Hamed [nombre ficticio] no se siente seguro en Ceuta. Evita las calles más transitadas y aquellas en las que intuye, está seguro, que anidan los “chivatos” de Marruecos en la ciudad. Frecuenta un puñado de amistades de confianza y espera desesperado, atrapado, noticias de su solicitud de asilo político en España, ya admitida a trámite, como acredita su tarjeta roja de solicitante de protección internacional.
El aspirante a refugiado, de 32 años, natural de Alhucemas, donde dejó dos hijos pequeños, esposa y padres “enfermos”, es rifeño. Ante un café rememora que en octubre de 2016 la muerte de un joven que quería recuperar de la basura pescado confiscado por la policía derivó en el denominado ‘Hirak’, un movimiento social que repudia la corrupción y el abandono del régimen de Mohamed VI en el norte del país vecino, para el que reclama inversiones en infraestructuras y servicios públicos básicos, “no la independencia”.
Amigo “desde la infancia” del activista Nasser Zefzafi, líder carismático del movimiento popular detenido en mayo del año pasado en Alhucemas y encarcelado desde entonces, el último rifeño en llegar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, donde otro marroquí a la fuga vive desde hace dos años, huyó de su casa cuando recibió una orden de personarse en dependencias de policiales que se instruyó contra él.
A finales del verano de 2017, Hamed ya había visto de todo en el Rif, desde las primeras protestas por la muerte del pescador y otros jóvenes “sin ningún detenido para hacer justicia” hasta el arresto de “miles” de personas, “hasta niños enfermos”. Huyó por miedo. Viajó a Tetuán y pasó un mes con familiares. A cambio de 1.500 euros pudo entrar en la ciudad autónoma sin problemas, sentado en un coche, fácil, como le habían prometido.
"Ni sabía que en Ceuta había un CETI: yo quería ir a Valencia con mi hermana”
El siguiente paso de su hoja de ruta a la fuga para no acabar, como Zefzafi, en una cárcel marroquí, pasaba por la Estación Marítima. Sus allegados de Tetuán se quedaron en depósito con los 5.000 euros que le pidieron por un pasaporte falso para cruzar el Estrecho. Una vez al otro lado, si lo conseguía con éxito, llamaría y ellos pagarían.
Los controles de la Policía Nacional frustraron su plan al detectar el documento falso. Terminó en Comisaría, donde temió verse expulsado. “Rogué por poder borrar al menos las fotos de mi teléfono”, explica. Con la ayuda como traductora de una rifeña residente en la ciudad formalizó una solicitud de asilo político en España y llegó al CETI.
Al expediente ha aportado “multitud” de imágenes que “prueban” su implicación activa en el Movimiento Popular del Rif, que según recuerda suma “dos mil personas encarceladas en Marruecos y 3.000 emigrados a Europa, que es adonde quieren echarnos manteniendo a la región sin hospitales, universidades o fábricas”.
“Yo no sabía ni que en Ceuta había un CETI, lo que quería era viajar a Valencia, donde vive mi hermana con una casa grande para poder comer, dormir... Si Ceuta es España, que me dejen ir. Tienen todos los papeles, las fotos, los vídeos...”, demanda el rifeño, que lamenta con amargura que “en España solo habla Podemos del Rif”. “Holanda está prestando más ayuda a los rifeños que España pese a nuestras relaciones históricas”, señala mientras se esfuerza en dejar claro que el ‘Hirak’ nunca ha apostado “ni por la violencia en las movilizaciones ni por la independencia”.
“Aunque se ha querido equiparar, el Movimiento del Rif no es Cataluña, no hemos agarrado nuestra bandera para separarnos de Marruecos sino para exigir mejoras sociales y económicas muy concretas, para reclamar un hospital en condiciones, colegios, universidades y el fin de la militarización de Alhucemas”, una ciudad que Hamed ve agonizar perdiendo hasta el “poco” turismo que tenía como casi única actividad económica y en la que él trabajaba en la tienda de su padre, ya cerrada también.
Según los abogados consultados por este periódico, la tramitación de una solicitud de asilo debería extenderse no más allá de seis meses pero en realidad “se demora hasta dos años”. Hamed ya ha presentado por escrito su disconformidad (paso previo a acudir al Juzgado) con la limitación de la validez de su tarjeta roja a Ceuta, una restricción que la Justicia y el Defensor del Pueblo llevan años criticando y rechazando sin que el Gobierno les haya hecho el más mínimo caso.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó hace dos semanas, el 26 de enero, por enésima vez un recurso contra las resoluciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de la Dirección General de Policía que niegan a solicitantes de asilo el derecho a trasladarse desde Ceuta a la península, una política gubernamental justificada porque la ciudad no forma parte del ‘espacio Schengen’ que la Justicia considera improcedente porque los afectados en esa coyuntura ya se encuentran “en situación regular” y no cabe ninguna restricción de movimiento “por todo el territorio nacional”.
Para la Justicia, dado que “Ceuta indiscutiblemente es territorio español” no puede aceptarse que la Administración pretenda “denegar” la entrada a España si no es “a través de un inasumible argumento en el que el término ‘España’ se identifique con el de ‘territorio peninsular”, algo que rechaza “de plano”.
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