El Defensor del Pueblo se interesará por el suicidio de un joven guineano

El Defensor del Pueblo va a interesarse por las circunstancias en las que se produjo y que pudieron motivar que un joven de 20 años natural de Guinea Conakry, Moussa Silly, se quitó la vida el pasado 26 de enero en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de El Jaral, en Ceuta, al que tenía vetada la entrada sin que ningún estamento de la Administración General del Estado haya explicado públicamente hasta ahora por qué.
El órgano que dirige Ángel Gabilondo ha recibido una queja al respecto por la que ya ha formulado acuse de recibo y ahora pondrá en marcha su maquinaria para hacer las correspondientes averiguaciones con el fin de intentar aclarar si la actuación de la administración pudo vulnerar algún derecho.
Tras conocerse su muerte dos oenegés, Elín y No Name Kitchen, reclamaron que nunca más se vuelva a expulsar a ningún residente del CETI como medida sancionadora y que se establezcan protocolos y medidas socioeducativas ante situaciones de “incumplimiento de las normas de convivencia internas” como las que supuestamente se habrían producido.
Ambas asociaciones han demandado también que se establezcan y garanticen medidas y recursos psicosociales dentro del CETI que aseguren un acompañamiento psicológico y social integral para todas las personas residentes que lo necesiten, teniendo en cuenta que estas personas han pasado por experiencias “muy violentas y, en muchas ocasiones, traumáticas”.
El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas.
En su calidad de institución española para la promoción y protección de los derechos humanos (INDH), desarrolla relaciones de colaboración y asistencia técnica con las instituciones nacionales homólogas de otros Estados y facilita de forma independiente el seguimiento que periódicamente realizan las organizaciones internacionales sobre la situación en España de los derechos humanos.