Respecto a esta decisión, la Delegación les indicaba, en primer lugar, que la actividad comercial desarrollada por los empresarios del Tarajal “tiene un espacio acotado y de propiedad privada, que genera enormes e intensos flujos de mercancías y personas en los viales y locales de dichos polígonos particulares”, cuya ordenación y seguridad “encajaría perfectamente” en el concepto de seguridad privada contemplado en la ley de Seguridad Privada.
Este escrito recogía también que la mencionada ley establece que cuando la naturaleza e importancia de la actividad económica que desarrollan las empresas y entidades privadas, la localización de sus instalaciones o la concentración de sus clientes lo hiciesen necesario, “el delegado del Gobierno podrá exigir la adopción de determinados sistemas o servicios de seguridad”.
En aquel momento –la carta tiene fecha de 31 de octubre–, Delegación no tenía constancia documental de la interrupción del servicio de vigilancia –un cese que ya sí se ha producido– y decía que se trataba sólo de una hipótesis, pero que, en cualquier caso se estimaba “urgente y necesaria” la incoación de un expediente administrativo de establecimiento de medidas de seguridad privada a fin de analizar y resolver este asunto “de un modo adecuado”.
Finalmente, el organismo gubernamental advertía de que el CNP “no asumirá las tareas de regulación de flujos de mercancías y personas en el interior de unos polígonos comerciales privados y, por lo tanto, no se realizarán comprobaciones de tamaños de bultos, ni regularán colas, ni tampoco interferirán en el tránsito de porteadores de un lugar a otro de los polígonos, ya que estas concretas funciones constituyen una responsabilidad que recae en los empresarios que desarrollan su actividad comercial en aquel lugar, advirtiéndose que, en caso de no ser atendida la misma, tal conducta podría dar lugar a situaciones disfuncionales y de riesgo para el funcionamiento de los flujos de personas y bienes en dichos polígonos comerciales privados”.
De esta manera, Delegación les informaba de que la labor de la Policía Nacional en este lugar se limitará exclusivamente a la realización de las funciones que le son propias de acuerdo con las leyes orgánicas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. No obstante, indicaba que en caso de estimarse necesaria la actuación policial, tal intervención en los polígonos “sería inmediata y la defensa del bien jurídico seguridad ciudadana primaría siempre y en todo caso sobre cualquier interés mercantil”.
Dos intensos días de actividad entre dos parones
J. A. ceuta
Los días posteriores al 'puente' navideño han sido conflictivos en los polígonos del Tarajal. A los cinco días sin actividad se le suma que el precio que pagan por pasar cada bulto ha llegado hasta los 40 euros, por lo que cada porteador puede sacar un beneficio de hasta 80 euros en un viaje. Y es que, la cuantía que pagan por cada bulto depende de la demanda, y ahora se ha disparado. En estos dos días, los porteadores han intentado pasar el mayor número de bultos ya que el Biutz no volverá a abrir hasta el 7 de enero.
Ayer, los incidentes se resumieron en apedreamientos y quema de cartones pero el pasado lunes se produjo una avalancha en la que resultaron heridos leves dos agentes del CNP y también algún comerciante.
Esta avalancha se produjo poco antes del mediodía y los bultos quedaron esparcidos por la calle del Río ya que los porteadores huyeron a refugiarse en el interior de las naves. Poco después se cerró el Biutz y los bultos tuvieron que ser devueltos a los negocios incluso por los propios comerciantes.
Ayer no se produjeron grandes avalanchas pero la mañana comenzó mal con un nuevo apedreamiento a los agentes del CNP, algo que también se produjo 24 horas antes, y con la quema de cartones que requirió la intervención de los Bomberos.
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