Por mucho que busco y observo apenas logro distinguir, entre inmigrantes ilegales, a cuerpos víctimas de crisis humanitarias, de hambres y penalidades en sus orígenes. Al contrario, veo cuerpos nutridos, sanos, hercúleos, en un estado físico aparentemente envidiable, capaces de saltar vallas con varios metros de altura, con concertinas o sin ellas (mejor sin ellas, claro), tan embrutecidos que son capaces de cometer violaciones en el mismísimo barco que los trae a nuestras costas.
Estos no vienen por ninguna crisis humanitaria. A no ser que consideremos sujeto de crisis humanitaria a cualquier inmigrante económico de países tercermundistas. Todo África lo es, lo ha sido toda la vida pese a la enorme cantidad de dinero que el mundo civilizado le ha estado inyectando. Quizá tenga algo que ver la enorme cantidad de paraísos socialistas que han ocupado sus gobiernos.
Este tipo de inmigrante viene con una esperanza de mejora abismal, sobre todo porque no hacen más que oír que les proporcionamos vivienda gratuita, ayudas sociales de ensueño, asistencia sanitaria de máximo nivel, un nivel de corrección política que da más volumen a sus quejas (normalmente de carácter violento) que a las de ciudadanos de pleno derecho, y no digamos de un sistema judicial cuyas penas, en el caso de que las hubieras, son comparables a vacaciones pagadas en sus países de origen. Vamos, que para ellos aquí atamos a los perros con longanizas y el elíseo para delincuentes.
El efecto llamada ya fue descrito varios decenios atrás, y el aprovechamiento de las mafias es tan vetusto como ese efecto. Lo que no estaba tan descrito es la connivencia de algunas ONGs con las mafias, y les recuerdo que el 0,7% de nuestros impuestos va a parar a esas ONGs. Es decir, que con dinero estatal, dinero de todos, existen ONGs que se dedican a actuar de taxis, con servicio de recogida a domicilio, de las mafias, colaborando con el trato de vidas humanas como mercancía.
No seamos demagogos en el sentido peyorativo de la expresión. Los españoles también emigramos, pero con papeles; es decir, legalmente. Y, hoy día, cualquier ciudadano de un país normal, para entrar en otro país, tiene que solicitar visado, demostrar el objeto del viaje, tener el pasaporte en regla, billetes de ida y vuelta, reservas de hotel, etc. Por supuesto, entrar en otros países no garantiza el derecho a asistencias sociales ni devenga servicios sanitarios.
No deja de ser curioso la generosidad de nuestros políticos con estos cruces de fronteras ilegales. Mientras estos amigos de lo políticamente correcto siempre viven en casas de ensueño y con salarios muy por encima de la media de los españoles, siempre están dispuestos a pegar un nuevo bocado a los presupuestos para compartirlo generosamente. Eso sí, si algún apartado de los presupuestos está en peligro, siempre son las pensiones.
La premisa para socorrer a terceros es ponerse a salvo uno mismo. No acabo de entender cómo podemos rescatar a los ilegales cuando el mismo gobierno ha creado un “Comisionado para la pobreza infantil”, y no está garantizado un sistema de ingresos mínimos familiares, o la pobreza o población en riesgo de exclusión social está en cifras insospechadas.
No se trata de abandonarlos a su suerte, sino de dejarles claro que este no es el camino. Y eso se hace devolviéndolos a su puerto de origen.