La frontera del Tarajal contará con bolardos para evitar que puedan producirse entradas
como la de la furgoneta en la que un kamikaze logró colar en Ceuta a 52 subsaharianos en la madrugada del lunes. Esta es una de las medidas que ha comunicado la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, al representante de la
Asociación Española de la Guardia Civil en nuestra ciudad (AEGC), Juan Amado. Se lo ha trasladado en un encuentro mantenido a petición de la propia delegada y desarrollado
en la sede de la Delegación, en la plaza de los Reyes. A los bolardos se suman otras medidas de seguridad que están siendo estudiadas y que persiguen que entradas tan violentas como esta,
que pudo suponer una auténtica tragedia, no se repitan. Porque es lo que las fuerzas de seguridad temen, que después de haber tenido éxito una entrada de este calado, las redes de pase de inmigrantes vuelvan a intentarlo. Es evidente que las puertas de seguridad colocadas no han tenido su efecto, por lo que se quieren adoptar medios más contundentes. La propia AEGC ya pidió el pasado verano, tras la entrada de otro kamikaze armado con un cuchillo, que se implantaran bolardos. En este encuentro Mateos ha comunicado que así se hará, amén de otras actuaciones como la puesta en marcha de la frontera inteligente, cámaras de reconocimiento facial o control sobre los carriles. Las medidas de seguridad expuestas por la representante de la administración central en Ceuta han satisfecho a la asociación que considera que, de llevarse a efecto, serán muy efectivas ante casos como los ocurridos.
Pérdidas de derechos en los guardias civiles
Amado ha aprovechado este encuentro para trasladar a la delegada del Gobierno el malestar que existe en el seno de la Guardia Civil por las medidas que quieren ponerse en marcha y que van a suponer una merma de derechos conseguidos. La Dirección General de la Guardia Civil quiere implantar medidas que van a incidir en las jornadas de vacaciones, turnos de descansos o incentivos al rendimiento. El borrador que ya se maneja supone un atentado contra los derechos sociolaborales ya adquiridos. AEGC ha expuesto a la delegada la situación, lamentando que sea un PSOE el partido que adopta medidas para nada progresistas. La delegada del Gobierno se ha comprometido a trasladar ese malestar a Madrid, recogiendo la problemática que va a suponer un cambio que, por ejemplo, perturba gravemente la conciliación familiar y laboral de los agentes.