Narcolanchas, motos de agua, viejas pateras de pesca, pequeñas gomas... Más de un centenar de embarcaciones han sido intervenidas por la
Guardia Civil este verano, en el transcurso de intervenciones vinculadas al
tráfico de drogas o de inmigrantes. Embarcaciones que forman parte de procedimientos judiciales, cuya protección es responsabilidad de la Gerencia de Justicia pero que, contra todo pronóstico, se encuentran desperdigadas en la base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Ceuta, en pleno
puerto deportivo. A este abandono se suman otros hechos más graves: la degradación del propio bien con los efectos contaminantes en los que se está incurriendo así como el hundimiento de algunas de estas piezas. Esto sin contar el entorpecimiento que provocan para que el Instituto Armado pueda maniobrar con sus patrulleras de forma adecuada o los daños colaterales en forma de posibles riesgos para los demás usuarios del puerto deportivo, tal y como advirtió la Asociación Náuticos de Ceuta.
La situación, cada vez más grave, que afecta a este auténtico cementerio de narcolanchas es idéntica que la que sufre la Autoridad Portuaria en sus instalaciones restringidas en donde la acumulación de decenas de vehículos que han sido intervenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad convierten el recinto portuario en un particular depósito judicial.
A finales de este mes de julio la
Delegación del Gobierno acogió una gran reunión justo después de un espectacular incendio de coches en el puerto. De ese encuentro, en el que estuvieron presentes la Policía Nacional, Guardia Civil, Autoridad Portuaria, Ciudad, Fiscalía, Gerencia Territorial, Secretaría de Gobierno y técnicos, nació el compromiso de buscar soluciones urgentes para evitar esta situación. Han pasado 5 meses y esa particular hoja de ruta ha sido todo un fracaso.
¿Quién es responsable sobre estos bienes? y ¿quién por tanto debe asumir las consecuencias si se produce cualquier accidente? En un informe elaborado por la Abogacía del Estado y que fue remitido a la Delegación del Gobierno, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta, se deja claro que los vehículos intervenidos por hechos presuntamente delictivos tienen consideración “de efectos judiciales”. Por tanto su “custodia y conservación” ha de realizarse “en locales públicos destinados al efecto, de modo que la utilización de espacios y ubicaciones que no reúnan estos requisitos constituye un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en Ceuta, al permitirse que cientos de coches y de embarcaciones que deberían estar en un depósito judicial, bajo control de la Gerencia hasta que finalice el procedimiento abierto, permanezcan en estado práctico de abandono, bien en el puerto o bien en el deportivo, o incluso, en varios casos, en la dársena pesquera.
Si no hay un pronunciamiento expreso que diga lo contrario -y en estos casos no lo hay- esos bienes son “efectos judiciales” y por tanto deberían estar bajo control de un depósito contratado por Justicia, algo que en la actualidad no existe ni se propone hacerlo.
La misma Abogacía del Estado ha advertido ya que las dependencias de la Autoridad Portuaria “no reúnen los requisitos para asumir la custodia y conservación de los efectos judiciales”. Es la autoridad judicial la que debe resolver este conflicto, dándose instrucciones por parte de la Gerencia a los órganos judiciales y Ministerio Fiscal para que se dé solución a la cada vez mayor acumulación de esqueletos de hierro, fibra y madera que un día fueron empleados para la comisión de delitos.
Un problema cada vez más grave
Una situación de riesgo: incendios, falta de higiene, atentado medioambiental... La hemeroteca de este periódico conserva una hilera de episodios vandálicos en los que han quedado calcinados coches que estaban en el puerto en calidad de intervenidos judicialmente. Esto ha llevado a una situación de riesgo para el propio Puerto, pero también para los viajeros y para la ciudadanía en general por cuanto hay instalaciones críticas próximas. De cada uno de estos episodios está informada la Gerencia de Justicia, el Juez Decano y la Delegación del Gobierno, pero conforme ha pasado la ‘presión mediática’ del momento, se han olvidado de los deberes que siguen sin hacerse.
Solo algunos de los coches calcinados han podido ser retirados del lugar, como en el caso de unas pocas embarcaciones, pero la mayoría sigue desperdigada por zonas no habilitadas que van creciendo como si fueran depósitos y que generan situaciones de inseguridad, peligro para los propios inmigrantes que usan estos vehículos intervenidos como habitáculo... amén de constituir un atentado medioambiental claro. La propia ubicación geográfica de Ceuta la convierte en un punto en el que las intervenciones y decomisos de coches o embarcaciones son constantes.
Zonas usadas como depósitos ilegales La falta de pronunciamiento por parte de la Gerencia lleva a que se estén usando determinadas zonas como si fueran depósitos sin serlo. Es decir, la inacción por parte de los responsables lleva a convertir, por ejemplo, el puerto en un gran depósito judicial falso, con zonas restringidas en las que se acumulan coches y furgonetas intervenidas por las fuerzas de seguridad. Deberían estar en un depósito judicial, pero mientras tanto se permite que estén allí. No pueden destruirse sin autorización judicial, tampoco trasladarse al depósito de Benzú porque no es judicial, a pesar de que allí lleven todavía abandonadas antiguas embarcaciones de la famosa Operación Marinas. En el puerto hay coches que llevan en una especie de limbo años. La propia Abogacía del Estado ha cuestionado este emplazamiento, advirtiendo de que deben estar en un depósito judicial autorizado por la Gerencia. La propia ley lo indica: los efectos judiciales son todos aquellos bienes puestos a disposición judicial, embargados, incautados o aprehendidos en el curso de un procedimiento penal. Deben estar en un depósito judicial y ser conservados con todas las garantías.
Garantizar los elementos de prueba Los bienes intervenidos con motivo de procedimientos judiciales deben guardarse y cuidarse para que estén en el mejor de los estados. Hay que garantizar que lo que ha sido decomisado se conserve tal y como se intervino al ser un elemento de prueba que puede ser requerido durante el procedimiento judicial. Mientras no haya una resolución judicial firme, esos vehículos son pruebas que no pueden ser alteradas. Si esos procedimientos terminan siendo absolutorios, el dueño del vehículo o embarcación puede exigir su devolución: ¿tiene garantizado que se le devolverá en el mismo estado en que le fue intervenido? Es la autoridad judicial la que tiene competencia exclusiva para determinar qué efectos judiciales son merecedores por su naturaleza o circunstancias de aseguramiento. Esa conservación debe llevarse a cabo en un depósito, garantizando el momento de su devolución o puesta a disposición judicial en un procedimiento abierto. Hay casos, como fue la famosa Operación Palmera, en el que la sentencia llegó años después y se ordenó la devolución de unos bienes que estaban destrozados o ni se encontraron.
El riesgo que este asunto está suponiendo para la Autoridad Portuaria La falta de un procedimiento extraordinario que retire todos estos vehículos -coches y embarcaciones- y facilite un acuerdo para mantenerlos bajo depósito judicial genera riesgos en cadena. Primero para las propias operaciones de trabajo de la Autoridad Portuaria, segundo por los riesgos que generan en instalaciones críticas de producirse algún incendio. Pero hay más. Los coches sirven de morada para los inmigrantes, que pueden sufrir accidentes en su interior además de generarse problemas de higiene, como ya fueron advertidos y denunciados en el entorno de la Casa del Mar. En el caso del puerto deportivo ya ha habido hundimiento de pateras, intentos de robo de varias intervenidas, quemas de otras... amén de los riesgos que supone para los agentes de esta Unidad trabajar en una base que no reúne las condiciones de punto de referencia para el Servicio Marítimo.
Y los propios usuarios del puerto deportivo, clubes, federaciones y asociaciones relacionadas con el deportivo han denunciado el peligro de su concentración cerca de la gasolinera además de los obstáculos que suponen para la navegación. Cualquier pieza intervenida puede hundirse o dejarse a merced de un temporal que provoque daños en las naves de los usuarios que pagan su tasa.