Fundación Raíces denuncia en el Congreso los procedimientos en las pruebas a menores migrantes para saber su edad, entre ellas "desnudos integrantes que vulneran sus derechos"
La presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, ha denunciado en el Congreso de los Diputados las "intrusivas e inapropiadas" pruebas para determinar si los inmigrantes son
menores cuando llegan a España. Lo ha hecho durante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia en la que ha intervenido para denunciar la situación de los los menores que, según sostiene, "sufren malos tratos bajo el supuesto amparo del sistema de protección de la infancia". Para la presidenta de la fundación, es necesario que este procedimiento "se haga con garantías" y las pruebas médicas debe "respetar" los derechos de las personas. En su opinión, los desnudos integrales "se hace cada día" y "atentan contra su dignidad".
El caso de una niña de Camerún
Para visibilizar la situación, ha relatado el caso de una niña de 16 años procedente de Camerún, donde fue víctima de agresiones e intento de matrimonio forzoso. Al llegar a España, fue identificada como menor en situación de desamparo y, en condición de solicitante de asilo, fue derivada al sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid. Tras dos meses, según esta versióbn, fue conducida a la Fiscalía de Menores para iniciar el procedimiento de determinación de la edad. Allí, "fue sometida a un desnudo integral" para realizar una exploración de sus genitales, pese a ser "una posible víctima de trata". A la joven también se le realizó una radiografía de muñeca y boca cuyo resultado determinó que era menor de edad. "A pesar de ello, fue convertida por un decreto del fiscal en una mayor de edad y expulsada a la calle desde el sistema de protección de Madrid", ha denunciado. Fundación Raíces ha instado al Ejecutivo al "cumplimiento inmediato" de las observaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, al tiempo que ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, a comparecer en sede parlamentaria para que expliquen sus actuaciones a este respecto. El Comité urgió al Gobierno a modificar el Protocolo Marco de actuación con menores extranjeros no acompañados y a adoptar medidas para asegurar que los niños que llegan son correctamente identificados como tales en frontera, así como a mejorar su acceso al procedimiento de asilo y garantizar condiciones adecuadas en los centros donde se les aloja, especialmente en Ceuta y Melilla.