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Delegación trata con Guardia Civil y Costas la futura rampa de varada

La Delegación del Gobierno está en contacto con la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta y el Área de Costas dependiente del Ministerio de Transición Ecológica para definir los requisitos y detalles que hagan viable la instalación de una rampa de varada de acceso libre y gratuito al mar en algún punto del litoral de la ciudad autónoma como San Amaro, uno de los que se ha barajado como más factible por parte de la institución.
Fuentes del equipo que lidera Rafael García han explicado en declaraciones a este periódico que el proyecto “debe ser consensuado con la Guardia Civil para cumplir con todos los requisitos que en materia de control y seguridad se puedan y deban establecer sobre el uso de la infraestructura”.
En el mismo sentido, la Delegación está en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para concretar las exigencias que en materia de conservación y mantenimiento del litoral se puedan establecer para obtener las preceptivas autorizaciones de Costas.
“La voluntad de la Delegación es superar todos los escollos que se han encontrado hasta ahora para que los ceutíes puedan, como los usuarios de motos de agua y pequeñas embarcaciones de multitud de localidades del litoral español, contar con un equipamiento que les dé acceso al mar con más facilidad, pero siempre cumpliendo con todos los requerimientos tanto de las Fuerzas de Seguridad como del ministerio responsable de Costas”, han resumido.
La legislación establece que la utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera es “libre, pública y gratuita” para “los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquel, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes” siempre y cuando, eso sí, “no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas por la ley”.
La aplicación de ese principio ha reducido al mínimo la concesión de permisos para la apertura de nuevas rampas fijas de varada en toda España. En múltiples provincias, sobre todo de la costa mediterránea, se han dado encontronazos entre quienes las reclaman y el criterio de la administración reticente a intervenciones de esa naturaleza en la costa.

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