El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, considera que las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos iniciadas el pasado vienes "no cumplen los requisitos legalmente establecidos" y explica a Interior que no hay dudas sobre el procedimiento que se ha de seguir.
Así lo expone en el "recordatorio de deber legal" dirigido al Ministerio de Interior cuando tuvo conocimiento del inicio el pasado viernes de las repatriaciones, en el que pidió el cese inmediato de ese procedimiento y advierte que no ha recibido por el momento ninguna respuesta del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
"Preocupa muy especialmente el incumplimiento de la obligación de escuchar al menor, y la ausencia de informe previo de los servicios de protección de menores y del ministerio fiscal", indica Fernández-Marugán en su escrito, para el que no existe ninguna duda de que la norma que hay que aplicar es la ley de Extranjería y su Reglamento.
Recuerda que el Acuerdo de España y Marruecos de 2007 sobre retorno concertado de menores migrantes exige "que la situación de los menores no acompañados se gestione con el estricto respeto de la legislación nacional respectiva, de las normas y principios del Derecho internacional".
"La legislación aplicable, en el caso del Reino de España, además de la Convención de los Derechos del niño y toda la normativa de protección de menores, se encuentra recogida en el artículo 35.5 -de la Ley de Extranjería-, así como en su reglamento de 2011", añade.
El Defensor del Pueblo expone a Interior que desde hace años viene mostrado su preocupación "por las devoluciones sin garantías de menores extranjeros no acompañados", aunque tras la entrada en vigor del citado reglamento "y la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (STC 183/2008 y 184/2008, de 22 de diciembre) no existe duda alguna respecto al procedimiento que se ha de seguir".
"A la vista de las actuaciones realizadas, esta institución está en condiciones de afirmar que el procedimiento seguido para devolver a Marruecos a un grupo de menores, cuyo número se desconoce, no cumple con los requisitos legalmente establecidos", señaló el defensor en su comunicación el día en que comenzaron las devoluciones.
Por ello, la institución recuerda a Interior el deber legal de dar cumplimiento a la ley de Extranjería, "solicitando informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen, con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación".
"Asimismo, acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tuviese suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del ministerio fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España", concluye el Defensor.
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