Democracia y buena gobernanza

¿Cómo podemos renovar nuestras democracias en el siglo XXI, para aumentar su legitimidad ante los ciudadanos? Una respuesta recurrente es, con actuaciones que generen integración y cohesión social. De forma más precisa, se trata de introducir desde las instituciones políticas, mecanismos y estrategias que reduzcan la desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos, los gobernantes y los poderes públicos, porque se compruebe que dichos poderes atienden con eficacia las demandas de los ciudadanos. Igualmente, a la par, se trata de activar iniciativas ciudadanas que sean impulsoras del buen gobierno y animen a los poderes públicos a subirse al tren de la gobernanza.

No hay garantías de supervivencia de las democracias y de las sociedades libres si no contamos con una ciudadanía proactiva en la defensa de sus derechos y obligaciones. Por lo tanto, es conveniente la renovación de las democracias representativas y su puesta a punto, atendiendo a los cambios sociales habidos, a sus propias trasformaciones y a las demandas actuales de los ciudadanos. La gobernanza y el gobierno en gobernanza es uno de los recursos que se han puesto en marcha desde las instituciones europeas para responder adecuadamente a las demandas ciudadanas y reducir así la desafección política, la desconfianza hacia los poderes públicos y desde luego, para mejorar la eficacia de las políticas públicas. Parece verificarse cierta mejora de la calidad democrática en los países que más aplican los cinco principios de la gobernanza (apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia), aplicados tanto a las normas, como a los procesos, como al comportamiento de los actores. En este sentido, en 2019, el índice europeo sobre la buena gobernanza señala a los países nórdicos como las democracias con mayor calidad de los gobiernos.

La democracia española y el gobierno democrático de la ciudad de Ceuta tienen margen para mejorar la salud de sus instituciones y reducir cierta apatía política de la sociedad. Se trata de aplicar nuevas técnicas de gestión social que aproximen y conecten a gobernantes y gobernados, porque, en la actualidad, los poderes y las administraciones públicas han de gobernar “de cara a los ciudadanos”, evitando la opacidad tradicional del poder y las decisiones a puerta cerrada. Es necesario recuperar la relación representativa entre electores y gobernantes, pero renovándola mediante una mayor participación de la ciudadanía, una constante comunicación y transparencia en el proceso decisional, y desde luego, como en toda democracia, con una rendición de cuentas tanto vertical como horizontal. Aquellos territorios de España más activos en estas técnicas de gestión social, cuentan, efectivamente, con un mejor índice de calidad del gobierno, como es el caso de País Vasco, Asturias o Cantabria.

El gobierno en gobernanza, acorde con las transformaciones sociales y los avances de las nuevas tecnologías, aplica unas formas más flexibles de ejercicio del poder, más horizontales y más cooperativas, incluyendo el diálogo entre ciudadanos, administraciones y representantes políticos, que pueden mejorar los resultados de la democracia. Los presupuestos participativos, los formatos deliberativos en la toma de decisiones, los mecanismos de democracia directa, o las asambleas ciudadanas son algunas de las fórmulas de ese trabajo colaborativo que, en todo caso, requiere una adecuada planificación, organización y dotación de recursos. Por último, todo buen gobierno requiere una cultura de integridad en el comportamiento de los responsables públicos y de la sociedad que impida la corrupción, principal factor de desafección y desconfianza de la ciudadanía hacia la política.