Ceuta no se libra de aparecer en el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, 'Una respuesta necesaria' que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol.
Ha dado así cumplimiento a la encomienda recibida del Congreso de los Diputados tras la aprobación de una Proposición no de Ley (PNL), el 10 de marzo de 2022, que contó con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos de la Cámara Baja.
El Informe cuenta con 777 páginas y puede consultar tanto su resumen como el documento completo pinchando en los siguientes enlaces:
En el mismo, además de una presentación del titular de la institución y una introducción general, se recoge, entre otras cosas, los ámbitos de actuación, objetivos, metodología y fuentes empleadas, detalles de una encuesta encargada a GAD3, marco jurídico, y conclusiones-recomendaciones que son elevadas a las Cortes Generales y al Gobierno de España para “la adopción de las medidas necesarias en orden a cumplir con el objetivo de la encomienda”, según se explicita en la mencionada PNL.
El Defensor del Pueblo, señala, y así lo hace constar en la introducción del Informe, que
“se trata de un Informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”.
Ángel Gabilondo también pone de relieve la importancia que las víctimas han tenido en todo momento a la hora de abordar los trabajos que ahora concluyen y de los cuales "son el sentido primero, el sentido último y el sentido central”.
El objetivo del Informe ha sido el de describir la dimensión del fenómeno, sus causas y sus consecuencias en las personas afectadas, con el fin de que las recomendaciones emitidas sean útiles para la prevención y la reparación de las víctimas.
Asimismo, se espera que los trabajos realizados y las conclusiones a las que los mismos han llegado contribuyan a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales cometidos sobre niños y adolescentes.
El Informe se ha realizado a partir del análisis interdisciplinar de la información recogida por diversas fuentes, como se ha apuntado, entre ellas los trabajos de campo propios, como una encuesta realizada por GAD3 para la institución Defensor del Pueblo que contextualiza el problema.
Esta revela, entre otras cosas, que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar.
Asimismo, la encuesta de GAD3 también concluye que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13 % que la agresión se registró en el ámbito religioso.
El 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron de bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema.
La encuesta demoscópica, encargada por la institución siguiendo el proceso de licitación de la Administración, contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española (8.013 personas) a partir de datos anonimizados recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas que han sido objeto de tratamiento estadístico y del análisis de las demandas y preocupaciones plasmadas en el Foro de las Asociaciones.
Los datos desglosados de la encuesta se incluyen en la Parte III Capítulo III del Informe.
Esta es la primera encuesta que se realiza con estas características desde 1994, cuando el Ministerio de Asuntos Sociales hizo una similar, aunque la actual incluye más preguntas relacionadas con la problemática específica aquí examinada, y la muestra es muy superior.
El Informe indica que “los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública. Un problema que ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad”.
Las conclusiones y las subsiguientes recomendaciones de este Informe no pretenden ser una última palabra. Y menos aún una solución definitiva o un punto final, ante un daño tan grande que ha afectado y que afecta a tantas personas desde hace tanto tiempo. Más bien aspiran a contribuir a la toma de conciencia iniciada hace unos años por parte de la sociedad española, recordando y requiriendo a la Iglesia católica y a los poderes públicos que sigue abierta la necesidad de dar una respuesta a las víctimas.
Ángel Gabilondo subraya que “el Informe aporta claridad, datos y argumentos ante una cuestión que a todos resulta difícil de abordar, pero que es imprescindible hacerlo. Se trata de que se asuman responsabilidades, lo que implica responder de, responder ante y responder a. Y esta respuesta necesaria exige que el Informe que hoy entregamos a la Cortes Generales, a través de su presidenta, contribuya a la toma de mayor conciencia de la cuestión, y a dar efectivamente una respuesta a las víctimas, una respuesta exigida por ellas con buenas razones”.
El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema.
Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos.
Se ha de reconocer, al mismo tiempo, que la Iglesia católica es una institución plural y que la Comisión Asesora, creada ad hoc, pudo detectar buenas y malas prácticas. Y el Informe reconoce “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.
Por su parte, según el Defensor del Pueblo, los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica.
Sólo muy recientemente, el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. La mayoría de casos que han llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.
El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020.
También apunta a la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.
Así como diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares.
Además, entre las recomendaciones se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.
Ángel Gabilondo, que ha dirigido los trabajos y presidido la Comisión Asesora de expertos, subraya que el Informe se ha configurado sobre la base de testimonios de las víctimas: “Escucharlas es encontrarse con la voz y la experiencia de un dolor. Y lo sucedido es para ellos y para la sociedad un verdadero desastre”.
Resalta a su vez que “el Defensor del Pueblo no tiene como misión juzgar, no es juez. No tiene como misión legislar, no es el legislador. Más bien analiza, pregunta, estudia, investiga y recomienda y sugiere”.
La Unidad de Atención a las Víctimas, también creada para abordar los trabajos del Informe, ha recogido información relevante sobre 487 víctimas, en entrevistas realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres.
Las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.
La atención a las víctimas ha sido el trabajo de un equipo formado por especialistas contratados para la ocasión (tres psicólogos, una trabajadora social, una criminóloga y un abogado-psicólogo sanitario, que han contado con el apoyo administrativo de dos personas). Las primeras víctimas fueron atendidas, en la Unidad de Atención a las Víctimas, el 6 de julio de 2022.
Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa a las víctimas revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas. “En ningún caso el número de testimonios pretende dejar determinado el alcance cuantitativo del problema. Lo importante, cuando se ofrece un determinado número de testimonios de víctimas, es tener presente la singularidad personal de cada una de ellas y la inviabilidad de reducirla a una cifra en una contabilidad”, subraya el Defensor del Pueblo.
Además de los testimonios directos recogidos para elaborar el Informe se ha tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la propia Iglesia y de investigaciones de medios de comunicación.
Especial mención requiere la colaboración del diario El País, que inició sus investigaciones periodísticas en octubre de 2018 y que ha entregado hasta en cuatro ocasiones sus archivos a la institución Defensor del Pueblo para completar los trabajos.
Algunos de los testimonios recogidos en la Unidad de Atención a las Víctimas, con citas explícitas, se incluyen en el Parte III Capítulo 4 del Informe, tras contar con autorización previa del autor.
La mayoría de los victimarios conocidos son hombres. Y solo una pequeña parte de las personas acusadas de haber cometido abusos han sido juzgadas por parte de las autoridades civiles. La mayoría fueron mantenidas en sus puestos, trasladadas o, en menor medida, juzgadas a través de Derecho Canónico.
Tras recibirse la encomienda del Congreso de los Diputados, se comenzó a trabajar en el ámbito de actuación en tres direcciones.
Además de la Unidad de Atención a las Víctimas y de pensar en la constitución de un Foro de Asociaciones, se creó, como se ha indicado, una Comisión Asesora, compuesta por expertos externos: diecisiete asesores que pertenecen al ámbito profesional y académico con experiencia en atención a las víctimas, con conocimientos jurídicos y victimología, y profesionales que han dedicado su vida a la docencia o a jóvenes o han escrito y estudiado sobre las consecuencias de traumas infantiles en la vida adultas.
Esta Comisión se ha reunido en trece ocasiones. La primera, el cinco de julio de 2022. La última, el 28 de septiembre de 2023.
El Defensor del Pueblo ha mantenido, además de reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Española, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos y con superiores y miembros de la misma, con el decano del Tribunal de la Rota, con representantes de institutos de vida consagrada, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas.
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