Derechos, sí, pero no pagando

Que para defender los derechos propios no haya que abonar una cantidad extra de dinero. Este es el objetivo del asociacionismo castrense nacional, arrinconado en muchos aspectos por el propio Ministerio de Defensa, poco receptivo a la idea común por la que se constituyeron numerosos colectivos en nuestro país.

De tal manera, las acciones conjuntas que las principales asociaciones profesionales de militares (Asfaspro, Aume, Arme y Amtm) vienen realizando en los últimos días están encaminadas a reivindicar un derecho básico: un tratamiento fiscal acorde con la categoría del efectivo militar que no ponga trabas a la defensa común del mismo.
Así, las mencionadas asociaciones, al unísono, han solicitado al Ministerio de Defensa que promueva la modificación de la Ley del IRPF para que las cuotas satisfechas por sus socios tengan el mismo tratamiento fiscal que las aportadas por cualquier trabajador a su sindicato o colegio profesional.
La Ley Orgánica de Derechos y Deberes prohíbe que un militar se afilie a un sindicato, instituyendo las asociaciones profesionales para la promoción y defensa de sus intereses profesionales, económicos y sociales. “Por tanto”, explican fuentes de Aume, “deben tener el mismo tratamiento fiscal, ya que de lo contrario, el militar aparece claramente discriminado económicamente respecto al resto de funcionarios y trabajadores”.
Desde Aume se añada señalando que “el militar no es un empleado público al uso, se le aplican todos los recortes de este último pero se le sustrae del disfrute de una parte importante de derechos. Las asociaciones profesionales de militares no tienen carácter lucrativo, no reciben subvención alguna del Ministerio de Defensa y se sostienen con las cuotas de sus afiliados. Esta situación nueva en las Fuerzas Armadas no puede quedar como un olvido y, mucho menos, como una discriminación”, asevera.
Esta propuesta que es llevada, conjuntamente por las asociaciones mencionadas, al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, estará en manos de la Subsecretaría de Defensa, que será quien decidirá si es debatida en el próximo Pleno y si finalmente se promueve el cambio legislativo.