¿Qué hacer con el problema de los MENA? Seguramente que habrá alguna solución más allá de pedir dinero a Madrid. A esa es la que quiere llegar la Delegación del Gobierno que, en el día de ayer, organizó un encuentro con todos aquellos que tienen algo que decir sobre este asunto: la Policía Nacional con Extranjería, Gobernación con su Policía Local, la Ciudad, la propia Delegación y Fiscalía. Además de exponer la situación en que se está en la actualidad, con los centros saturados, se debatió sobre la necesidad de presionar a Madrid por los cauces adecuados para que la Fiscalía de Ceuta no esté atada de pies y manos con los menores extranjeros. Y la única manera de evitar esto es conseguir que se modifique la instrucción de la Fiscalía General que en su día modificó Conde Pumpido para conseguir que lo que se haga a nivel local no sea una ilegalidad. Sin la modificación de esa instrucción, cualquier entrega de menores a Marruecos a través de la frontera sería, hoy por hoy, motivo de denuncia.
Para hablar de lo poco que se puede trabajar hoy en este campo hay que retrotraerse al año 2003. Con Jesús Cardenal como fiscal general del Estado se consideró que si los menores extranjeros tenían 16 años había que suponer que habían sido emancipados por sus padres y que, por tanto, eran mayores. Se entendía que no era necesario que lo asistiesen los servicios de menores y por ello podían ser expulsados directamente, como se hace con los mayores.
Con la llegada de Conde Pumpido se da un giro que hace cambiar todo el panorama en materia de inmigración infantil, al defender exactamente lo contrario, es decir, que los menores son menores hasta que cumplen los 18 años y por tanto no cabía expulsión alguna al país vecino, salvo que la Ciudad quisiera enfrentarse a una denuncia tras otra. Con Conde Pumpido se envió una instrucción a todas las fiscalías destacándose que había que respetar los procedimientos legales y que, incluso aunque fuese posible la repatriación, no siempre tenía que hacerse por el principio del interés superior del menor.
Con este panorama encima de la mesa se quiere dar un cambio a la política de menores adoptándose cambios desde la Fiscalía General por las que tendrá que pelear la Delegación del Gobierno.
La reunión para coordinar todos estos pasos se gestó ayer y el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, lo dejó claro: “Aquí tiene que haber un giro, un cambio y eso es lo que queremos solventar inicialmente con los instrumentos legales que tenemos”, avanzó. González Pérez apuntó a la saturación de los centros para fundamentar este encuentro. “Hay que pedir modificaciones de instrucciones para volver a ese origen. Hasta 2003 la relación resultó fluida, sin problemas”, sentenció, señalando que, por ejemplo, ahora en los centros hay acogidos menores emancipados y vinculando la mayor presencia de MENA a, “en algunos casos” situación de inseguridad. “No voy a atreverme a decir que cometen delitos con normalidad pero sí que están generando algún tipo de delitos, aunque el tema siempre haya que enfocarlo desde la protección del menor como prioridad”, matizó a los periodistas.
Lo que ahora denuncia González Pérez no es nada más que lo que ya habían estado alertando distintas voces como la AUGC, los sindicatos del área de Menores o trabajadores anónimos de este sector. Que el centro ‘La Esperanza’ se haya convertido en una especie de colegio mayor no es nuevo, ni tampoco que haya padres que llegan con sus hijos hasta las mismas puertas del centro para abandonarlos y después marchar sin el infante a Marruecos. Desde la plaza de los Reyes se habla ahora de la necesidad de emprender un trabajo de coordinación desde todos los frentes, provocando que en materia de MENA Fiscalía tenga que decir algo como también tiene que hacerlo la Policía Nacional o la Local. “Hay que trabajar respecto a nuevas perspectivas”, avanzó González Pérez.
Para el delegado la actuación en este campo no debe ir sólo en la línea de pedir a Madrid más dinero, o al menos el que en principio se había comprometido con Ceuta y se ha ido recortando gradualmente cada año. Esa actuación debe ir también en la necesidad de que Madrid se implique con normas específicas para Ceuta que consigan evitar que la presión sea incontrolable.
A juicio del delegado, Ceuta, como Melilla, necesitan de “una instrucción específica” sobre la aplicación de la legislación correspondiente en ambas ciudades. “Hay una legislación, pero también tiene que haber una aplicación especial en Ceuta y Melilla porque estamos en frontera con un país en vías de desarrollo que tiene carencias y que genera una llegada masiva de menores... es cierto que la entrada de MENA que después son acogidos por las autoridades españolas a veces no es ilegal, sino legal”, apuntó, refiriendo lo que ya denunciara la AUGC, que hay menores “que vienen con pasaporte que al ser expedido en Tetuán tienen entrada; llegan con sus padres, los sueltan y se olvidan: no hay un flujo de menores ilegales solamente, sino también de menores abandonados por los padres”, clarificó.
6.000 menores han pasado en ocho años, “una cifra escandalosa”
La “cifra escandalosa” se encargó de darla ayer el propio delegado del Gobierno. Así definió, al menos, el número de menores extranjeros que han pasado en estos ocho años por los centros de menores de la ciudad: un total de 6.000. Para González Pérez esto se ha debido a una realización de “modificaciones que no tenían sentido”, lamentó. “Debe haber apreciaciones específicas para Ceuta y Melilla, estamos en frontera con un país en vía de desarrollo que provoca la llegada de menores y debe haber alguna adicional o transitoria que recoja la problemática de Ceuta”, apuntó a los medios el delegado. “La repatriación no es un objetivo absoluto que se haya de perseguir a toda costa; pueden estar en juego también otros intereses, como la vida, la integridad física o psíquica y el respeto a los derechos fundamentales del menor, que pueden hacer que la balanza del interés superior de éste se incline finalmente en pro de su permanencia en nuestro país”. La reunión de ayer se produce en un momento en el que la Fiscalía ha puesto contra las cuerdas a la Ciudad para que, sencillamente, cumpla con las directrices del Defensor del Pueblo disponiendo un centro digno para la acogida de los extranjeros.
De denuncias e investigaciones
Para conseguir buscar cierta coordinación en materia de menores, desde la Delegación del Gobierno se ha querido protocolizar la situación. Es decir, que todos los que tienen algo de competencia en la materia sepan en qué pueden mejorar su actuación y cómo deben responder ante, por ejemplo, la saturación en que se encuentran los centros de acogida. Implicar a la Policía Local en apoyo a la Nacional, evitar las entradas de internos que luego resultan ser adultos por causa de no haberle realizado la prueba oseométrica a tiempo, o acelerar las investigaciones en cuanto a abandonos de MENA son asuntos puestos encima de la mesa y sobre los que habrá que requerir una actuación que venga marcada por una mayor celeridad.
La reunión provocada ayer por González Pérez se produce tras un periodo de cierta convulsión mediática. Un periodo marcado por denuncias, la más importante la que llevó a cabo la AUGC a través de este medio, poniendo encima de la mesa la existencia de una organización que se estaría dedicando a alentar la entrada de menores con pasaporte en mano. De lo dicho por la AUGC se derivó una investigación por parte de la Fiscalía y la orden de que la Policía Nacional se involucrara en este asunto, analizando la existencia de menores en los centros que entran y salen de Marruecos a Ceuta y a la inversa como convienen. A las quejas de AUGC se sumaron otras de profesionales del Área de Menores provocando incluso la declaración del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que lamentaba el uso de los recursos públicos para atender a unos menores que, en definitiva, proceden de hogares en los que se les puede facilitar esta atención.
Ceuta atraviesa en la actualidad uno de los picos históricos en cuanto a acogida de menores con más de 140 tutelas.