El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo a petición de varios grupos parlamentarios para hablar sobre la situación migratoria en Ceuta, las quejas recibidas relacionadas con el inicio del curso escolar y la constitucionalidad del estado de alarma. Sobre la situación migratoria en Ceuta, Fernández Marugán ha explicado las actuaciones realizadas por la Institución tras la
entrada de miles de personas provenientes de Marruecos los días 17 y 18 de mayo. Así, ha relatado que en la primera semana de junio se trasladó a Ceuta donde pudo comprobar los esfuerzos realizados por las autoridades españolas para encauzar la situación provocada por la actuación del país vecino,
Marruecos. Durante varias semanas, Marruecos admitió la devolución de pequeños grupos de personas. Fernández Marugán ha detallado que algunas de estas han presentado quejas que continúan en trámite al no haber recibido respuesta de las administraciones competentes. En este sentido, se ha referido al caso de varias mujeres congoleñas y a un grupo de ciudadanos yemeníes que, en ambos casos, habían manifestado al Acnur su voluntad de pedir asilo en Ceuta. "Otras personas se dirigieron a la Institución exponiendo que fueron devueltos sin procedimiento alguno", ha continuado. "La situación de los más de 1.000
menores que en esos días de mayo entraron en Ceuta
preocupó especialmente al Defensor que desde el primer momento estuvo pendiente de las condiciones en las que se realizaba la acogida de estos niños y niñas", ha proseguido la nota de prensa. Durante su comparecencia, Fernández Marugán también ha relatado la "rápida actuación" de la Institución el 13 de agosto, cuando, tras tener conocimiento de la
expulsión a Marruecos de más de 50 menores "sin ser escuchados y en contra de su voluntad", no dudó en formular "un recordatorio de deberes legales al Ministerio del Interior, ese mismo día, para que cesara en esa actuación", pues, a su juicio, "contravenía el procedimiento previsto legalmente". El Defensor ha concluido su intervención sobre este tema apuntando que tras la judicialización de este asunto y la paralización de las devoluciones tuvo que suspender actuaciones hasta que finalice el procedimiento judicial en curso.
Mejoras para los jóvenes ex tutelados
Por otra parte, Fernández Marugán se ha mostrado confiado en que la anunciada aprobación hoy en el Consejo de Ministros de la reforma del reglamento de extranjería reclamada desde hace años por la Institución sirva para facilitar el tránsito de los menores tutelados a la edad adulta de forma adecuada. “Espero que, a partir de ahora, los niños y niñas tutelados por las administraciones, cuando cumplan los 18 años, puedan formarse y así integrase en la vida laboral con los mismos derechos y obligaciones que el resto de jóvenes. Así se evitará que se vean abocados a la exclusión social”. En marzo de 2020 el Defensor recomendó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la modificación de tres artículos del Reglamento de Extranjería que regulan el régimen jurídico de los menores extranjeros no acompañados para mejorar su documentación y garantizarles todos los derechos que les corresponden como niños y niñas.
Curso escolar
El Defensor también ha explicado que, desde el inicio de la pandemia, la institución ha realizado actuaciones con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y con todas las consejerías autonómicas sobre su gestión y la puesta a disposición de recursos para hacer frente a la crisis sanitaria. Fernández Marugán ha señalado que las quejas recibidas en estas primeras semanas de curso académico tienen que ver con la seguridad de las aulas, el uso de mascarillas y la suspensión de la actividad docente en el alumnado que no puede asistir a clases presenciales. En este sentido, ha asegurado que para evitar que la crisis sanitaria tenga un impacto negativo en la educación, especialmente en el caso de los colectivos más vulnerables, es necesario un “extraordinario esfuerzo” por parte de las administraciones, profesionales de la educación, alumnos, alumnas y familias. Por otra parte, el Defensor ha informado de la actuación de oficio iniciada por la Institución el pasado mes de septiembre con las consejerías de Educación de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat de Cataluña para obtener datos oficiales sobre el número de plazas ofertadas para cursar estudios de Formación Profesional y las previsiones para adecuar la actual oferta a la creciente demanda.
Estado de alarma
Por último, Fernández Marugán ha mostrado su sorpresa por la solicitud de comparecer para explicar los motivos por los que decidió no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Así, ha explicado que es un derecho del Defensor recurrir o no y que no lo consideró procedente en este caso. “Es extraño que se pregunte por qué no se ejercita un derecho, como si los derechos fuesen deberes. No lo son. Es algo elemental, se llama independencia”, ha destacado. No obstante, el Defensor ha recordado que el 3 de septiembre de 2020 firmó una Resolución explicando por qué no recurría el estado de alarma que es pública y lleva publicada en su web desde entonces.