El vecino de Ceuta, Sufian El Harime Mohamed, ha presentado una denuncia formal ante la Guardia Civil y diversas reclamaciones ante los servicios sanitarios del Ingesa por una presunta cadena de negligencias graves cometidas entre los días 24 y 27 de enero sobre su hermano, un varón de 30 años con una discapacidad reconocida del 74%.
Según consta en la denuncia facilitada a este periódico, los hechos se iniciaron el 24 de enero cuando el afectado sufrió este brote psicótico grave.
En ese momento, el paciente que había sufrido el brote psicótico se encontraba totalmente desorientado, incoherente en sus palabras, en muy mal estado físico e higiénico, sin tratamiento médico alguno, mojado y con un fuerte olor corporal.
Ante la gravedad de la situación y el riesgo que suponía tanto para él como para terceros, la familia se vio obligada a denunciar los hechos, según cuenta Sufian, porque de haber recibido su hermano el tratamiento necesario, jamás habrían procedido a una denuncia contra este familiar.
Esta decisión se vio forzada tras ser informada la familia desde el Hospital Universitario de Ceuta de que sin una actuación judicial no se le proporcionaría la atención médica especializada y que, de no interponer denuncia, podría ser puesto nuevamente en libertad sin asistencia sanitaria.
Como consecuencia de dicha denuncia, se celebró un juicio rápido y el afectado fue detenido y trasladado a los calabozos, quedando bajo custodia policial. Durante todo el procedimiento, tanto en la denuncia como ante la autoridad judicial, se informó expresamente de que el detenido se encontraba en pleno brote psicótico, sin capacidad de autocuidado ni coherencia, y que precisaba atención médica urgente.
Esa misma noche, el hermano del afectado solicitó permiso a una agente de Policía para hacerle llegar ropa limpia, recibiendo autorización siempre que la ropa no contuviera cordones ni objetos peligrosos.
Siguiendo estas instrucciones, fue a casa y recogió algunas prendas para proporcionar una higiene básica a su hermano. Sin embargo, al intentar entregar la ropa, se le negó la entrada de forma absoluta.
El responsable de calabozos le indicó que “por seguridad no entraba ninguna ropa”, contradiciendo a la agente que previamente había comunicado lo contrario al hermano del detenido.
Según relata el denunciante, el trato recibido fue brusco, autoritario y desconsiderado, sin que se ofreciera explicación ni alternativa alguna, a pesar de la situación de vulnerabilidad del detenido.
Posteriormente, al día siguiente, el propio perjudicado relató a su hermano que los hechos que dieron lugar a las supuestas agresiones mencionadas al comienzo tuvieron lugar durante la noche que estuvo detenido en el calabozo.
El 25 de enero, tras finalizar el juicio rápido sobre las 15:00 horas, Sufian El Harime Mohamed se dirigió al hospital para interesarse por la situación de su hermano, encontrándolo solo en la vía pública, sin custodia policial, sin tratamiento médico y completamente desatendido.
Según la denuncia, el traslado se había realizado en un vehículo policial no medicalizado, dejándolo en la puerta del hospital sin garantizar su ingreso ni su custodia, pese a existir una resolución judicial y a su estado mental.
Este traslado, según relata Sufian, debería haberse realizado en ambulancia y el paciente no debería haber quedado desatendido ni un solo segundo dada su condición.
Ante la ausencia total de custodia, el denunciante permaneció personalmente con su hermano desde las 15:00 horas del día 23 hasta las 10:30 horas del día 24, sin descanso, para evitar una posible fuga, autolesiones o daños a terceros, faltando a su trabajo “porque la Policía Nacional no hizo el suyo”.
Los vigilantes de seguridad del hospital reconocieron que la custodia correspondía a la Policía Nacional y que el traslado debió realizarse en ambulancia medicalizada.
Tras su estancia en los calabozos, una vez finalizado el juicio y ya más relajado junto a su hermano, el afectado relató posteriormente, quedando constancia en una grabación realizada durante su ingreso hospitalario, que fue sometido a varios cacheos, uno de ellos en la zona de los baños, fuera del alcance de las cámaras.
Según su testimonio, fue obligado a desnudarse parcialmente, sufrió la manipulación de sus partes íntimas y fue rodeado por varios agentes, encontrándose completamente indefenso.
Asegura además haber recibido golpes que le causaron contusiones no existentes con anterioridad, así como burlas y comentarios vejatorios, incluidos de carácter religioso en tono de burla. Todo esto queda recogido en la denuncia presentada ante la Guardia Civil.
En cuanto a la atención sanitaria, se denuncia que fue trasladado al servicio SUAP de Ceuta sin ambulancia medicalizada y bajo custodia policial. Según la reclamación presentada ante Ingesa, los agentes presionaron al personal sanitario para administrar una sedación superior a la prescrita inicialmente.
“Pínchale otra”, dice el paciente que escuchaba decir a los agentes a los sanitarios que lo atendieron.
El personal de enfermería habría administrado hasta siete inyecciones de distintos fármacos, según cuenta el afectado en un audio al que El Faro ha podido tener acceso, lo que habría provocado un estado de sedación extrema.
La familia ha solicitado la identificación del personal sanitario interviniente, el historial completo de administración de la medicación, la elaboración de un informe de lesiones que acrediten los golpes que el afectado habría recibido supuestamente durante su estancia en los calabozos y la apertura de expedientes disciplinarios por presunta mala praxis.
Finalmente, hoy 27 de enero, el centro psiquiátrico de Jerez al que fue desplazado, ha contactado con la familia para informar de que la documentación remitida desde la sanidad ceutí no sería suficiente para garantizar el internamiento, advirtiendo incluso de una posible alta inmediata.
Esta comunicación ha incrementado la indignación de la familia, que denuncia una sucesión de incongruencias administrativas, sanitarias y policiales cuyas consecuencias, aseguran, continúan a día de hoy.
El denunciante ha solicitado que los hechos sean investigados, que se pongan nombres y apellidos a estas irresponsabilidades y que se adopten medidas urgentes para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en Ceuta.
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