Denuncian tratos de favor a grandes narcos en la cárcel

El exsubdirector de Seguridad de la prisión de Fuerte Mendizábal, Gustavo Gómez, cesado de forma fulminante el pasado 16 de octubre por la directora del centro, Nonia Velázquez, ha alertado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los órganos directivos que de ella dependen de la existencia en la cárcel local de presuntos tratos de favor a grandes conocidos narcotraficantes encerrados en Ceuta, de los condenados por ‘mover’ al menos media tonelada de mercancía.

La denuncia e investigación de esas y otras supuestas irregularidades y anomalías en directivos y funcionarios serían las “verdaderas razones”, tal y como ha trasladado por escrito, de su remoción, por la que no habría recibido aún explicación alguna.

Fuentes de los Servicios Centrales de Instituciones Penitenciarias han evitado confirmar o desmentir la recepción de dichos informes o las consecuencias que se hayan podido derivar de los mismos, aunque han dejado claro que sus órganos competentes analizan “toda” la información que llega a sus manos.

Desde el Centro Penitenciario de Ceuta las fuentes consultadas han rechazado hacer ningún tipo de declaración más allá de asegurar que “todo” lo que sucede en su interior se pone en conocimiento de la Secretaría General y las Subdirecciones responsables. El exsubdirector de Seguridad cesado ha desestimado al ser contactado por este periódico efectuar pronunciamiento alguno.

El exsubdirector de Seguridad ha rechazado hacer declaración alguna

Gómez remitió su informe principal a los Servicios Centrales (complementado después con distintos anexos) el pasado 18 de octubre, dos días después de ver borrado su perfil de usuario y conocer su cese sin más explicaciones por parte de Velázquez, que según su versión se negó a recibirlo.

El exsubdirector de Seguridad pasó cerca de tres años en ese cargo en la cárcel local y ubica en verano del año pasado, cuando en menos de dos meses fueron encarcelados tres narcotraficantes con vitola, influencias y alto poder adquisitivo (uno multirreincidente) y aparentemente bien relacionados con algunos funcionarios, el comienzo de las confrontaciones abiertas con sus superiores.

Las conexiones de los ya condenados, ha alertado Gómez a los Servicios Centrales de Instituciones Penitenciarias, no solo se traducirían “en la introducción de productos prohibidos desde el exterior”, sino también en la filtración de posicionamientos y “cierta influencia” en las votaciones de la Junta de Tratamiento a la hora de aprobar o no permisos, por ejemplo.

“La ascendente sobre el personal penitenciario se torna más llamativa al comprobarse que, en contra del criterio del Área de Seguridad, se ofrecen puestos de trabajo en el módulo de destino pese a ser un recién llegado o la defensa cerrada a aplicar medidas de control como cacheos, cambios de celda o de módulo”, advierte el documento, que refleja que uno de esos internos “se jactaba de tener mucha mano en el establecimiento”.

Las alertas sobre el “mal comportamiento” y la “influencia nociva” de ese preso sobre el resto y algunos funcionarios no fueron óbice para que se le concediera un primer permiso (en el que habría mentido sobre su intención de visitar a un familiar) y otro más en la Junta de Tratamiento, cuyas votaciones se filtraban de forma sistemática, algo que podría poner en riesgo a los informantes del Grupo de Intervención de Control Operativo (GICO) interno.

Traslados y permisos

La Subdirección de Seguridad, que actualmente sigue vacante, logró que la Dirección de la prisión aprobase en mayo el traslado de ese interno y los otros dos sentenciados por tráfico de drogas a gran escala del módulo de “tranquilos” al de “más conflictivos”, pero poco después esa decisión se revocó “sin dar ningún tipo de razón”. Tampoco se atendieron las recomendaciones para que fuesen trasladados a la península, incluso una vez condenados, y así evitar que “contaminasen” el ambiente en Loma Mendizábal. Además, se habría facilitado su paso de segundo a tercer grado 'forzando' el debate del mismo cuanto antes.

Gómez recibió poco después instrucciones verbales sobre la necesidad de no dar recorrido a informaciones sobre la comisión de “irregularidades” de tres funcionarios concretos y de “obedecer sin objeciones ni alternativas las órdenes recibidas”. Además se le vetó expresamente ponerse en contacto con los Servicios Centrales y “no hablar con Madrid” bajo la “amenaza” de considerar la desobediencia como “deslealtad”.

A principios del mes de octubre el subdirector removido emitió un informe dando cuenta de la existencia de unas imágenes de las cámaras del circuito cerrado de televisión en las que se veía a uno de los funcionarios objeto de protección especial cuando “podría estar realizando la entrega de objetos no autorizados a internos relevantes por su capacidad económica y de influencia”. El mismo fue trasladado a la Dirección, que supuestamente alertó al empleado público de lo sucedido, que advirtió a Gómez de que: “La has cagado, se te acabó la historia en Ceuta”.

Desde la prisión local se asegura que “todo” lo que pasa se traslada a Madrid

El hermano de ese empleado público y compañero en Fuerte Mendizábal celebró la publicación en este periódico de la noticia del cese del subdirector de Seguridad con un comentario soez en Facebook. En los escritos remitidos a los Servicios Centrales se le señala como presunto filtrador de las votaciones en la Junta de Tratamiento, por “presionar a nivel político” para lograr nombramientos y destituciones y por apoyarse en narcos en el periodo de voto por correo de los internos para multiplicar su participación en los últimos procesos electorales.

Antes de ver borrado su perfil de usuario del sistema y ser cesado, Gómez registró otro informe oficial alertando de la posibilidad de que un funcionario destinado en Cocina y Muelle estuviese, según las informaciones recabadas, facilitando la introducción y venta de comida, hachís y alcohol para los mismos reclusos con influencia a través de un entramado de internos que se encargarían de su recepción, guarda y posterior distribución.

El exsubdirector de Seguridad solicitó, según su versión sin éxito, apoyo de sus superiores para pedir a las Fuerzas de Seguridad que corroborasen esos extremos, así como la posible existencia de relaciones económicas y personales directas entre algunos funcionarios y los internos de especial relevancia reseñados, que habrían instigado incluso la recopilación de información personal sobre empleados de la prisión no dóciles con sus intereses.

El subdirector cesado dice haber sido llamado a no ‘incomodar’ a tres funcionarios

Gómez también ha denunciado que sus superiores en Ceuta no han atendido de manera efectiva la reiterada petición del Grupo de Atención al Drogodependiente (GAD) de la prisión para disponer de muestras de cocaína y heroína con el fin de mantener la operatividad de la Unidad Canina de Prisiones encargada de detectar estupefacientes en la penitenciaría local. La respuesta que obtuvo es que “no existen en los almacenes porque no se han intervenido esas sustancias en la ciudad”.

Cuando elaboraba otro dictamen sobre la entrada en la cárcel de un agente de las Fuerzas de Seguridad investigado penalmente que compagina esa función con la de abogado, su perfil de usuario profesional fue suprimido.

“Toda la información es analizada”

Fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, han explicado a este periódico al ser preguntada por los informes evacuados por el subdirector de Seguridad de la prisión de Ceuta que “la Administración Penitenciaria tiene sus procedimientos de análisis internos muy regulados” y que “toda la información que se traslada a los Servicios Centrales es analizada por las unidades competentes”. La Subdirección General de Análisis e Inspección es la que asume “la función inspectora sobre los servicios, organismos y centros, especialmente en lo que se refiere al personal, procedimientos, instalaciones y dotaciones”.