La Delegación del Gobierno en Ceuta se ha desentendido una vez más del problema de los empresarios de Ceuta afectados por el bloqueo de las entidades bancarias a sus cuentas y ha culpado a las entidades financieras de cada uno de ellos de la situación.
De hecho, ha recordado el punto de la legislación española que establece que son las entidades financieras, y no directamente el Gobierno ni sus instituciones, los sujetos obligados en hacer un seguimiento de la actividad económica de sus clientes. Además, como podría ser el caso, cuando se trate de operaciones de mayor riesgo deben aplicar las medidas que consideren necesarias para el cumplimiento de la Ley.
"La Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta, ante los casos hechos públicos por algunos empresarios de la ciudad sobre la actuación de determinadas entidades financieras en relación con la actividad de sus empresas, manifiesta que dichas actuaciones no responden a ningún tipo de instrucción de las instituciones responsables", han comunicado.
A principios de mes, el Banco de España también manifestó que no tenía nada que ver con la medida de algunos bancos en Ceuta por la que
no se aceptan billetes de 100, 200 y 500 euros.
Sólo algunos empresarios
Las medidas de control puestas en marcha por determinadas entidades bancarias están afectando a varios empresarios de Ceuta, que
se manifestaron el martes junto a plaza de los Reyes para alzar su voz. A la convocatoria no acudió ningún representante del Gobierno de la Nación ni de la Ciudad, aunque esta última ya
ha anunciado que se reunirá con los afectados.
Delegación ha insistido que esta supuesta modificación en la operativa de las entidades financieras no afecta al conjunto de empresarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Los empresarios, en la manifestación, elevaron el número de afectados a la cifra de entre 800 y 1.000 personas.
El Gobierno de la Nación señala a los bancos
Delegación ha hecho referencia a la Ley 10/2010, de 28 de abril, que establece que las entidades de crédito están obligadas a hacer un seguimiento continuo de la relación de negocios con respecto a sus clientes. Por ello cada entidad, en cumplimiento de la Ley, establece y determina las medidas de seguimiento y de actualización de datos que debe realizar conforme a la normativa vigente, otorgándoles la facultad necesaria para dejar de establecer relaciones de negocio cuando éstas no puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en la norma.
Las acusaciones de los empresarios
Apenas 24 horas después de la manifestación, Bilal Dadi, portavoz de los afectados,
señaló a Francia como una de las responsables de lo ocurrido. El empresario del Tarajal argumentó que la mayoría de las empresas del norte y sur de Marruecos son del país galo y, tras la competencia de la mercancía de contrabando que pasa de Ceuta a Marruecos, habría intervenido.
“Francia lleva el tema comercial de Marruecos y ha decidido, a través de los altos directivos, cerrar todas las cuentas de los empresarios de Ceuta y Melilla debido a que Marruecos no ha podido hacer frente al problema y solucionarlo”, añadió. De hecho, señaló a los bancos "de arriba" y no a las filiales que se encuentran en Ceuta, aunque no han recibido explicaciones hasta el momento de ningún responsable de estas corporaciones.
Desde la Delegación del Gobierno se han mostrado "convencidos" de que tanto entidades financieras como empresarios colaborarán y trabajarán de forma conjunta para velar por el correcto cumplimiento de la normativa vigente, sin que esto afecte a las relaciones comerciales y al desarrollo económico de la ciudad.
La Ciudad cataloga de “perversa” la actuación de los bancos
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Ciudad, Jacob Hachuel, volvió a reiterar la preocupación que este conflicto entre empresarios ceutíes y entidades bancarias representa para la Administración local. “Esa es otra de las cosas que perjudican a la vida normal de ciudades que son tan peculiares como Ceuta y Melilla”, lamentó Hachuel.
Reiteró la misma opinión que en días anteriores expresó tras ser cuestionado por este tema, catalogando esta actuación de “injusta y discriminatoria”. El portavoz no duda que el proceso que están llevando a cabo las entidades bancarias de no aceptar billetes no sea legal, ya que entiende que tendrán “bufetes jurídicos que soportan cualquier decisión”, pero eso no quita que lo que se está generando “no sabemos si ellos lo han sopesado”.
Desde la Ciudad, la única solución que entienden no es otra que la libre circulación que los billetes de curso legal en las entidades bancarias debidamente documentados, soportados con facturas de compraventa.
Hachuel insiste en que están muy preocupados con el hecho de que algunos empresarios han dado a conocer que no pueden afrontar el pago de sus impuestos por no poder ingresar dinero en efectivo en sus cuentas. “Me atrevería a decir que es una situación perversa ”, recriminó el portavoz