El derecho a decidir en la sentencia del ‘procés’

Como se sabe, el pasado 14-10-2019 el Tribunal Supremo (TS) dictó sentencia sobre el ‘procés’. Uno de los primeros efectos que ha producido es que los procesados condenados pasaron de inmediato de “presuntos inculpados” a “delincuentes convictos” (sediciosos, malversadores, desobedientes, etc.). Y no “presos políticos”, sino “políticos presos” por delinquir. Como todos alegaron en juicio como eximente su “derecho a decidir”, veamos el tratamiento que el TS ha dado a esta cuestión.

Quienes me lean recordarán lo reiterativo que he sido diciendo que el “derecho a decidir” no existe, ni en el Derecho Internacional ni en nuestro Derecho interno. Es una mera invención más, dentro del extenso capítulo de grandes falacias y mentiras del separatismo. En mi artículo del 11-01-2016, exponía: “Artur Mas en su discurso de fin de año dio una importancia trascendental a poder él seguir incitando a la secesión con ese énfasis y gesto pontifical que pone llamando al “pueblo catalán” y a los catalanes a ejercer su derecho soberano a “decidir” como nación, como si él fuera el mesías prometido, pese a haber obtenido sólo el 47 % de los votos. Y Cataluña ni es nación, ni pueblo soberano, ni tiene derecho a “decidir”, como tampoco existe esa figura jurídica para el Derecho Internacional, ni para el Derecho interno. Todo eso es falso y una burda fantochada como todas las torpes y esperpénticas invenciones que el secesionismo ha urdido sobre la historia de Cataluña.

Ese falso “derecho a decidir” nació cuando los separatistas catalanes y vascos comenzaron invocando el “derecho de autodeterminación”, que ni siquiera sabían en qué consistía; porque, aunque figura recogido en el artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas, hasta el jurista más novato sabe que esa “libre determinación” para nada se refiere a las regiones o territorios que ya forman parte de un Estado democrático, sino a los “pueblos colonizados” o territorios no autónomos, oprimidos y bajo dominio de una potencia extranjera que los explota, como sucedía por la década de los años 1960-70, que seguían sometidos al yugo colonialista, principalmente en África.

Pero, tanto dicha Carta como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, hacen especial hincapié en el último párrafo de ese artículo, que los independentistas siempre ocultan, que: “Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito, y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”.

Ambos textos internacionales prohíben terminantemente “cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier Estado”. Así se recoge también en las Resoluciones descolonizadoras de las Naciones Unidas de 14-12-1960, en la número 1514 de la XV Asamblea y en la XXV, en la sentencia del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya de 7-12-1927, en la doctrina de la Convención Panamericana de 20-02-1928 y en los Tratados de la Unión Europea.

Alguien debió advertir a los separatistas del enorme ridículo que hacían y la aberración jurídica en que incurrían al pedir su “autodeterminación”, al no poder acogerse a tales normas las regiones que ya formen parte de un Estado. Entonces fue cuando cambiaron el nombre por otro supuesto derecho por ellos inventado, llamándole “Derecho a decidir”, pero sin saber tampoco lo que significa. Por eso, aclaro a los secesionistas que el “derecho a decidir” no existe para las regiones y tampoco está en el mundo jurídico del Derecho Internacional, sino que sólo es una especie de sucedáneo “cocinado” por el independentismo para esconder su verdadero propósito: “amañar” su separación de España a base de “engañar” y “mentir”.

Pues, precisamente, eso es lo que ahora resalta la sentencia del TS, al declarar que “lo que pretendieron los sediciosos era imponer una mera ficción, una ensoñación y una quimera, que en la realidad no existe”. Lo que viene claramente a reforzar mi posición defendida; porque no estamos en presencia de ningún derecho que ampare la posibilidad de independizarse, sino ante una mera reivindicación política emocional, o un ilusorio sueño trasnochado; aunque como el TS acaba de cerrarles también las puertas por el falso “derecho a decidir”, pues resulta que ahora nuevamente vuelven a forcejear por el “derecho de autodeterminación”, echando un pulso más al Tribunal Constitucional. Son inasequibles al desaliento, cabezones y tercos como ellos solos. La “lían”, sí o si, como sea.

Han venido presentando el falso “derecho a decidir” bajo el subterfugio de un doble engaño, porque para poder decidir, lo mismo una persona que un ente político, lo primero que todo derecho exige es tener “capacidad de decisión” del sujeto que vaya a decidir y según lo que vaya a decidir. Jurídicamente, un órgano de la Administración del Estado sólo dispone de capacidad decisoria en función de si tiene atribuida competencia legal para hacer lo que pretenda decidir. Y no la tiene cuando la decisión que se pretende adoptar excede de las propias competencias que el supuesto ente tenga atribuidas.

Ejemplo: una persona enajenada mental, judicialmente incapacitada, carece de capacidad de decidir por sí misma, debiendo decidir por ella el juez, fiscal o tutor, según los casos. Y en el ordenamiento jurídico-constitucional español, el engaño del supuesto derecho a decidir se topa de frente con dos muros infranqueables: la Constitución, que prohíbe terminantemente romper la “indisoluble unidad de la nación española”, porque la soberanía reside en “todo el pueblo español”, más el Derecho Internacional que ya hemos visto prohíbe categóricamente la segregación de las regiones del Estado al que pertenecen. Y, en el caso concreto de Cataluña, la incapacidad para la secesión no sólo trae causa originaria de la Constitución, sino también causa sobrevenida del Tribunal Constitucional, que siempre por unanimidad anuló las distintas leyes que los independentistas llamaron de “transitoriedad” y acuerdos del Parlament con la finalidad de que les sirviera de instrumento disfrazado para independizarse.

El TS remarca ahora: “No existe ningún tratado internacional que avale el derecho a decidir invocado por los investigados, que fue una de las consignas más repetidas en el juicio. Todo movimiento de secesión unilateral en una sociedad como la española, que ha hecho suya la Convención de 1951 y la Carta de Derechos de Lisboa de Derechos Humanos de 2010, es por propia definición, un movimiento antidemocrático, porque antidemocrático es tratar de destrozar las bases de un modelo constitucional para construir una república identitaria en la que el pluralismo ideológico y político no están garantizados. Aunque pretenda camuflarse la falta de legitimidad política del proyecto secesionista mediante la totalitaria preeminencia de un supuesto principio democrático que se impondría sobre el Estado de Derecho, es por definición un movimiento antidemocrático, o sea, tratar de destrozar las bases de modelo constitucional para construir esa república identitaria en la que el pluralismo ideológico y político no están garantizados”.

El TS hace un repaso general de los distintos sistemas jurídico-constitucionales de los países democráticos de Europa, y no encuentra ni uno solo que permita que una región de un Estado se separe unilateralmente del Estado al que antes ya pertenece, excepción hecha de los Estados federados de la antigua URSS o similares en los que, como se federaron voluntariamente siendo antes independientes, también voluntariamente pudieron segregarse después, aparte de que cuando se segregaron no eran democráticos, o que, aun siéndolo, como es el caso de Escocia respecto de Gran Bretaña que en 2014 permitió la celebración de un referéndum, pero pudo celebrarlo porque como su federación estatal (Inglaterra, Escocia y País de Gales) fue de carácter voluntario, también voluntariamente podían separarse si Gran Bretaña autorizaba el referéndum y luego lo ganaban, porque al no contar con una Constitución británica escrita que lo impida, también pueden optar por segregarse, siempre que los demás Estados federados lo consientan, como consintieron el referéndum escocés.

El TS añade: “No existe ninguna constitución europea que avale el ‘derecho a decidir’, tal y como de forma reiterada, reivindican los procesados. Ningún tribunal constitucional de nuestro entorno ha reconocido ese derecho entre el catálogo de derechos que forman nuestro patrimonio jurídico. No existe, en suma, tratado internacional que haya codificado el ‘derecho a decidir’. Aunque pretenda camuflarse la falta de legitimidad política del proyecto secesionista mediante la totalitaria preeminencia de un supuesto principio democrático que se impondría sobre el Estado de derecho. No hay democracia fuera del Estado de Derecho. Llevada a sus últimas consecuencias esa obcecada prevalencia, habríamos de admitir que la aplicación del “derecho a decidir” podría imponerse en cualquier momento y respecto de cualquier materia reglada por el ordenamiento jurídico. Una sociedad en la que su carta fundacional subordina a la voluntad de su Presidente la estructura misma del poder judicial solo puede ser construida mediante la vulneración de principios constitucionales que nunca habrían podido ser modificados por las vías legales de reforma. Y la contumaz búsqueda de ese modelo de ruptura, desoyendo los requerimientos formulados por el Tribunal Constitucional, vulnera bienes jurídicos del máximo rango axiológico”.

En Cataluña, Artur Mas prendió la mecha independentista; El prófugo de la justicia, Puigdemont, detonó el explosivo con el que pretendieron romper España haciéndola saltar por los aires. Y Torra parece ser el activista mayor del Reino, jaleando y alentando a sus huestes más violentas (la CUP, CDR, Tsunami Democrátic, Arran, Antisistemas, Anarquistas, etc.); teniendo los tres la ineludible obligación de cumplir la Constitución y hacerla cumplir como máximo representantes del Estado en su Comunidad, así como garantizar la paz social, el orden público y la seguridad ciudadana, en vez de prevalerse del cargo para desmotar el Estado español desde dentro y a costa del propio Estado. ¿Merecen los catalanes honrados y pacíficos de verdad tener gobernantes así, con Torra, llegando en coche oficial a encabezar manifestaciones?. Eso sólo lo hace el típico pirómano, metido a bombero; algo nunca visto en ningún país del mundo democrático; eso sólo ocurre en España. ¡Qué vergüenza!.

Y es que, los separatistas son tan incoherentes, hipócritas y falsos, que no sienten ningún rubor en aparentar luego ante el mundo que ellos son “democráticos”, “pacíficos” y “cívicos”, que dicen haber hecho sólo lo más democrático que hay: “votar”, para “liberarse de la opresión, represión y expolio de la malvada España que les roba”. Pues a todos formulo sólo dos preguntas:

1ª. ¿Es “democrático”, “pacífico” y “cívico” que en Cataluña haya ya 7 imputados por presunto delito de “fabricación y tenencia de explosivos” (5 encarcelados), de los que Torra jalea ordenándoles: “¡Apretad más!”; o causar 289 Policías y Mossos heridos, uno muy grave, machacándole la cabeza con un adoquín que rompió su casco y cráneo; quemando 267 vehículos policiales, decenas de particulares, 800 contenedores, banderas de España y efigies del rey; saqueos y pillaje de comercios, insultos, amenazas y apaleos a policías, arrojándoles cócteles molotov, piedras, petardos, bengalas, botellas con ácido, excrementos, bolas de acero disparadas con tirachinas, martillos, cristales cortantes, pinturas, bengalas, cohetes incendiarios al helicóptero policial en vuelo, levantamiento de barricadas con neumáticos-hogueras; cortes de carreteras y frontera con Francia, sabotajes en vías férreas, asedio al aeropuerto, destrozo de mobiliario urbano público y privado, cerco a la Sagrada Familia hasta cerrarla, huelga política ilegal, agresiones a periodistas, asedios a jefaturas de Policía y gravísimos atropellos de derechos y libertades ciudadanos; consigna de ANC de destruir todo lo que es español, etc?.

Todo eso, claro que es “democracia” dictatorial, “pacifismo” en llamas y “civismo” vandálico, alentados por quien es el mayor peligro para Cataluña y el más grande enemigo de España: Quim Torra, que alienta y calienta a sus radicales, mientras dice: “Yo los únicos violentos que he visto son los que retiraban lazos amarillos”.

2ª. ¿Quién paga la multimillonaria factura de la autodestrucción de Cataluña con tanto salvajismo?.