La
delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha declarado este lunes durante una hora y media ante la
Fiscalía como investigada por
un presunto delito de prevaricación en la repatriación de 55 menores que el Ministerio del Interior y las autoridades marroquíes ejecutaron aplicando el acuerdo bilateral de 2007, procedimiento que fue paralizado tres días después por orden judicial al no ceñirse a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Extranjería. Mateos ha acudido al Palacio de Justicia acompañada por la abogada del Estado Zaida Fernández, que le ha prestado asesoramiento letrado. El pasado viernes declararon ante el Ministerio Público, en su caso como testigos, el secretario general de la Delegación, Ismael Kasrou, y la consejera de Presidencia del Ejecutivo local, Mabel Deu. A su salida de los juzgados la delegada ha evitado hacer declaraciones a los medios y se ha limitado a “agradecer” la presencia de los periodistas.
Las diligencias incoadas son el resultado de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores de Granada por ‘L'Escola A.C Asociación Internacional para el desarrollo integral de las personas’. Ahora el Ministerio Público deberá decidir si denuncia a Mateos para abrir un procedimiento penal o archiva las actuaciones. La delegada es, según la legislación vigente, la competente para instruir cualquier procedimiento de repatriación de
menores extranjeros no acompañados. El Gobierno central y el local han venido defendiendo desde agosto que el mecanismo que se pactó aplicar con Marruecos para la devolución de cientos de jóvenes migrantes solos llegados a Ceuta en mayo buscaba su “retorno asistido” con agilidad y velando por su “interés superior”, para lo que se acordó no expulsar a los niños y adolescentes con perfiles vulnerables detectados y contar con una entidad pública del Reino alauita que se haría cargo de aquellos que no pudiesen reunirse con sus familias.
La devolución de 55 menores migrantes solos
Mateos ha sido citada a declarar como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa a la delegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos, por la devolución en agosto de 55 menores marroquíes migrantes solos que habían accedido a la ciudad autónoma durante la crisis migratoria de mayo y permanecían acogidos por el Servicio de Protección a la Infancia autonómico.
El Ministerio Público también ha llamado a testificar, en su caso en calidad de testigos, al secretario general de la Delegación, Ismael Kasrou, y a la consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Mabel Deu, competente en materia de Menores. Las diligencias incoadas son el resultado de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores de Granada por 'L'Escola A.C Asociación Internacional para el desarrollo integral de las personas'. Una vez oídos a los tres, el Ministerio Público deberá decidir si denuncia a Mateos para abrir un procedimiento penal o archiva las diligencias.
La Secretaría de Estado de Seguridad "rogó" el 10 de agosto en un correo electrónico dirigido a Kasrou que se iniciase cuanto antes la repatriación de menores marroquíes no acompañados acogidos en Ceuta en base al Acuerdo sobre Cooperación en el Ámbito de la Prevención de la Emigración Ilegal de Menores No Acompañados, su Protección y su retorno concertado de 2007 y sin ceñirse a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Extranjería. Dicha norma establece que la delegada es la competente en Ceuta para "llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado" previa solicitud de informes tanto a la entidad que tenga atribuida su guarda, custodia o tutela como al país de origen, requisitos que no se cumplieron durante las expulsiones ejecutadas entre el 13 y el 16 de agosto, cuando la Justicia ordenó su paralización.
La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta concluyó que "ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores", a pesar de que el propio pacto bilateral entre Estados estipula que las autoridades españolas debían obrar "con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño".
"Ni se ha tramitado cumpliendo con los referidos trámites de obligado cumplimiento el procedimiento administrativo ni consta resolución expresa sobre dicha cuestión respecto a cada uno de los menores exigible en nuestra legislación", razonó la magistrada para paralizar el procedimiento.