a soportar la carga de la gestión” de las personas migrantes que recalan en suelo europeo.
Estos elementos de solidaridad que a criterio de Save the Children, igualmente deberían “establecerse en España entre las distintas comunidades autónomas”. Finalmente, el acuerdo alcanzado entre los representantes de la Presidencia del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea tendrá que ser formalizado y aprobado en el primer semestre del año recientemente estrenado.
En otras palabras: el complejo paquete migratorio aspira a conferir a los Veintisiete de un instrumento previsible para corresponder a las carencias actuales, incluida la salvaguardia de las fronteras, el acogimiento de los refugiados y el regreso de quienes no tienen derecho a establecerse en la Unión.
En consecuencia, con el transcurrir de los años en el Viejo Continente se ha ido implementando un endurecimiento de las políticas de asilo. Y entretanto, las fuerzas populistas y antiinmigración han punteado el paso y la agenda ante una izquierda desprovista de recursos y respuestas, en la que el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, ambiciona conformar un molde jurídico integral y razonable para mejorar la actividad unilateral y descoordinada de las crisis migratorias con la incursión masiva de solicitantes de asilo.
Un Pacto que es incuestionable para enfrentar uno de los principales escollos de discordia y conflicto de los Estados miembros, sumidos en un enconado choque acentuado por la radicalización del discurso, la polarización y las descriptivas fuera de tono. Porque lo que aquí se consagra es un conjunto de políticas e instrumentales jurídicos de distinta naturaleza, que ante todo proyectan conferir a la UE de actuaciones más eficientes y aspira lograr una compensación entre la responsabilidad colectiva y la solidaridad. Aunque es sabido que no será la panacea para solucionar cada una de las disyuntivas presentes, en la misma línea las democracias robustecen sus leyes migratorias ante el apogeo y la ostentación ultra.